La 'paz total' de Petro fortaleció grupos armados que crecieron 90% en cuatro años

Gustavo Petro entrega hoy la presidencia con un balance de seguridad que no deja lugar a interpretaciones: los grupos armados que prometió negociar se fortalecieron dramáticamente. En cuatro años, las estructuras ilegales crecieron de 15.120 a 28.802 combatientes, un aumento del 90 por ciento que representa 13.682 hombres nuevos en armas. La ambición de hacer la paz total con las organizaciones criminales y los grupos al margen de la ley no solo fracasó; parece haber acelerado exactamente lo que buscaba evitar.

El Clan del Golfo fue el principal beneficiario de este período. La organización pasó de 4.061 integrantes a 10.268, ganando 6.207 combatientes en el mismo tiempo que el Gobierno intentaba negociar su desmovilización. El Ejército de Liberación Nacional incrementó sus filas en un 22 por ciento, llegando a 7.123 hombres. El Estado Mayor Central, bajo el mando de quien se conoce como Iván Mordisco, alcanzó 4.480 combatientes. Estos números no son abstracciones: representan poder territorial real, control de rutas de narcotráfico y capacidad de violencia.

La expansión no fue uniforme. Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Nariño vieron cómo estos grupos se afianzaban en sus territorios. En Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba cuestionó públicamente los paros armados que el Eln impuso en el departamento. En Cali, el Estado Mayor Central detonó un bus bomba en la vía Panamericana en abril, matando a 22 personas en uno de los ataques más violentos de la historia reciente del conflicto colombiano. Mientras tanto, la extorsión y el homicidio siguieron al alza.

La Fundación Ideas para la Paz, en su análisis del cuatrienio, identificó el problema de fondo: un diseño institucional y jurídico deficiente desde el inicio. Las mesas de negociación carecieron de líneas rojas claras, de un marco legal establecido, de una estrategia de seguridad que disuadiera a los criminales. El Estado se sentó a negociar en posición de debilidad. Los grupos armados percibieron esa debilidad y la usaron. Mientras el Gobierno mantenía las mesas abiertas, las estructuras ilegales continuaban atacando a la población civil. Las delegaciones gubernamentales asumieron posturas pasivas. Esto inclinó la balanza de poder hacia unos actores que veían al Estado indiferente o incapaz de reprimirlos.

La FIP fue explícita en su conclusión: todos los grupos armados son hoy más poderosos de lo que eran antes de las negociaciones. Su poder no se mide solo en territorio o cantidad de combatientes, sino en su capacidad para extraer rentas, someter poblaciones civiles y ganar protagonismo político en las zonas donde operan. La debilidad estatal en la negociación se convirtió en parte del cálculo estratégico de los grupos para aumentar disputas y expandirse.

Ahora Abelardo De La Espriella recibe una presidencia marcada por este legado. Toma posesión hoy en Cali, precisamente en una de las zonas más azotadas por la violencia. Su promesa de campaña fue la mano dura. Los expertos en seguridad, como el profesor Manuel Becerra, sostienen que esa línea debe mantenerse: bombardeos a campamentos, inteligencia más allá de la Fuerza Pública, estrategia que disuada. Petro suspendió los bombardeos al inicio de su Gobierno, aunque los reanudó meses después de dejar Palacio de Nariño.

Los grupos armados controlan hoy más de 300 hectáreas de coca sembrada en zonas fronterizas con potencial de exportación por el Caribe. La FIP advierte que una de las consecuencias más graves de la paz total es el desgaste de la confianza en las salidas negociadas como solución al conflicto armado. El nuevo Gobierno hereda no solo una situación de seguridad deteriorada, sino también la pregunta de cómo negociar cuando la negociación misma parece haber fortalecido a los criminales.