La Policía rodea el Constitucional polaco en plena pugna entre Tusk y Nawrocki por el control del tribunal

Este viernes, la Policía polaca acordonó la sede del Tribunal Constitucional en Varsovia. Los agentes aseguran que no han entrado en el edificio y que se limitan a vigilar el perímetro exterior. Pero el cerco ha bastado para encender una crisis que enfrenta al primer ministro, Donald Tusk, con el presidente, Karol Nawrocki, por el control de la institución.

Pocas horas antes, la jueza Anna Korwin-Piotrowska, una de las magistradas elegidas en marzo de 2026 por el actual Sejm, la cámara baja, había firmado una orden. Según 'Rzeczpospolita' y 'Wprost', la orden suspende durante un mes a Święczkowski, presidente del tribunal, y a Sochański, vicepresidente, y ella asume personalmente la dirección de la corte.

En cuanto se emitió la orden, los perfiles del presidente y del vicepresidente desaparecieron de la página web del tribunal. El entorno de Święczkowski sostiene que él sigue siendo presidente y que la web ha sido tomada ilegalmente. Advierte, además, de que quien actúe contra la corte comete el delito de golpe de Estado.

La Policía explicó que había recibido dos documentos: uno del fiscal general y ministro de Justicia, Waldemar Żurek, y otro de la propia Korwin-Piotrowska, que alertaba de posibles riesgos para jueces y trabajadores. Apenas acordonada la sede, empezaron a llegar manifestantes, por momentos violentos. Tres personas fueron detenidas y varios agentes recibieron golpes de objetos lanzados por la multitud.

Jarosław Kaczyński, líder del partido nacionalista Ley y Justicia (PiS), acudió en persona a la sede. Habló de «atentado contra el Tribunal Constitucional», acusó a los servicios bajo control de Tusk de entrar por la fuerza y pidió que interviniera Nawrocki. Ante la multitud denunció que «Polonia se convierte en un Estado policial». Su partido califica lo ocurrido de golpe de Estado. Nawrocki, que volaba rumbo a Senegal para una visita de Estado, dio media vuelta para aterrizar cuanto antes en Varsovia: «En un momento así, el presidente debe estar en Polonia».

Tusk respondió en X que restaurar el Estado de derecho tras los años de gobierno del PiS es un proceso difícil y a veces doloroso que exige decisiones firmes, y que «no hay otro camino». Su Gobierno defiende que se trata precisamente de eso, de restaurar el Estado de derecho.

El origen del conflicto es antiguo. En 2015, el PiS nombró magistrados del Constitucional en un proceso que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró irregular en 2021. Bruselas llegó a congelar fondos europeos por la interferencia del Ejecutivo en el poder judicial. Desde que Tusk volvió al poder, en diciembre de 2023, su gobierno no reconoce la legitimidad de buena parte de ese tribunal ni publica algunas de sus sentencias.

El bloqueo se ha agravado en 2026. El Sejm ha elegido ya a ocho magistrados, pero Nawrocki solo ha aceptado el juramento de tres. Uno de ellos, Maciej Berek, juró el cargo en el Parlamento después de que el presidente se negara a recibirle en palacio. Święczkowski se ha negado a dejar que los jueces elegidos por la mayoría actual asuman sus funciones, y el tribunal apenas está operativo. En enero de 2025 presentó ante la Fiscalía una denuncia de unas 60 páginas en la que acusaba a Tusk y a altos cargos de un golpe de Estado «sistémico»: no con tanques, sino «neutralizando el Constitucional, el Supremo y el Consejo Nacional de la Judicatura».

La coalición de Tusk habla, en cambio, de un tribunal capturado por el PiS que bloquea a los jueces elegidos legalmente. Con una mayoría muy estrecha y las elecciones de 2027 en el horizonte, Tusk parece haber decidido forzar el choque con Kaczyński y Nawrocki. Lo próximo que habrá que observar es qué hace el presidente al aterrizar en Varsovia.