La trampa de Tucídides amenaza el derecho a la educación en el Sur Global

Mientras las potencias mundiales aumentan sus gastos militares a un ritmo sin precedentes, millones de estudiantes en el Sur Global pierden acceso a la educación. La paradoja es brutal: en los países de la OTAN y la Unión Europea, el gasto en armamento crece once veces más rápido que la inversión en educación. A nivel mundial, el porcentaje del producto interno bruto destinado a cumplir el derecho a la educación permanece estancado en apenas el 4,2%. Para 2026, se estima que la Ayuda Oficial destinada a la educación caerá un 24%, una cifra que refleja cómo las prioridades geopolíticas están reescribiendo el mapa de oportunidades para los más vulnerables.

Esta dinámica tiene un nombre que circula en los análisis de política internacional: la trampa de Tucídides. El historiador ateniense observó que cuando una potencia emergente rivaliza con otra en declive, la guerra ha sido la respuesta más frecuente a lo largo de los siglos. Hoy, Estados Unidos y China encarnan esa tensión, pero las consecuencias de esta rivalidad trascienden los campos de batalla convencionales. El aumento del gasto militar, la imposición de aranceles comerciales, el fortalecimiento de un capitalismo sin regulación y el debilitamiento de la solidaridad internacional reducen drásticamente la capacidad de los Estados para financiar sus sistemas educativos. Un informe reciente de Entreculturas titulado El precio de aprender documenta cómo estas fuerzas convergen para asfixiar la educación pública en territorios que ya enfrentan escasez de recursos.

La guerra comercial agrava el problema de manera inmediata. Los aranceles reducen las exportaciones, lo que provoca un menor crecimiento económico y, con él, una recaudación fiscal más baja. Los presupuestos se contraen. Las becas desaparecen. Las condiciones laborales del profesorado se precarizaban. Las infraestructuras educativas quedan sin mantenimiento. Los comedores escolares cierran. En este vacío, las grandes corporaciones encuentran un nicho de negocio. Acuerdan con los Estados para condicionar los fines de la política educativa, priorizando ganancias sobre acceso. Como señala el Papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas, cuando una parte importante de la educación se encomienda a instituciones privadas sin apoyo público adecuado, el acceso a la escuela depende demasiado de las posibilidades económicas de las familias. El derecho se convierte en privilegio.

Los territorios más vulnerables sufren el desmantelamiento sin precedentes de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Menos del 60% de las escuelas del Sur Global cuenta con infraestructuras para estudiantes con discapacidad. La regresión de los presupuestos educativos expulsa a las mujeres y niñas de zonas rurales del sistema escolar. Bianca Albu, coordinadora de proyectos del Servicio Jesuita para los Refugiados de Rumanía, trabaja con familias refugiadas ucranianas desde el estallido de la guerra. Su testimonio es directo: con el presupuesto actual no pueden responder plenamente a la emergencia. Siguen cruzando fronteras personas que no reciben apoyo del Estado ni de las organizaciones no gubernamentales por falta de medios financieros. La educación, que debería ser un derecho universal, se convierte en un lujo que solo algunos pueden permitirse.

La Asamblea General de la ONU aprobó en noviembre de 2024, con amplio respaldo internacional, un mandato para redactar una Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional. La razón es simple: la elusión fiscal de corporaciones y grandes fortunas es dos veces mayor que los fondos necesarios para cumplir el derecho a la educación en el mundo. Si los Estados aumentaran su recaudación fiscal en un 5% del producto interno bruto global, generarían más de un billón de dólares anuales para los presupuestos educativos. Pero eso requiere voluntad política que hoy brilla por su ausencia.

Otro obstáculo es la deuda externa. Más del 75% de los países con ingresos bajos y medios-bajos gastan más en el servicio de la deuda que en educación y sanidad combinadas. La falta de consenso bloquea las soluciones. Los países endeudados necesitan renegociar sus compromisos con la condición de destinar esos fondos a derechos sociales, especialmente a la educación. Sin embargo, a comienzos de 2025, Estados Unidos desmanteló USAID, su agencia de Cooperación Internacional. Esta tendencia se ha extendido a Europa. Cooperaciones autonómicas como la extremeña, la aragonesa y la de Castilla y León han sufrido recortes debido a los pactos de gobierno. Estos recortes tienen repercusión directa en las vidas de millones de seres humanos.

La Nobel de la Paz Malala Yousafzai ha argumentado que el dinero invertido en tanques, armas y soldados debería gastarse en libros, lápices, escuelas y maestros. Quienes defienden la realpolitik ridiculizan estas palabras. Pero existen soluciones concretas: justicia fiscal, soberanía presupuestaria y más cooperación internacional. Tres medidas que anteponen el derecho a la educación a los intereses geopolíticos. En Entreculturas comprueban cada día cómo una cooperación centrada en las personas, que sitúa el derecho a la educación en el corazón de su estrategia, salva vidas, reduce la desigualdad y teje redes de ciudadanía global. La pregunta que queda es si los gobiernos del mundo elegirán defender los deberes de solidaridad y cooperación que nos hacen humanos, o si se someterán a la lógica de los más fuertes.