Equipamiento varado en depósitos, años de parálisis, una autorización que lo desbloqueó todo
Una empresa centenaria argentina, transformada por la privatización en un actor de capital estadounidense, ha firmado un acuerdo con Venezuela para resucitar obras hidroeléctricas paralizadas durante dos décadas. El contrato entre Impsa y el Estado venezolano —posible gracias a una autorización del Tesoro de Washington— refleja cómo las sanciones, la geopolítica y la necesidad energética se entrelazan en decisiones que trascienden las fronteras nacionales. En un país donde los cortes de luz son cotidianos incluso en la capital, 2.640 megavatios representan algo más que infraestructura: son una apuesta por la estabilidad de lo más básico.
- Venezuela enfrenta una crisis eléctrica severa con apagones diarios en Caracas, mientras represas clave del complejo Guri llevan años paralizadas por deudas impagas y sanciones internacionales.
- Impsa acumuló equipamiento varado en Mendoza durante años, atrapada entre los incumplimientos venezolanos y el bloqueo regulatorio impuesto por Washington.
- La compra de Impsa por el consorcio estadounidense IAF en febrero de 2025 fue la llave que abrió la puerta: su nueva condición jurídica permitió gestionar ante la OFAC la autorización que desbloqueó el proyecto.
- En los primeros cien días se repararán turbinas de 80 MW en Macagua; una segunda fase podría sumar casi 2.000 MW adicionales al sistema eléctrico venezolano.
- El acuerdo coincide con una reforma legislativa en Venezuela que abre el sector eléctrico a la inversión privada, sugiriendo que este contrato es síntoma de una reconfiguración más profunda.
Impsa, la metalúrgica mendocina fundada por la familia Pescarmona en 1907, firmó un acuerdo con Venezuela para retomar obras en centrales hidroeléctricas paralizadas desde mediados de los años 2000. El contrato apunta a sumar 2.640 megavatios a una red eléctrica en crisis, completando la represa de Tocoma y reparando turbinas en Macagua, ambas parte del complejo Guri sobre el río Caroní.
La historia reciente de Impsa condensa los vaivenes de la política argentina: estatizada en 2021 con el 63% en manos del Estado nacional, fue vendida en febrero de 2025 al consorcio estadounidense IAF —cuyo socio principal es ARC Energy— por 27 millones de dólares en capital, más la reestructuración de una deuda de 576 millones. Fue la primera privatización del gobierno de Milei, y convirtió a una empresa de más de un siglo en un actor de capital norteamericano.
Esa nueva condición resultó decisiva. Durante años, el proyecto estuvo bloqueado por los problemas de pago venezolanos y las sanciones de Washington, dejando equipamiento varado en depósitos mendocinos. La gestión ante la OFAC —la oficina del Tesoro estadounidense que controla activos extranjeros— desbloqueó la situación. Con una deuda pendiente estimada entre 250 y 300 millones de dólares, Impsa retomará las obras mediante adendas a contratos vigentes e inconclusos.
En los primeros cien días se repararán tres turbinas de 80 MW en Macagua y se instalarán dos unidades de 216 MW en Tocoma. Una segunda fase aportaría casi 2.000 MW adicionales. El gobernador mendocino Alfredo Cornejo celebró el anuncio, mientras Venezuela lo describió como histórico. El acuerdo llega además en un momento en que la Asamblea Nacional venezolana acaba de aprobar una reforma que abre el sector eléctrico a la inversión privada, convirtiendo este contrato en algo más que infraestructura: un indicio de transformaciones más amplias.
Impsa, la centenaria metalúrgica mendocina fundada por la familia Pescarmona en 1907, acaba de firmar un acuerdo histórico con Venezuela para completar obras en centrales hidroeléctricas que llevan paralizadas desde mediados de los años 2000. El contrato, anunciado el sábado, representa un hito singular: es la primera empresa privatizada bajo la gestión de Milei, y ahora opera bajo control estadounidense después de pasar a manos del consorcio Industrial Acquisitions Fund en febrero de 2025.
La trayectoria de Impsa en los últimos años refleja los vaivenes de la política argentina. El estado nacional poseía el 63 por ciento de la empresa cuando fue estatizada en 2021 durante el gobierno de Fernández. Tres años después, el nuevo gobierno decidió venderla. El consorcio estadounidense IAF, cuyo socio principal es ARC Energy, presentó una oferta de 27 millones de dólares en capital y se hizo cargo de una deuda de 576 millones que fue reestructurada en octubre del año anterior. La transacción marcó un punto de inflexión: una empresa argentina de más de un siglo de historia pasaba a manos de inversores norteamericanos.
El acuerdo con Venezuela busca sumar 2.640 megavatios a una red eléctrica que atraviesa una crisis profunda, con cortes diarios de luz incluso en Caracas. El proyecto se enfoca en completar la represa de Tocoma y reparar turbinas en Macagua, ambas parte del complejo Guri, el núcleo del sistema eléctrico venezolano ubicado sobre el río Caroní en la cuenca del Orinoco. En los primeros cien días, Impsa reparará tres turbinas de 80 megavatios en Macagua e instalará dos unidades de 216 megavatios en Tocoma. Una segunda fase aportaría otros 1.968 megavatios. Aunque estos números representan apenas el 2 por ciento de la capacidad instalada del país, constituyen un comienzo para la reconstrucción de la infraestructura eléctrica venezolana.
Lo que hace posible este acuerdo es una autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, conocida como OFAC. Durante años, el proyecto estuvo bloqueado por dos obstáculos: los problemas de pago de las autoridades venezolanas y las sanciones económicas impuestas por Washington. Esto dejó un volumen importante de equipamiento varado en los depósitos de Impsa en Mendoza. La gestión de la nueva propiedad estadounidense ante OFAC desbloqueó la situación, permitiendo que la empresa reanude las obras mediante una adenda a contratos vigentes e inconclusos. Se estima que la deuda pendiente es de entre 250 y 300 millones de dólares.
Las negociaciones se llevaron adelante directamente entre Impsa, el Ministerio de Energía de Venezuela y Corporación Eléctrica Nacional, aunque Estados Unidos monitoreó las gestiones dado que la empresa debe atravesar los procesos regulatorios de cualquier compañía estadounidense. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, celebró el anuncio como una buena noticia para la provincia y la industria argentina. La presidencia venezolana, por su parte, describió el acuerdo como histórico y enfatizó su importancia para garantizar la estabilidad del servicio público esencial y impulsar el crecimiento económico.
Este movimiento se inscribe en un contexto más amplio de apertura del sector energético venezolano. A comienzos de junio, la Asamblea Nacional aprobó una reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que abre el sector a la inversión privada, permitiendo que empresas generen, distribuyan y comercialicen energía mediante concesiones otorgadas por el Estado. El acuerdo de Impsa es, entonces, tanto un proyecto de infraestructura como un síntoma de cambios más profundos en cómo Venezuela busca resolver su crisis energética.
Notable Quotes
Hemos suscrito un acuerdo histórico con IMPSA para culminar la Central Hidroeléctrica Tocoma y sumar 2.640 megavatios al país— Presidencia de Venezuela
Es una buena noticia para Mendoza, para la industria argentina— Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué es significativo que Impsa, una empresa argentina, ahora sea estadounidense cuando firma este contrato?
Porque cambia quién toma las decisiones y cómo se navegan los obstáculos. Cuando era estatal, el gobierno argentino tenía que negociar directamente con Venezuela. Ahora, Impsa debe responder a inversores estadounidenses y cumplir con regulaciones de Washington. La autorización de OFAC no era un trámite menor; fue lo que desbloqueó años de parálisis.
¿Qué significa que el equipamiento estuviera varado en Mendoza?
Significa que Impsa había fabricado turbinas y componentes, pero no podía enviarlos a Venezuela por las sanciones. El dinero que Venezuela debía tampoco llegaba. La empresa estaba atrapada: tenía el producto, pero no podía entregarlo ni cobrar. Es una imagen concreta de cómo las sanciones paralizan no solo a gobiernos, sino a empresas privadas.
¿Realmente 2.640 megavatios es suficiente para resolver la crisis eléctrica venezolana?
No. Es apenas el 2 por ciento de la capacidad instalada. Pero es un comienzo después de años sin movimiento. Las turbinas de Macagua llevan deterioradas desde hace tiempo. Lo importante es que rompe el bloqueo y demuestra que, con autorización estadounidense, los proyectos pueden avanzar.
¿Qué gana Argentina con esto?
Impsa sigue siendo una empresa mendocina con presencia en 40 países. Aunque sea estadounidense ahora, genera empleo en Mendoza, mantiene su base de manufactura allí y demuestra que la industria argentina puede competir en proyectos de infraestructura regional. El gobernador lo celebró precisamente por eso: es una victoria local, aunque el control sea foráneo.
¿Qué viene después de estos primeros cien días?
La segunda fase, que aportaría casi 2.000 megavatios más. Pero eso depende de que Venezuela pueda pagar, de que las sanciones no se endurezcan y de que el gobierno venezolano mantenga el compromiso. El acuerdo es un paso, no una solución.