La lucha contra el crimen cruza fronteras en América Latina

Tres países latinoamericanos están apostando por la misma apuesta: más fuerzas de seguridad, respuestas más duras, promesas de recuperar el control. En Ecuador, el presidente Noboa mantiene a las Fuerzas Armadas desplegadas en lo que denomina un "conflicto armado interno". En Chile, el gobierno impulsa una ofensiva frontal contra el crimen organizado. En Colombia, el nuevo liderazgo promete un combate sin tregua contra los grupos armados y el narcotráfico. Las tres naciones enfrentan crisis de seguridad distintas, pero los analistas ven un patrón común: lo que se conoce como "mano dura", una estrategia que amplía el protagonismo de militares y policías y endurece las penas.

Lo que sorprende a los expertos no es la estrategia en sí —América Latina ha recurrido a ella antes— sino quién la está impulsando ahora. Jeremy McDermott, cofundador del grupo de investigación InSight Crime, señala que Washington está promoviendo activamente este enfoque. En el pasado, dice, Estados Unidos había adoptado una posición más equilibrada, colocando la democracia y los derechos humanos en el centro de su estrategia antidrogas. Eso ha cambiado. Los tres países, además, comparten algo más: todos reafirman el modelo prohibicionista de la "guerra contra las drogas". Ninguno plantea regular los mercados de drogas. Todos abordan el problema desde una lógica fundamentalmente penal, policial o militar.

Pero los expertos consultados cuestionan si esta aproximación realmente funciona. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, es clara: el crimen organizado se combate fortaleciendo la administración de justicia. Sin una estrategia de persecución penal que refuerce las capacidades de investigación, que ataque el lavado de activos, que desmantle las redes de corrupción, que controle el tráfico de armas y el reclutamiento, advierte, "todo lo demás es meramente discursivo". McDermott va más lejos. La historia, dice, ha demostrado que la militarización por sí sola no funciona. El crimen organizado no es una amenaza militar convencional. Está arraigado en la sociedad, tiene capacidad para adaptarse, para mutar cuando las condiciones cambian.

Hay otro riesgo que los analistas subrayan. Renata Segura, directora del Programa para América Latina y el Caribe del International Crisis Group, advierte sobre lo que ocurre cuando se "decapita" a los grupos criminales. Tienden a fragmentarse. Y cuando se fragmentan, desencadenan disputas intensas por el control territorial. El resultado puede ser contraproducente: en lugar de reducir la violencia, puede provocar un repunte. Julián Quintero, sociólogo e investigador especializado en políticas de drogas, añade otra dimensión. Mientras se combate al campesino que cultiva, al transportista, al joven que vende en las calles, las redes de lavado de dinero continúan operando sin obstáculos a través del sistema financiero, el mercado inmobiliario y el comercio legal. La represión militar deja intacto el dinero.

La pregunta que surge es si estos son movimientos nacionales que coinciden en el tiempo o si comienza a perfilarse una estrategia regional coordinada. Goebertus es escéptica: por ahora ve solo anuncios políticos, no estrategias conjuntas. Quintero, en cambio, anticipa una mayor articulación. Habrá coordinación, dice, porque existe una afinidad política entre los gobiernos. Y el impulso dependerá en buena medida de Washington, particularmente de la administración Trump. La naturaleza misma del fenómeno lo exige. El crimen organizado es transnacional. No respeta fronteras. Se aprovecha de las brechas en la cooperación internacional y en las jurisdicciones. McDermott sostiene que los mayores avances contra el crimen organizado se han producido cuando se combina la presión de las fuerzas de seguridad con el fortalecimiento de la justicia, la lucha contra la corrupción y medidas económicas y sociales. Una política de fuerza que ignore los derechos humanos y desmantele los mecanismos de control democrático puede producir ganancias inmediatas en seguridad, pero a largo plazo genera más corrupción y debilita el apoyo de la sociedad civil. Para Quintero, las promesas de soluciones rápidas son "cantos de sirena" para sociedades golpeadas por la violencia. Ofrecen la expectativa de respuestas inmediatas frente a un fenómeno mucho más complejo de lo que parecen reconocer.