La OMS alerta: pandemia interrumpió servicios de salud mental en 93% de países

La Organización Mundial de la Salud presentó en octubre de 2020 los resultados de una evaluación realizada en 130 países, y el panorama era desolador: en el 93 por ciento de las naciones del mundo, los servicios de salud mental habían sufrido interrupciones significativas durante la pandemia de COVID-19. No se trataba de un problema menor o marginal. La OMS advertía que estas interrupciones podrían tener consecuencias económicas y sociales profundas, porque la pandemia había multiplicado exponencialmente las necesidades de atención psicológica justo cuando los sistemas de salud mental estaban colapsando.

Los números revelaban la magnitud del daño. En el 60 por ciento de los países evaluados, la atención en salud mental se interrumpió específicamente para las poblaciones más vulnerables: niños, adolescentes, personas mayores y mujeres embarazadas o en período posparto. Cuando se miraba a servicios específicos, la situación era aún más grave. El 67 por ciento de los países paralizó los servicios de terapia y psicoterapia. El 65 por ciento dejó de funcionar los programas destinados al tratamiento de la dependencia de opiáceos. En un tercio de los casos, los países detuvieron completamente las intervenciones de emergencia, aquellas dirigidas a personas con convulsiones prolongadas, delirios o síndromes de abstinencia.

Los factores que agravaron esta crisis eran múltiples y se reforzaban mutuamente. Los encierros obligados, que en algunos países se extendieron durante varios meses, generaron un aislamiento forzado. El miedo generalizado que el coronavirus despertó en la población, particularmente entre los grupos de mayor riesgo, se sumó al duelo por seres queridos fallecidos y a la angustia económica de quienes perdieron sus ingresos. Estas presiones emocionales se acumulaban precisamente cuando menos acceso había a apoyo profesional.

La OMS recordó un problema estructural que precedía a la pandemia: la salud mental había sido históricamente el área de la sanidad que menos recursos recibía de los presupuestos públicos, con un promedio inferior al 2 por ciento. Incluso antes del COVID-19, la pérdida de productividad debida a depresión y ansiedad entre trabajadores se estimaba en un billón de dólares anuales. Ahora, con las necesidades multiplicadas y los servicios interrumpidos, ese costo económico solo podía crecer.

Algunos países intentaron mitigar el problema mediante telemedicina y teleterapia en servicios de salud mental. Sin embargo, esta solución fue profundamente desigual. En los países desarrollados, ocho de cada diez lograron implementar estas alternativas remotas. En los países de bajos ingresos, apenas la mitad consiguió hacerlo. La brecha digital y de recursos se convirtió así en una barrera adicional para acceder a cuidado mental durante la crisis.

La OMS subrayaba que las personas que ya padecían enfermedades mentales, neurológicas o dependencia antes de la pandemia eran más susceptibles a infectarse con el coronavirus. Interrumpir su atención no solo agravaba sus condiciones preexistentes, sino que los exponía a mayor riesgo de contagio. Los datos económicos eran claros: por cada dólar que un gobierno invertía en servicios de salud mental, obtenía un retorno de cinco dólares. Era una inversión que se pagaba a sí misma.

Pero la realidad de los compromisos fue desalentadora. Prácticamente todos los países habían manifestado a la OMS su disposición a apoyar el área de salud mental durante la crisis. Sin embargo, menos del 17 por ciento realmente destinó fondos adicionales para ello. La brecha entre la intención declarada y la acción concreta era abismal. Mientras la pandemia multiplicaba las necesidades psicológicas y los servicios se desmoronaban, los gobiernos no estaban dispuestos a invertir recursos significativos en una solución que, según los propios datos de la OMS, generaba un retorno económico de cinco a uno.