La Policía despliega un engranaje de 90 agentes para procesar solicitudes de asilo en Ceuta

A finales de julio, miles de migrantes llegaron a Ceuta en cuestión de horas, muchos nadando desde Marruecos. El Gobierno prometió que todos serían devueltos. Pero la realidad de aplicar la ley española de extranjería resultó ser algo completamente distinto: una máquina administrativa que requería tiempo, precisión y recursos que la ciudad no tenía listos.

Hace poco más de un mes de esa llegada en masa, la Policía Nacional —el cuerpo responsable de los trámites migratorios en Ceuta— necesitaba construir desde cero un sistema capaz de procesar miles de solicitudes de asilo sin violar garantías legales. Hoy, 90 agentes policiales trabajan en esa tarea. A principios de septiembre, ya habían completado el triaje inicial con más de 1.800 personas. El subinspector José Miguel Pitalúa, jefe en funciones del grupo de protección internacional de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, fue claro sobre por qué esto no podía hacerse de la noche a la mañana: estos procedimientos tienen plazos, términos legales precisos, y cada error puede invalidar un caso completo.

El primer paso es el triaje, una evaluación que combina medicina y policía. Cruz Roja examina a los migrantes para detectar vulnerabilidades urgentes: embarazadas, menores, ancianos, personas con discapacidad o trastornos mentales. Mientras tanto, agentes de Extranjería y Científica toman datos biométricos completos. No es un simple documento de identidad. Se registran las huellas de todos los dedos, también las de la palma de la mano, se toman fotografías, se documenta cualquier papel que la persona lleve consigo. Todo entra en la base de datos policial. En función de lo que emerge en este triaje, cada migrante es derivado a uno de dos grupos: el de asilo o el de expulsiones.

Si alguien solicita protección internacional, el proceso se vuelve más complejo. La ley española exige que toda solicitud de asilo en una situación como la de Ceuta cuente con asistencia legal obligatoria, ya sea de un abogado privado o de oficio, y a veces con intérprete. La Administración proporciona estos servicios. Luego viene la entrevista policial, que puede durar horas dependiendo del caso. Los agentes no están allí para denegar el asilo, sino para examinar cada situación, buscar vulnerabilidades que el solicitante podría no expresar por timidez o desconfianza, y emitir una recomendación que sube a la Oficina de Asilo y Refugio, que depende del Ministerio del Interior. Esa oficina es quien toma la decisión final.

La ley española reconoce asilo a personas que huyen por temor fundado a persecución por raza, religión, nacionalidad, ideología, género u orientación sexual. Según el Gobierno, la mayoría de los migrantes que entraron en Ceuta lo hicieron por razones económicas, lo que significa que no cumplirían los criterios legales para obtener protección. Aun así, los agentes tienen instrucciones de prestar especial atención a colectivos vulnerables: mujeres embarazadas, menores, personas LGTBI. No se les cita junto con otros solicitantes para preservar su privacidad. Once funcionarios de la Oficina de Asilo y Refugio también están realizando entrevistas directamente, especialmente con los más vulnerables, y se han enviado 18 abogados de oficio adicionales.

El Gobierno ha preparado 6.000 plazas en centros de acogida temporal para que los migrantes que vivían en la calle tengan condiciones dignas mientras se tramitan sus casos. Un Centro de Acogida Temporal de Extranjeros ya estaba previsto y se abrió en una nave industrial en el Polígono de El Tarajal, muy cerca de la frontera. Allí se concentran ahora el triaje y la derivación a los grupos de asilo o expulsiones. Hay 15 líneas de trabajo y se prevé una ampliación de cinco más, más diez puestos adicionales entre el Puesto Fronterizo y la Jefatura.

El plazo total para todo el procedimiento es de 12 semanas, según el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo que entró en vigor en junio. Ese plazo incluye también los recursos judiciales. Si la Oficina de Asilo deniega la solicitud, el migrante tiene diez días para recurrir ante la Audiencia Nacional en lo contencioso-administrativo. Pero ese recurso solo detiene la expulsión si el tribunal adopta medidas cautelarísimas, algo que ocurre en casos excepcionales. Si no hay medidas cautelares, la Policía puede proceder al retorno. Ya se han resuelto algunos casos desde la entrada de julio, aunque el número exacto no ha trascendido. Según el Gobierno, se han producido cerca de 300 expulsiones por infracciones graves como alteraciones del orden público, y un centenar de personas han renunciado voluntariamente a solicitar asilo. Desde el 10 de agosto, se han contabilizado más de 5.300 retornos voluntarios.

La máquina está en movimiento ahora, pero sigue siendo lenta. Los agentes especializados en extranjería de toda la península han sido enviados a Ceuta, muchos de ellos habituados a esta metodología de asilo. Están entrando en la dinámica con rapidez, dice Pitalúa. Pero la complejidad del sistema —cada término legal, cada plazo, cada posibilidad de recurso— requiere precisión. Y esa precisión toma tiempo.