En las democracias maduras, el equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo no es un detalle técnico sino la columna vertebral del pacto republicano. En Argentina, la oposición prepara para septiembre una reforma que obligaría a que los decretos presidenciales de necesidad y urgencia sean aprobados por ambas cámaras del Congreso, poniendo freno a una herramienta que el gobierno de Milei ha utilizado con amplitud inusual. La iniciativa, respaldada por gobernadores y el kirchnerismo, surge en un momento en que el escándalo por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad ha
La oposición avanza con reforma para limitar decretos presidenciales en medio de crisis del Gobierno
Gobernar por decreto se vuelve más fácil que por Congreso
Mark
¿Por qué la oposición decide ahora limitar los decretos presidenciales si el kirchnerismo fue quien los impulsó?
Mimi
Porque la misma herramienta que te sirve cuando gobiernas se convierte en un problema cuando la usa tu adversario. El kirchnerismo la defendió cuando tenía mayoría en el Senado. Ahora, con Milei usando decretos para gobernar sin el Congreso, ven que necesitan cambiar las reglas.
Luke
Pero hay que ser precisos: el proyecto requiere aprobación de ambas cámaras, lo que en realidad no es tan diferente del sistema actual donde basta una. Milei tiene mayoría en Diputados, así que podría seguir ratificando decretos igual que antes.
Mark
¿Entonces la reforma no cambia mucho?
Mimi
Cambia en los detalles que importan. El plazo de 90 días obliga a tratar los decretos, no dejarlos cajoneados. Y la limitación de una materia por decreto evita lo que pasó con el DNU 70/23, que tenía 366 artículos.
Luke
Cierto, pero hay una disidencia interna. Romero, que es aliado del oficialismo, propone que si una cámara rechaza y la otra aprueba, vuelva a la primera. Eso sí sería un cambio real. Sin eso, es más cosmético.
Mark
¿Qué pasa si Milei veta las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica?
Mimi
Eso acelera todo. La oposición incluiría esos vetos en la sesión de septiembre, convirtiendo la reforma de decretos en parte de una batalla más grande sobre el poder del Ejecutivo.
Luke
Y hay que notar que el proyecto fue dictaminado con apoyo de todos excepto La Libertad Avanza. Eso es una coalición opositora bastante unida, lo que no es común en Argentina.
Mark
¿Cuál es el riesgo real para Milei?
Mimi
Que pierda la capacidad de gobernar por decreto en temas controvertidos. Si necesita aprobación de ambas cámaras y tiene que tratar cada decreto en 90 días, su margen de maniobra se reduce drásticamente.
Luke
Aunque hay que recordar que esto es una propuesta. Todavía no está aprobada, y Milei podría vetar la reforma misma si llega a su escritorio.
O Pulso
- La oposición convocará a sesión extraordinaria en la primera semana de septiembre con una agenda que desafía directamente el estilo de gobierno de Milei: reforma de los DNU, vetos universitarios, emergencia pediátrica y coparticipación.
- El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad ha erosionado el capital político del oficialismo justo cuando la oposición necesitaba una ventana para avanzar.
- El proyecto ya tiene dictamen de comisión y apoyo de todos los bloques excepto La Libertad Avanza, lo que sugiere una coalición opositora inusualmente cohesionada.
- La reforma introduce un plazo de 90 días para que el Congreso trate cada decreto: si vence sin votación, el decreto queda automáticamente derogado, obligando al Poder Legislativo a actuar en lugar de ignorar.
- Si se aprueba, Milei no podrá dictar un nuevo decreto sobre una materia rechazada durante el mismo año parlamentario, lo que limitaría severamente su capacidad de gobernar por vía ejecutiva en temas controversiales.
En las democracias maduras, el equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo no es un detalle técnico sino la columna vertebral del pacto republicano. En Argentina, la oposición prepara para septiembre una reforma que obligaría a que los decretos presidenciales de necesidad y urgencia sean aprobados por ambas cámaras del Congreso, poniendo freno a una herramienta que el gobierno de Milei ha utilizado con amplitud inusual. La iniciativa, respaldada por gobernadores y el kirchnerismo, surge en un momento en que el escándalo por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad ha debilitado la posición del oficialismo, recordándonos que las crisis de legitimidad suelen ser el momento en que las instituciones buscan redefinir sus límites.
La oposición argentina está preparando una batalla legislativa que podría redefinir los límites del poder presidencial. Para la primera semana de septiembre planean convocar una sesión extraordinaria con un temario amplio: reformar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, y enfrentar los vetos de Milei a proyectos de financiamiento universitario, emergencia pediátrica y coparticipación. El contexto político les es favorable: el gobierno atraviesa una crisis por un escándalo de audios que revelan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El núcleo de la reforma es simple pero de consecuencias profundas: cualquier DNU deberá ser aprobado por ambas cámaras del Congreso para mantenerse vigente, en lugar del sistema actual que permite su supervivencia con el apoyo de una sola. También se establece que cada decreto debe abordar una única materia —cerrando la puerta a megadecretos como el DNU 70/23, que contenía 366 artículos— y se fija un plazo de 90 días desde su publicación para que el Congreso lo trate. Si ese plazo vence sin votación, el decreto cae automáticamente. Si es rechazado, el Ejecutivo no podrá legislar sobre esa misma materia por decreto durante el resto del año parlamentario.
Hay una ironía política evidente: el kirchnerismo, que fue impulsor original de esta herramienta y la defendió durante sus gobiernos, ahora encabeza el esfuerzo por limitarla. El cambio de postura ilustra cómo los instrumentos del poder se revalúan según quién los empuña. Un senador opositor lo resumió con claridad: si el Gobierno veta las leyes del Congreso y gobierna por decreto, existe el riesgo real de que un día modifique la ley de coparticipación por esa vía.
El proyecto fue dictaminado con apoyo de todos los bloques excepto La Libertad Avanza, señal de una coalición opositora unida, al menos por ahora. La agenda definitiva de septiembre dependerá en parte de los tiempos del Ejecutivo: Milei tiene diez días hábiles para vetar las leyes que el Congreso le gire, y según cuándo lo haga, la oposición ajustará qué incluir en la sesión. Lo que no está en duda es el objetivo: terminar con lo que consideran una distorsión republicana, donde resulta más fácil gobernar por decreto que a través del Congreso.
La oposición argentina está preparando el terreno para una batalla legislativa que podría transformar fundamentalmente cómo gobierna Javier Milei. En la primera semana de septiembre, planean convocar a sesión extraordinaria del Congreso con un temario ambicioso: no solo buscan reformar la ley que regula los decretos presidenciales, sino también enfrentar los vetos presidenciales a proyectos de financiamiento universitario, emergencia pediátrica y coparticipación de fondos nacionales. Todo esto ocurre mientras el Gobierno enfrenta una crisis política por el escándalo de audios que revelan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que ha debilitado su posición legislativa.
El proyecto que ya cuenta con dictamen de comisión y apoyo de gobernadores y del kirchnerismo plantea cambios sustanciales al mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia. La propuesta central es que cualquier DNU requiera aprobación de ambas cámaras del Congreso para mantenerse vigente, en lugar del sistema actual donde basta con el apoyo de una sola cámara. Esto representa un giro notable: el kirchnerismo, que fue impulsor original de esta herramienta y la defendió durante su administración, ahora busca limitarla bajo un gobierno que la ha utilizado extensivamente. El cambio de postura refleja cómo la misma herramienta que fue útil para un gobierno se convierte en amenaza bajo otro.
La reforma también establece que cada decreto debe tratar una única materia, evitando así lo que ocurrió con el DNU 70/23 conocido como "Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina", que contenía 366 artículos y fue rechazado por el Senado pero quedó cajoneado en Diputados. Además, fija un plazo de 90 días corridos desde la publicación en el Boletín Oficial para que el Congreso trate el decreto. Si vence ese plazo sin tratamiento, el decreto queda automáticamente derogado. Esto obliga al Congreso a actuar en lugar de dejar proyectos sin resolver en comisiones. Si un decreto es rechazado, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro sobre la misma materia durante ese año parlamentario.
La propuesta también permite que ambas cámaras traten los DNU incluso durante períodos de receso, lo que amplía las oportunidades legislativas para la oposición. Sin embargo, hay disidencias internas sobre los detalles. El senador salteño Juan Carlos Romero, aliado del oficialismo, propuso que si un decreto es rechazado por una cámara y aprobado por la otra, debería regresar a la primera para ratificarlo o insistir con el rechazo, similar al procedimiento de los proyectos de ley ordinarios. Algunos diputados oficialistas reconocen que el tema es bicameral y que "no es justo" que se apruebe o rechace por una sola cámara.
La urgencia de la oposición responde a una preocupación concreta. Un senador con influencia en su provincia alertó: "Si el Gobierno tiene decidido gobernar por decreto y las leyes que sanciona el Congreso las veta, algo hay que hacer porque sino un día va a cambiar la ley de coparticipación con un DNU". Esta frase captura el dilema político: Milei ha vetado leyes aprobadas por el Congreso y ha gobernado extensivamente por decreto, creando un escenario donde la legislatura se ve marginada. El proyecto de reforma busca reequilibrar ese poder.
La agenda de la oposición dependerá en parte de cómo actúe el Gobierno. Milei tiene 10 días hábiles para vetar cualquier ley sancionada por el Congreso, plazo que comienza a correr desde que el Congreso gira el proyecto al Ejecutivo. Dependiendo de cuándo vete los proyectos de financiamiento universitario, emergencia pediátrica y coparticipación, la oposición decidirá qué incluir en la sesión de septiembre. Lo que está claro es que buscan terminar con lo que consideran una distorsión: que sea más fácil aprobar una norma por decreto que a través del Congreso. El proyecto fue dictaminado esta semana con apoyo de todos los bloques excepto La Libertad Avanza, señal de que la coalición opositora está unida en este punto, al menos por ahora.
Citações Notáveis
Si el Gobierno tiene decidido gobernar por decreto y las leyes que sanciona el Congreso las veta, algo hay que hacer porque sino un día va a cambiar la ley de coparticipación con un DNU— Senador con influencia provincial
El tema es bicameral y no es justo que sea aprobado o rechazado por Diputados o el Senado— Diputado alineado con el oficialismo
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