La última denuncia de Laura Cruz: el control económico como arma de violencia antes de su asesinato

Laura Cruz llegó al cuartel de la Guardia Civil de Llanes el 5 de agosto de 2025 a las 11:47 de la mañana con un propósito que la aterraba. Necesitaba denunciar a su expareja, Dámaso Fernández, también agente de la institución donde ambos trabajaban. No era la primera vez que lo hacía. Pero esta denuncia era diferente: hablaba de una hipoteca que se había convertido en su jaula.

Desde 2014, cuando se separaron sin haber llegado a casarse, Dámaso había encontrado en esa deuda compartida la herramienta perfecta para mantenerla atrapada. Tenían tres hijos juntos, de edades que iban desde los seis años hasta dos gemelas de dos. La hipoteca, firmada años atrás, se convirtió en lo que ella describía como un arma de control psicológico y económico. Durante más de una década, Laura había intentado liquidar esa deuda, negociando con él, haciendo esfuerzos económicos que requirieron la ayuda de su familia. Cuando finalmente parecía que llegarían a un acuerdo el año anterior, él se negó a firmar los últimos documentos. Fue entonces cuando comenzó a presionarla de formas que ella consideraba coercitivas: le hizo saber, a través de una trabajadora del banco, que solo firmaría si ella retiraba las denuncias penales que había interpuesto en su contra. Sabía que eso era imposible legalmente, pero el mensaje estaba claro. Él seguía ahí, recordándole que mandaba.

En su denuncia de agosto de 2025, Laura explicó a los agentes por qué le tenía tanto miedo. "No le importa a quién llevarse por medio, hasta prefiere perjudicarse él con tal de hacerme mal, de joderme la vida", escribió, citando palabras que él había dicho años atrás y que quedaron probadas en juicios anteriores. Describió cómo la violencia económica se entrelazaba con la psicológica: mientras él controlara esa hipoteca, ella nunca podría salir como morosa bancaria, nunca podría pedir un préstamo para ayudar a sus hijos con sus estudios, nunca podría comprar una casa. Era un control que se extendía más allá de lo económico. Era un control sobre su futuro, sobre el de sus hijos, sobre cada decisión que tomara.

La historia de violencia entre ellos no comenzó con la hipoteca. En 2019, dos meses después de que un juzgado lo obligara a pagar los gastos extraescolares de sus hijos, Dámaso la golpeó con lo que los registros judiciales describen como "violencia extrema" delante de sus hijos y cuatro testigos más, en el mismo cuartel donde trabajaban. Ese incidente desencadenó un proceso judicial largo y complejo que no se resolvió hasta julio de 2025, cuando fue condenado por violencia de género, coacciones y lesiones. Pero incluso antes de eso, había interpuesto 45 denuncias contra ella a lo largo de los años, según la documentación judicial, simplemente "por joder". Laura había soportado años de resistencia, palabra que usaban quienes conocían su caso para describir su capacidad de seguir adelante.

En su denuncia de agosto de 2025, Laura explicó el costo mental de todo esto. Denunciar le causaba pánico. No podía descansar, no quería salir de casa, lloraba constantemente. Se preguntaba qué era mejor: aceptar su control y presión para que no les hiciera nada, o denunciar y enfrentarse a las consecuencias que sabía que vendría. Había pedido un cambio de puesto laboral para ajustar su horario al de sus hijas menores, para poder estar con ellas físicamente en caso de que él intentara acercarse. Había acudido al Centro de Salud de Llanes en urgencias, creyendo que era un episodio puntual de ansiedad. El parte médico reveló que era un trastorno de ansiedad generalizada. Ella, que había sido la representante de la Guardia Civil en las comisiones técnicas de violencia de género en Llanes, había dejado ese cargo después de la paliza de 2019. No podía seguir participando.

En diciembre de 2025, Laura pidió que se reactivaran las medidas de protección que había tenido, incluyendo la pulsera antimaltratadores que llevó durante un tiempo. El tribunal de instancia número 1 de Llanes denegó su solicitud. En el auto, los jueces consideraron que no existía "una situación objetiva de riesgo" ni "factores o indicadores de acontecimiento o incidencia" que hicieran prever que Dámaso realizaría un comportamiento futuro tendente a menoscabar su integridad física o psíquica. No parecieron considerar que la notificación de expulsión de la Guardia Civil que Dámaso recibió días antes pudiera ser uno de esos factores.

El 5 de agosto de 2026, exactamente un año después de que Laura interpusiera esa última denuncia, Dámaso viajó desde Zamora, donde vivía, hasta Llanes. Se saltó la orden de alejamiento que estaba vigente. Se coló por una puerta trasera del cuartel. Robó el arma a un compañero. La buscó y le disparó. Los compañeros de Laura intentaron detenerlo, intentaron que dejara de disparar también a ellos, intentaron evitar su huida. Pero no pudieron hacer nada ante ese ataque repentino. Él acabó abatido por los compañeros de Laura. Ella llevaba años pensando que no iba a parar hasta destruirla. Tenía razón.