La OTAN denuncia el uso de bombas de racimo por Rusia y descarta una zona de exclusión aérea

En una reunión de ministros de Exteriores celebrada en Bruselas el viernes, la OTAN confirmó lo que los observadores internacionales temían: Rusia estaba empleando bombas de racimo contra objetivos en Ucrania, armas cuyo uso viola tratados internacionales. Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza, fue directo al anunciar el hallazgo tras el encuentro con los representantes diplomáticos de los países miembros. "Hemos visto el uso de bombas de racimo y tenemos informes sobre el uso de otro tipo de armas que violarían las leyes internacionales", declaró, añadiendo que la información sería presentada ante el Tribunal de La Haya para responsabilizar al presidente Putin y al líder bielorruso Aleksandr Lukashenko.

La escalada de violencia en Ucrania se aceleraba cada día. Stoltenberg advirtió que lo peor estaba aún por venir: "Los días que vienen serán peores, con más muertes y más destrucción". Esta predicción se alineaba con lo que el presidente francés Emmanuel Macron había anticipado el jueves tras una conversación con Putin, quien ocho días antes había ordenado la invasión del país vecino. La brutalidad del ataque ruso se manifestaba no solo en la elección de armamento prohibido, sino en su alcance: ciudades enteras enfrentaban bombardeos constantes, y la resistencia ucraniana resultaba ser mucho más feroz de lo que el Kremlin había calculado.

Sin embargo, la reunión también reveló los límites de lo que la OTAN estaba dispuesta a hacer. Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, había solicitado insistentemente el establecimiento de una zona de exclusión aérea que impidiera a Rusia operar libremente en los cielos ucranianos. Era una petición comprensible: el control del espacio aéreo permitía a los rusos lanzar ataques devastadores contra las principales ciudades. Pero los aliados occidentales rechazaron la propuesta de manera unánime. "Los aliados están de acuerdo en que no debe haber aviones de la OTAN en los cielos ucranios", aclaró Stoltenberg. La razón era tanto estratégica como existencial: implementar una zona de exclusión aérea requeriría enviar cazas de combate para derribar aviones rusos, lo que significaría una implicación directa de la Alianza en el conflicto. "Creemos que si hacemos eso acabaremos en una guerra total en Europa, implicando a muchos países y causando mucho más sufrimiento", explicó el secretario general.

El fantasma nuclear planeaba sobre cada decisión. Rusia es una potencia nuclear, y Putin había hecho amenazas explícitas sobre el uso del arma atómica. Esa realidad pesaba en cada conversación diplomática, incluso de forma indirecta. La noche anterior a la reunión, la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, había sido atacada y capturada por fuerzas rusas, sufriendo un incendio en el proceso. "Lo sucedido en la planta nuclear esta noche subraya el peligro de esta guerra", enfatizó Stoltenberg, subrayando cómo las operaciones militares cerca de instalaciones nucleares añadían capas adicionales de riesgo a un conflicto ya catastrófico.

Mientras la OTAN se negaba a escalar militarmente, la Unión Europea se enfocaba en otra estrategia. En una reunión paralela del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE celebrada la misma tarde en Bruselas, los ministros acordaron concentrarse en implementar eficazmente las sanciones económicas ya aprobadas contra Rusia, en lugar de imponer nuevas medidas. Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la UE, explicó que podían ampliar las sanciones existentes, como expandir la lista de bancos rusos desconectados del sistema Swift o profundizar en medidas financieras. Pero fue claro sobre los límites: "Tenemos la capacidad de debilitar la economía", dijo, reconociendo que la UE no tenía "la capacidad de parar la guerra mañana".

La personalización del conflicto fue notable en el lenguaje de los líderes occidentales. Tanto Stoltenberg como Borrell insistieron en que se trataba de "la guerra de Putin", no de una confrontación entre Rusia y Occidente. Borrell fue explícito: el objetivo no era un cambio de régimen en Moscú, sino debilitar la economía rusa por las acciones del presidente. Aunque reconoció que las sanciones afectarían también a la población civil rusa, subrayó que "solo Putin puede poner fin" al conflicto. La reunión en Bruselas, por tanto, reflejaba una estrategia occidental clara: apoyar a Ucrania sin entrar directamente en la guerra, sancionar económicamente a Rusia sin provocar una escalada nuclear, y documentar los crímenes de guerra para futuras responsabilidades legales. Era un equilibrio precario entre la solidaridad con una nación invadida y la prudencia ante una potencia nuclear.