La trampa de romantizar la pobreza mientras España se empobrece

España ha desarrollado una extraña costumbre: convertir la escasez en estilo de vida. Se cuenta que la gente prefiere quedarse en pueblos sofocantes antes que viajar, que vivir en una autocaravana es ahora lo aspiracional, que comer comida de supermercado es la nueva normalidad. Estos relatos circulan con frecuencia en el debate público y generan adhesión en las redes sociales. Pero detrás de esta narrativa reconfortante hay números que cuentan una historia diferente: un 32% de los españoles no ha podido permitirse ni una semana de vacaciones en más de cinco años; en Barcelona, los asentamientos informales han crecido un 40% en tiempos recientes, con personas que trabajan pero viven en barracas; el precio de la compra se ha incrementado un 35% en tres años. La pobreza energética se ha triplicado desde 2008. Los desahucios repuntaron ligeramente en 2024. Lo que antes generaba reportajes constantes sobre crisis humanitaria ahora se presenta como un cambio de preferencias, como si la gente hubiera elegido voluntariamente esta vida más austera.

Hay algo de la rana hervida en todo esto: si el calor sube lentamente, el animal no salta. La indignación requiere un momento de ruptura, un colapso visible. La inflación lenta, la merma diaria de lo que cabe en el carrito de compra, no provoca el mismo sentimiento de quiebra que un despido fulminante. Por eso las sociedades no se rebelan contra lo que hierve imperceptiblemente. El Gobierno actual ha entendido esto bien: gestiona un país donde el salario mínimo se parece cada vez más al salario medio, donde millones no llegan a fin de mes pero conservan un trabajo, donde existe la ilusión de estabilidad aunque sea frágil. Esa paz social tiene un precio político.

Bruselas también aprendió la lección de 2010. Entonces, el cierre de grifos llevó a la quiebra a las clases medias y trabajadoras europeas, alimentando el populismo de izquierda contra la troika. Esta vez, la Unión Europea ha flexibilizado las reglas de gasto y déficit, permitiendo que gobiernos como el español inyecten dinero público. El Gobierno se enorgullece de que el ingreso mínimo vital haya llegado a más beneficiarios —un 17% más en el último año— y de que dos millones de personas no sean pobres porque viven en el entorno de un pensionista. Pero estos números revelan también una dependencia estructural de las ayudas sociales que antes se consideraba temporal.

El problema es la magnitud de lo que se sostiene con parches. España tiene 2,7 millones de personas recibiendo ingreso mínimo vital para paliar su pobreza. La deuda pública supera el 100% del PIB, según el Banco de España. En 2010, cuando la deuda rondaba el 36% del PIB, las consecuencias de la austeridad fueron terribles. ¿Qué ocurriría hoy en una nueva crisis? La Unión Europea también muestra signos de agotamiento: varios países están recortando su Estado del bienestar, acusando pérdida de competitividad. El escudo social que el Gobierno justifica por las guerras recientes pronto será visto como estructural, permanente, insostenible.

Muchos temen un Gobierno de derecha precisamente porque podría limitar esas ayudas sociales. El miedo es legítimo. Una parte de la derecha reconoce que la situación es insostenible, pero aún no ha explicado qué haría con las bolsas masivas de pobreza que se crearían si pasara la supuesta motosierra, o cómo sacar a la gente de su precariedad sin simplemente empujarla más abajo. La realidad del "elogio de la tiesura", de estar tieso o ser pobre, no es ningún nuevo estilo de vida. Es la metáfora folclórica de una tragedia humana. Unos han decidido parchearla. Otros, impugnarla. Solucionarla, nadie.