Lanzan 'No más violencia política' tras revelar que 78,8% de candidatas sufrió agresiones

Tres de cada cuatro mujeres que se presentaron como candidatas en las elecciones territoriales de 2023 fueron víctimas de violencia política basada en género. Esa cifra —el 78,8 por ciento— emerge de un estudio encargado por ONU Mujeres, realizado en colaboración con la embajada de Suecia, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional, que consultó a cerca de 3.000 candidatas en todas las regiones del país. Los números son específicos y devastadores: la violencia psicológica alcanzó al 72,4 por ciento de las encuestadas, la económica al 40,6 por ciento, y la sexual al 25,4 por ciento. Cuando se profundiza en los casos de violencia sexual, el 31,4 por ciento reportó haberla sufrido, y el 9,7 por ciento fue presionada a cambiar favores sexuales por apoyo político o financiero.

Esta realidad llevó a que la Gobernación del Tolima, ONU Mujeres y la Fundación Konrad Adenauer lanzaran el lunes una iniciativa nacional llamada "No más violencia política", presentada en una mesa de diálogo que reunió a las gobernadoras Adriana Magaly Matiz del Tolima, Dilian Francisca Toro del Valle del Cauca y Lucy Inés García Montes de Sucre, junto con congresistas y representantes de entidades públicas. El proyecto busca prevenir, visibilizar y erradicar las violencias que enfrentan las mujeres en el ejercicio de la política, y fortalecer la implementación de la Ley 2453 de 2025, que sanciona la violencia política basada en género, incluyendo su dimensión digital.

Uno de los hallazgos más perturbadores del estudio es que el 42,9 por ciento de las agresiones provino de compañeros dentro del mismo movimiento político. Esto significa que las mujeres no solo enfrentan hostilidad externa, sino que sus propios aliados políticos son frecuentemente los agresores. En los espacios digitales, la situación se agrava: el 41,2 por ciento de las candidatas reportó ataques en redes sociales u otros entornos en línea, y en una cuarta parte de esos casos los agresores operaban desde cuentas falsas, anónimas o lo que se conoce como "bodegas" digitales.

La consecuencia más grave, según advirtió Adriana Magaly Matiz, es el efecto disuasivo que esta violencia tiene sobre la participación política futura. El 40 por ciento de las mujeres que sufrieron violencia política decidieron no volver a participar. Matiz señaló que el miedo se extiende incluso a las familias de las candidatas, creando un círculo de inhibición que reduce progresivamente la representación femenina en espacios de decisión. María Inés Salamanca, representante de ONU Mujeres en Colombia, enfatizó que se trata de una violencia estructural que afecta todas las etapas de la participación política, desde la decisión inicial de postularse hasta el ejercicio del cargo.

La iniciativa "No más violencia política" se estructura en dos componentes principales. El primero crea espacios de visibilización y diálogo de alto nivel para promover la articulación institucional y avanzar en compromisos concretos para la prevención y sanción. El segundo establece una "Red intergeneracional de mujeres en política", concebida como una plataforma de acompañamiento, mentoría y fortalecimiento del liderazgo femenino. Matiz explicó que la red busca "crear un equipo solidario para actuar en bloque y dejar de hacer invisible la violencia política". La estrategia incluye mentorías inversas, donde mujeres jóvenes enseñen a las de mayor experiencia cómo enfrentar la violencia en redes sociales, mientras que las que ocupan espacios de poder orienten sobre cómo desenvolverse en dinámicas institucionales.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, subrayó que el desafío no es solo aumentar la participación de mujeres en cargos, sino garantizar condiciones reales para ejercer la política sin violencia. Esto requiere, según ella, fortalecer las instituciones mediante capacitación a servidores públicos para prevenir y atender estos casos. Lucy Inés García Montes, gobernadora de Sucre, insistió en que la ley debe tener efectos concretos: "que no sea solo una ley sino que cada organismo se encargue de garantizar su cumplimiento".

La iniciativa recoge varias recomendaciones del informe de ONU Mujeres. Una de las más ambiciosas es modificar la Ley 1475 de 2011 para elevar el umbral mínimo de participación femenina en listas electorales del 30 por ciento actual al 50 por ciento, avanzando hacia la paridad en todas las listas y cargos de decisión. El informe también enfatiza la necesidad de diseñar estrategias de protección diferenciada para mujeres diversas —étnicas, rurales, jóvenes, con discapacidad y víctimas del conflicto armado— bajo un enfoque interseccional, considerado central para lograr una transformación cultural que deje de normalizar estas violencias.

El estudio también reveló que las motivaciones de las mujeres para participar en política se organizan en cuatro ejes: el compromiso con sus comunidades (59 por ciento), la defensa de los derechos de las mujeres (15 por ciento), el interés personal por la actividad pública (10 por ciento) y el cumplimiento de compromisos con partidos políticos (10 por ciento). Con esta iniciativa, los gobiernos territoriales y las organizaciones internacionales buscan articular diferentes territorios y generaciones en una estrategia de alcance nacional que permita a las mujeres participar en política sin temor a represalias.