La subasta fallida del ático de Ayuso agrava la crisis en lugar de resolverla

El 28 de julio, la cúpula del Gobierno de Madrid recibió una noticia que la descolocó por completo: al día siguiente, el público sabría que la administración había comprado un ático de lujo en Chamberí por 6,3 millones de euros. La operación se había realizado en silencio, sin aprobación del Consejo de Gobierno ni de la Asamblea, a través de Planifica Madrid, una sociedad mercantil privada que funcionaba como empresa y no como órgano administrativo. El inmueble estaba situado en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, junto al Museo Sorolla, en una zona de avenidas amplias y colegios con nombres de santos donde la élite madrileña se movía con naturalidad. Muy pocas personas conocían la operación: la presidenta Isabel Díaz Ayuso, su principal asesor Miguel Ángel Rodríguez, el consejero de Presidencia Miguel Ángel García Martín y la consejera de Economía Rocío Albert López-Ibor. Alguien, sin embargo, había filtrado la información a El País.

La paranoia se apoderó de los despachos de Sol. Los miembros del gabinete de crisis intercambiaron mensajes durante todo el día y se reunieron sin ser plenamente conscientes aún de la magnitud del problema. La sospecha de que Ayuso se había comprado una residencia presidencial sin avisar se instalaría en la opinión pública. El plan de ocultarlo se había desmoronado. La reacción llegó rápido: lo mejor era deshacerse del inmueble. Anunciaron que se pondría en venta y aceleraron para celebrar una subasta lo antes posible. Hacia fuera transmitieron tranquilidad, como si se tratara de un accidente menor. Alguien muy cercano a Ayuso declaró entonces que el piso no tardaría más de cinco días en venderse, y encima ganarían dinero con la operación.

Cincuenta días después, nadie había pujado por el ático. Ningún magnate ni fondo de inversión de los que sobrevuelan el mercado inmobiliario madrileño se atrevió a hacer una oferta. Los apartamentos de Madrid aparecen en los catálogos que estudian por la mañana los brokers de Wall Street y la City de Londres, pero ni así se encontró un inversor. El embrollo, lejos de resolverse, se había agravado. La Consejería de Presidencia entregó a los periodistas un pendrive con el expediente de compra: una memoria justificativa de 224 páginas que en teoría debía aclarar todo el proceso.

La documentación, sin embargo, no incluía ningún informe que justificara la necesidad de comprar esa vivienda específica, ni permitía rastrear por qué se había elegido precisamente ese inmueble en una zona que la propia presidenta conocía bien, donde su madre vivía justo enfrente. Los documentos se habían escaneado y entregado en un único PDF, lo que impedía conocer los metadatos de cada uno: no había forma de saber cuándo fueron creados o modificados. Un experto consultado explicó que un acto de transparencia absoluta hubiera sido subirlos a una web, cada uno por separado, con sus fechas y alteraciones visibles. Con la información disponible, era imposible averiguar si el expediente se había elaborado antes o después de que se conociera la existencia del inmueble, adquirido a través de una inmobiliaria de lujo de La Moraleja.

El hermetismo se había instaurado en el PP de Madrid. El ático se convirtió en un tema tabú del que no se quería dejar rastro en WhatsApp. Cargos intermedios, diputados y empleados de las empresas públicas temían ser señalados como el topo, el traidor. Una de las teorías más extendidas en la cúpula era que, por un descuido, el asunto había llegado a oídos de alguien de Génova, la sede nacional del partido, donde no se guardó la información con tanto celo. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, dijo en agosto que estaba al tanto de que Ayuso buscaba un lugar para instalar su despacho provisional mientras se ejecutaban obras, pero se refirió a un local, nunca a una vivienda de estas características ni a un alojamiento ocasional de autoridades.

Al día siguiente de que se diera a conocer el documento, Ayuso acudió a un acto y habló con los medios a la salida. Pocas veces se la había visto tan nerviosa: ofreció explicaciones confusas y saltó de un argumento a otro sin hilo conductor. Miembros del PP compartieron esos vídeos entre sí, algunos se preguntaban si no estarían hechos con inteligencia artificial. Un cargo del partido explicó que todo había nacido torcido desde el momento en que el Gobierno perdió la iniciativa: le obligaron a hablar del ático cuando no quería, le marcaron los tiempos. La sensación de descontrol era muy grande.

Lo cierto es que el Gobierno había tomado un atajo para comprar la vivienda. Usar Planifica Madrid permitía eludir los controles administrativos ordinarios. Cualquiera que hubiera gobernado en Sol sabía que la Intervención General de la Comunidad de Madrid era el verdadero obstáculo: podía tumbar cualquier operación si consideraba que no estaba justificada. Si hubieran metido la compra en un proceso administrativo normal, la Intervención podría haber cuestionado por qué se necesitaba una casa con siete baños. No meter la operación por el trámite ordinario era la única vía para que saliera adelante. Ahora, librarse de esa vivienda era la única salida política posible, pero no había habido forma. El perro, con su rabia, se resistía a morir.