La tarifa regulada del gas podría subir más del 50% en octubre sin intervención gubernamental

A finales de septiembre, España se enfrenta a una encrucijada energética silenciosa. La Tarifa de Último Recurso del gas natural, que protege a más de tres millones de hogares y pequeños negocios, está a punto de dispararse más del 50% cuando entre octubre. La cifra exacta se conocerá el último día de este mes, pero la asociación de consumidores OCU ya calcula un aumento del 54%, mientras que las empresas gasísticas hablan de incrementos superiores al 50%. Todo depende de una fórmula oficial que se revisa cada trimestre y que recoge, principalmente, la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.

Esta tarifa regulada protege a casi el 40% de los ocho millones de usuarios de gas del país. Son familias con cocina de gas, calefacción y agua caliente. Cuatro comercializadoras controladas por las grandes empresas del sector les suministran el gas: Naturgy gestiona 3,1 millones de clientes; Iberdrola, 676.000; Endesa, 475.000, y TotalEnergies, 351.000. Para todos ellos, la factura de octubre podría convertirse en un golpe económico considerable cuando llega el otoño y comienza la temporada de calefacción.

El Gobierno mantiene un silencio deliberado sobre si intervendrá. Fuentes del sector especulan con que el Ejecutivo podría recuperar el mecanismo que usó entre 2021 y 2023 durante la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania: un tope que limitaba los aumentos trimestrales al 5% cuando el precio de la materia prima superaba el 15%. El resto del coste lo asumía el Estado a través de los Presupuestos. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reunió hace poco con petroleros, gasísticas, el gestor del sistema y sindicatos, pero no reveló nada sobre posibles medidas. Solo mencionó que España fue el primer país en rebajar precios de carburantes tras la crisis de Oriente Próximo iniciada en febrero, y que la falta de nuevos Presupuestos complica cualquier intervención. El Ministerio para la Transición Ecológica ha mantenido más de veinte encuentros con representantes energéticos durante el verano, pero tampoco ha comunicado decisiones.

La anterior experiencia de controlar la tarifa dejó lecciones complejas. El tope costó 600 millones de euros al Estado, cifra menor que los 3.000 millones presupuestados inicialmente para cubrir déficits de las comercializadoras. Funcionó porque los precios internacionales bajaron gradualmente, reduciendo también el de la tarifa regulada. Pero generó distorsiones de mercado: en menos de un año, 1,4 millones de clientes abandonaron el mercado liberalizado, donde las empresas negocian precios libremente, para trasladarse a la tarifa regulada. Las comercializadoras denunciaron que el tope se convirtió en el principal competidor de sus ofertas comerciales.

Ahora el Gobierno enfrenta un dilema presupuestario. Si decide reimplantar el tope, tendría menos margen para otras medidas fiscales que también considera: reducir el IVA de la luz del 21% al 10%, como hizo en el segundo trimestre de este año, o mantener la desaparición progresiva del Impuesto Especial de Hidrocarburos en la generación eléctrica, que está prevista hasta finales de 2027. Cada medida consume recursos que el Estado no tiene completamente disponibles sin nuevos Presupuestos aprobados.

El sector energético también ha criticado la propia estructura de la fórmula trimestral de revisión de la TUR. Aunque fue diseñada para proteger a consumidores vulnerables, no está vinculada a la renta de las familias, sino solo a un consumo anual específico. Esto significa que un hogar pobre con calefacción de gas paga según la misma fórmula que una microempresa con mayor capacidad de absorber aumentos. El próximo martes, el Consejo de Ministros revisará el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, cuyas medidas caducan este mes. Entonces, quizá, el Gobierno rompa su silencio.