Las claves de cómo Bukele neutralizó a las pandillas de El Salvador con mano dura

Nayib Bukele llegó a la presidencia de El Salvador en junio de 2019 heredando un país destrozado por la violencia de pandillas. La Mara Salvatrucha y Barrio 18, dos organizaciones criminales nacidas en California en los años ochenta entre inmigrantes centroamericanos, habían transformado el territorio en un campo de batalla. Cuando Estados Unidos comenzó a deportar a miles de ex convictos a sus países de origen en la década de 1990, muchos de ellos miembros de estas bandas, importaron consigo una guerra sin cuartel. Para 2015, El Salvador se había convertido en el país más violento del hemisferio occidental, con 106 homicidios por cada cien mil habitantes.

Bukele prometió seguridad. Su estrategia inicial, el Plan de Control Territorial, parecía convencional: más policías en las calles, mayor presencia estatal. Pero en 2020, el portal de investigación El Faro reveló algo más oscuro. Funcionarios cercanos al presidente estaban negociando en secreto con los líderes encarcelados de las tres principales facciones pandilleras, ofreciéndoles beneficios penitenciarios a cambio de ayuda para reducir los homicidios. El Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó después que estos encuentros ocurrían en los penales de Zacatecoluca e Izalco, donde pandilleros llegaban con el rostro cubierto, portando credenciales falsas de oficiales de inteligencia. Algunos líderes, como Borromeo Enrique Henríquez, alias Diablito de Hollywood, fueron llevados a hospitales civiles bajo pretexto de tratamientos médicos para comunicarse con sus estructuras en las calles. A cambio de esta reducción de violencia, el Gobierno habría ofrecido modificaciones legales, reducciones de condenas y control territorial para las pandillas.

El acuerdo funcionó. Los homicidios bajaron dramáticamente, y la popularidad de Bukele se disparó. Su partido, Nuevas Ideas, ganó las elecciones legislativas de 2021. Pero en marzo de 2022, las pandillas asesinaron a 87 personas en setenta y dos horas. El pacto se había roto. Bukele respondió con una decisión que cambiaría el país: el 27 de marzo de 2022 solicitó al Congreso un régimen de excepción que suspendería derechos constitucionales y flexibilizaría las normas de detención. Ese régimen, renovado mes a mes, sigue vigente.

Lo que vino después fue implacable. Las autoridades lanzaron allanamientos masivos en zonas de presencia pandillera. Más de setenta mil personas fueron detenidas. El Gobierno afirma que la mayoría pertenecía a las pandillas. Organizaciones de derechos humanos denunciaron detenciones arbitrarias generalizadas y aproximadamente cinco mil ochocientas violaciones de derechos humanos durante el primer año del régimen. Las denuncias incluyen torturas, abusos y desapariciones. Pero la estrategia funcionó en términos de seguridad pública. Las pandillas no respondieron con enfrentamientos armados. En su lugar, desaparecieron. Según un informe de inteligencia de la policía antipandillas, los líderes de la Mara Salvatrucha ordenaron a sus miembros buscar refugio en casas seguras, zonas montañosas o intentar huir a países vecinos. Esperarían a que la represión cesara.

Los residentes de antiguos bastiones pandilleros en San Salvador, Apopa, Soyapango e Illopango confirmaron a investigadores que los pandilleros simplemente desaparecieron. Los niños y adolescentes que alguna vez colaboraban con las bandas aún deambulaban por las calles, pero ya no eran temidos. Los conductores de autobuses, víctimas habituales de extorsión y asesinato, reportaron que las pandillas ya no interferían en sus operaciones. Algunos miembros de las pandillas que lograron llegar a México dijeron que muchos de sus cómplices seguían atrapados en El Salvador, sin dinero suficiente para huir tras el colapso de sus negocios ilícitos principales como la extorsión.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel que Bukele construyó, albergaba a doce mil reclusos en octubre del año pasado, apenas el treinta por ciento de su capacidad de cuarenta mil. La violencia se redujo a mínimos históricos. Bukele declaró la victoria sobre el crimen y se presentó a la reelección con ese logro como bandera. Su modelo inspiró a políticos en Ecuador, Chile, Argentina, Perú, Honduras y Costa Rica. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa comenzó a construir nuevas cárceles imitando el régimen de Bukele. Candidatos presidenciales en otros países prometieron importar el modelo. Pero debajo de esos números de seguridad yacía una pregunta incómoda: ¿a qué precio? Las denuncias de violaciones de derechos humanos, las detenciones sin orden judicial, los abusos documentados, seguían siendo reales. Bukele ganó su reelección con una mayoría abrumadora, pero el costo de su victoria permanecía sin resolver.