La tecnología busca salidas al laberinto del registro horario digital

Mientras el Gobierno sigue sin resolver su propio atasco político en torno al nuevo reglamento del registro horario, las empresas de tecnología ya ofrecen herramientas para cumplirlo. El punto de partida es el Real Decreto-ley 8/2019, que obliga a controlar la jornada, y un borrador normativo que endurecería ese control y lo haría íntegramente digital.

Desde Woffu, su managing director, Elisabeth Marín, sostiene que un registro digital bien diseñado reduce el margen de interpretación y conecta la jornada real con la nómina, sobre todo en horas extraordinarias, complementarias o descansos no disfrutados. Según ella, al reflejar la jornada por hora y minuto, lo que se registra es lo que se retribuye. Verónica Arteaga, People and Culture Director en Softtek EMEA, coincide: la digitalización elimina discrecionalidades históricas y errores manuales, y puede funcionar en entornos híbridos, de teletrabajo y de movilidad mediante soluciones multidispositivo.

El argumento central de las plataformas es técnico. Se integran con el software de nóminas mediante conectores digitales (APIs), sustituyen las reconstrucciones posteriores o los registros estimados por datos en tiempo real, y sellan temporalmente cada entrada, salida y pausa. Si alguien olvida fichar o hay una incidencia técnica, el registro original no se borra: el cambio pasa por un flujo de validación que conserva quién lo pide, quién lo autoriza y cuándo. El sistema, que debe conservar los datos cuatro años, sería trazable y auditable. Marín añade que muchas empresas revisan ya si sus herramientas cumplen requisitos como la inalterabilidad, el acceso remoto o la integridad del dato, y Softtek señala que se invierte en comunicación interna para explicar los beneficios en equidad y conciliación. Sobre la geolocalización, dicen que, cuando se activa, se limita al momento del fichaje y se configura por colectivos o radios geográficos, sin rastreo continuo.

Los datos muestran el desfase con la realidad. Según InfoJobs, uno de cada tres trabajadores afirma que en su puesto no existe ningún control de jornada, pese a que el registro es obligatorio desde 2019. Entre quienes sí registran, el 58% ya usa herramientas digitales.

El análisis jurídico es más cauto. Pedro Llorente, consejero de Laboral y director del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos, describe un cambio de un esquema flexible, apoyado en la negociación colectiva, a una regulación intensiva y cerrada que impone medios digitales. Según el borrador, el trabajador no solo fichará al entrar y salir: deberá dejar constancia personal, directa e inmediata de hasta once ítems a lo largo del día, entre ellos pausas no computables, interrupciones por desconexión, incidencias técnicas y la modalidad y naturaleza de las horas. Todo ello, dice, queda atrapado en una malla que refuerza el control externo, incluido el acceso remoto de la Inspección de Trabajo en cualquier momento.

Llorente enumera también los costes: software, hardware, implantación, mantenimiento y formación, con riesgo de burocratizar el día a día y tensar la flexibilidad organizativa. Al trabajador se le traslada una carga técnica considerable, como distinguir si sus horas son ordinarias, extraordinarias o complementarias. Cualquier modificación exigirá autorización conjunta de empresa y trabajador, y se dejará constancia incluso del desacuerdo. Todo esto se complica en puestos de alta movilidad, sin conectividad o directivos, y puede generar disputas y deteriorar el clima laboral si no hay protocolos claros y una transición gradual.

Además, aunque el proyecto no cambia el régimen sancionador de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, Llorente advierte de un posible exceso reglamentario: la norma regularía de forma exhaustiva materias que la ley reserva a la autonomía colectiva y al acuerdo de empresa, dejando a los convenios como un complemento marginal.

Queda la privacidad. Huella dactilar, reconocimiento facial o geoposicionamiento son datos especialmente sensibles, y según Llorente el diseño se centra en la trazabilidad de los cambios sin fijar garantías técnico-organizativas específicas ante el tratamiento intensivo de datos personales. El acceso remoto multiplica además los riesgos de ciberseguridad y de accesos indiscriminados si no hay límites claros y registros reforzados. Habrá que ver si el borrador sale del bloqueo y con qué cambios.