La OIT alerta que el 47 % de latinoamericanos trabaja en la informalidad

Casi la mitad de los trabajadores en Latinoamérica no tiene acceso a protecciones laborales básicas. Esa es la conclusión central de un informe presentado esta semana por la Organización Internacional del Trabajo: en 2025, el 47 por ciento de la población económicamente activa en la región trabaja en la informalidad, sin cobertura de salud, sin regulación, sin estabilidad.

La cifra representa una ligera mejora respecto a 2024, cuando la tasa era 0,7 puntos porcentuales más alta. Pero ese descenso, según la OIT, es insuficiente. Desde 2021 la informalidad ha disminuido de manera consistente, pero el ritmo del cambio no es lo bastante rápido para transformar una característica que ya está profundamente enraizada en la estructura del mercado laboral regional. Lo que comenzó como un problema coyuntural se ha convertido en un rasgo permanente de cómo funciona el trabajo en América Latina.

La realidad varía dramáticamente de un país a otro. En Chile y Uruguay, la informalidad ronda el 25 por ciento. En el otro extremo, Bolivia supera el 80 por ciento, mientras que Perú y Ecuador rondan el 70 por ciento. Esa disparidad no es un detalle estadístico: obliga a repensar cómo se combate el problema. No existe una solución única. Las políticas que funcionarían en un país con infraestructura institucional fuerte y una base productiva diversa no necesariamente funcionan en contextos donde las capacidades del Estado son más limitadas o donde la economía depende más de sectores de baja productividad.

Los expertos de la OIT subrayan que la informalidad no es solo un problema para los trabajadores individuales. Afecta la estabilidad fiscal de los gobiernos, reduce la productividad agregada de las economías y perpetúa ciclos de pobreza. Un trabajador informal no contribuye al sistema de seguridad social, no tiene acceso a seguros de salud, no está protegido por regulaciones laborales. Cuando enferma, cuando envejece, cuando pierde su fuente de ingresos, no hay red que lo contenga.

Dos grupos cargan con el peso desproporcionado de esta realidad: los jóvenes y las mujeres. Para ellos, la informalidad no es una opción sino una puerta cerrada a oportunidades más estables. Entran al mercado laboral sin credenciales, sin conexiones, sin capital, y encuentran que el trabajo disponible es el que no ofrece protección ni futuro.

Ana Virginia Moreira, directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, señaló que después de la pandemia de covid-19, cuando la informalidad se disparó, los países han intentado reformar su legislación laboral y adaptarse a un nuevo contexto. Pero esos esfuerzos, aunque reales, no han sido suficientes. Lo que falta es voluntad política de más alto nivel, decisiones que vayan más allá de ajustes legislativos puntuales.

La OIT plantea que reducir la informalidad de manera sostenida requiere políticas activas y coordinadas que transformen la estructura productiva y laboral de fondo, no solo sus márgenes. Eso significa inversión en educación, en infraestructura, en capacidad institucional. Significa también un crecimiento económico más intenso que genere empleos de mejor calidad. Pero también significa que cada país debe diseñar su propio camino, adaptando esas políticas a su realidad específica: su estructura productiva, su capacidad institucional, las características de su mercado laboral.

Lo que está en juego es la vida cotidiana de cientos de millones de personas. No es un número abstracto. Es el trabajador que no puede acceder a un crédito porque no tiene contrato formal. Es la madre que no tiene licencia por maternidad. Es el anciano que trabajó toda su vida sin aportar a una pensión. La informalidad es el nombre que le damos a esa precariedad estructural.