La saturación eléctrica amenaza el desarrollo económico de Andalucía

Andalucía se enfrenta a un cuello de botella eléctrico que amenaza con frenar su crecimiento económico. El 92,8% de los nodos de la red eléctrica en la región está saturado, una cifra que supera en diez puntos la media nacional y refleja años de inversión insuficiente en las infraestructuras de transporte y distribución. La situación es tan crítica que dos provincias —Almería y Málaga— han alcanzado su límite de capacidad y no pueden aceptar nueva demanda eléctrica, según el mapa de capacidad que Endesa publicó recientemente.

Las consecuencias prácticas son inmediatas y tangibles. Cuando empresas, promotores inmobiliarios o desarrolladores de centros de datos solicitan conexión a la red ante e-distribución, la mitad de esas peticiones son rechazadas. Proyectos industriales que podrían generar empleo y actividad económica quedan paralizados antes de comenzar. Promociones urbanísticas se estancan. La infraestructura eléctrica, que debería ser un facilitador del desarrollo, se ha convertido en un obstáculo.

El diagnóstico del problema es claro y compartido. Tanto el sector eléctrico como la administración andaluza coinciden en que la solución pasa por invertir decisivamente en redes eléctricas. En la red de transporte, Red Eléctrica es la responsable. El Gobierno español envió una señal positiva al anunciar una inversión de 13.500 millones de euros en toda España hasta 2030. En la red de distribución, los operadores privados deben llevar el peso: Endesa, el principal actor en Andalucía, tiene previsto invertir unos 1.500 millones de euros en la región durante los próximos tres años.

Pero existen dos obstáculos que complican esta solución. El primero es legal: una norma limita el gasto en infraestructuras de redes eléctricas al 0,13% del PIB. Ese tope fue diseñado para un crecimiento vegetativo de la demanda, no para la aceleración exponencial que requiere la electrificación de la economía. El segundo es económico: el Gobierno ofrece a las eléctricas una rentabilidad del 6,36% sobre sus inversiones, mientras que el sector reclama el 7,5%, la tasa que existe en el resto de Europa. Esa brecha de casi un punto porcentual es suficiente para desalentar inversiones que de por sí ya enfrentan limitaciones legales.

Andalucía está en una encrucijada. El crecimiento económico que la región ha experimentado está comenzando a chocar contra los límites de una infraestructura eléctrica que no fue dimensionada para este ritmo de expansión. Si no se actúa con urgencia y decisión —modificando los marcos legales, aumentando la rentabilidad ofrecida a los inversores, y acelerando la ejecución de proyectos de ampliación de redes— el desarrollo que hoy es posible estará en grave riesgo. La ventana para actuar no es infinita.