La vivienda como lenguaje político: lo que el Congreso no supo reconocer

El Congreso rechazó los decretos sobre vivienda el viernes pasado. Eso es un hecho político medible, una derrota legislativa que los números registrarán. Pero lo que ocurrió en la Puerta del Sol durante esos días de acampada quizá importe más que el voto final, porque toca algo más profundo: la manera en que este país entiende qué es una casa y quién tiene derecho a habitarla.

Cuando un movimiento social lleva sus demandas a la plaza pública, no solo está pidiendo leyes a quienes gobiernan. Está haciendo algo más duradero y menos visible. Está diciendo a toda la sociedad que lo que sucede en la privacidad de las casas —la angustia de no poder pagar el alquiler, la incertidumbre de los desahucios, la imposibilidad de construir una vida estable— es asunto de todos. La lucha contra los desahucios, hace una década, logró exactamente eso: transformó lo que muchas familias vivían como un fracaso personal en una injusticia colectiva que exigía respuesta política. Los movimientos rara vez consiguen de inmediato lo que piden, pero desplazan los límites de lo que se considera posible y razonable.

Lo que vuelve hoy a Sol no es nostalgia por el 15-M, sino una pregunta distinta. Ya no se trata solo de si habrá trabajo. Incluso quienes tienen empleo descubren que no es suficiente. El trabajo dejó de ser esa llave que abría las puertas de la vida adulta: un techo seguro, tiempo para criar a los hijos, calefacción en invierno, la certeza de poder quedarse donde se ha echado raíces. La palabra vivienda no respeta las divisiones habituales. Alcanza al trabajador precario y al joven mal pagado, al migrante y a la familia de clase media, al estudiante y al jubilado, al catalán y al andaluz. Es una grieta que atraviesa todo el país.

Las instituciones, sin embargo, no han sabido reconocer esto como un asunto político. Lo traducen a su lenguaje de cartón piedra: orden público, propietarios frente a inquilinos, competencias administrativas, cálculo electoral. Ayuso, quien gobierna el mercado de alquiler más caro del país y tiene competencias para intervenir en él, pretende tratar el ejercicio de un derecho como un problema de seguridad pública, como si lo que hay que hacer es hacer desaparecer de la vista lo que la plaza ha conseguido mostrar. Pero eso es precisamente lo que erosiona la confianza en las instituciones: la negativa a reconocer como político lo que la gente vive.

Pierre Rosanvallon escribió que la democracia consiste en dar un lenguaje a lo que vive la gente. Los chalecos amarillos en Francia no encajaban en ninguna categoría política establecida, y por eso la política francesa no los vio venir. Hoy ocurre algo parecido con la inseguridad habitacional que comparten la joven precaria y la jubilada desahuciada: las instituciones no tienen palabras para nombrarla como lo que es.

Quienes acampan en Sol ya han hecho lo que la democracia institucional no supo hacer por ellos: encontrar un lenguaje propio. Lo han construido con tiendas, con cuerpos, con asambleas, con turnos de cuidado, con la demostración cotidiana de que es posible otra manera de habitar juntos. Eso no puede recogerse en un decreto. La pregunta que arrojan a la política, y a todos nosotros, es si estamos dispuestos a aprenderlo. Aunque el Congreso haya tumbado los decretos, quizá haya empezado a cambiar la manera en que este país concibe lo que es una casa.