Alguien tiene que ser la voz del sentido común, y esa voz tiene que ser la de los punks
En Moscú, un tribunal ha declarado a Pussy Riot organización extremista, equiparando la disidencia artística con el terrorismo. La sentencia, dictada a puerta cerrada, convierte en delito cualquier vínculo con el grupo punk —incluso buscar sus canciones en internet— y se suma a condenas previas de hasta trece años en rebeldía contra sus integrantes. En el arco largo de la historia, este fallo representa un momento en que un Estado decide que el arte que incomoda al poder debe ser silenciado con las mismas herramientas que se usan contra la violencia.
- Un tribunal moscovita ha equiparado legalmente a Pussy Riot con células terroristas, convirtiendo la escucha de sus canciones en un acto potencialmente criminal.
- La sentencia responde a un videoclip pacifista de 2022 y a un concierto en Múnich donde una integrante orinó sobre un retrato de Putin, acciones que la Fiscalía calificó de amenaza a la seguridad del Estado.
- Las cinco integrantes ya cargaban con condenas en rebeldía de entre ocho y trece años por desacreditar al ejército ruso; esta nueva clasificación añade una capa adicional de persecución.
- La ley que sustenta la prohibición va más allá del grupo: también criminaliza el acceso a contenido opositor y publicaciones LGTB, extendiendo el control estatal sobre la vida digital de los ciudadanos.
- Desde el exilio, la cofundadora Nadezhda Tolokonnikova respondió con ironía, comparando el honor de ser declaradas extremistas con el de otras organizaciones proscritas como la Fundación Navalni o los Testigos de Jehová.
Un tribunal del distrito Tverskói de Moscú ha declarado a Pussy Riot organización extremista, equiparando al grupo punk con células terroristas. La resolución, dictada a puerta cerrada, permite penas de hasta seis años de cárcel por cualquier vínculo con la banda, incluyendo buscar sus canciones en internet.
La decisión tiene detonantes concretos: el videoclip «Mamá, no mires la televisión», publicado a finales de 2022, que contrasta desfiles militares rusos bendecidos por la Iglesia Ortodoxa con bombardeos sobre Kiev, Járkov y Mariúpol; y un concierto en Múnich en 2024 donde una integrante orinó sobre un retrato de Putin mientras el grupo coreaba consignas antibelicistas. La Fiscalía argumentó que ambas acciones representaban una amenaza a la seguridad del Estado.
Las cinco integrantes viven en el exilio desde el inicio de la invasión de Ucrania. En septiembre, otro tribunal moscovita ya las había condenado en rebeldía a entre ocho y trece años de prisión por desacreditar al ejército ruso. Esta nueva clasificación suma una capa más de persecución legal sobre quienes ya no pueden regresar a su país.
Nadezhda Tolokonnikova, cofundadora del grupo, respondió con ironía amarga: ser llamadas extremistas era un honor, dijo, comparándose con el Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea, la Unión de Escritores de Ucrania y la Fundación Navalni. En una entrevista posterior invocó la figura de un santo ruso que desafió al zar Iván el Terrible, sugiriendo que alguien debe ser la voz del sentido común aunque esa voz venga de punks.
La represión alcanza también al entorno del grupo. El abogado de Pussy Riot y una exdiputada moscovita enfrentan juicio en ausencia por supuesta colaboración con el batallón ucranio Azov, lo que revela cómo la red de persecución se extiende hacia quienes apoyan o defienden a la banda.
Un tribunal de Moscú ha convertido a Pussy Riot en organización extremista. La sentencia, dictada a puerta cerrada por el juzgado del distrito Tverskói, equipara ahora al grupo punk con células terroristas y abre la puerta a penas de hasta seis años de cárcel por cualquier vínculo con la banda. Incluso buscar sus canciones en internet es delito punible bajo la nueva clasificación.
La decisión judicial responde a acciones específicas: la publicación a finales de 2022 de "Mamá, no mires la televisión", un videoclip que contrasta desfiles militares rusos bendecidos por la Iglesia Ortodoxa con bombardeos de ciudades ucranianas como Kiev, Járkov, Mariúpol y Dnipro. También pesó en la sentencia un concierto en Múnich en 2024 donde una integrante orinó sobre un retrato de Vladímir Putin mientras el grupo coreaba consignas contra la guerra. La Fiscalía argumentó que estas acciones "representan una amenaza a la seguridad del Estado".
El alcance de la prohibición es amplio. La ley que sustenta la clasificación de extremista no solo afecta a Pussy Riot: también criminaliza la búsqueda de contenido de movimientos opositores al Kremlin y publicaciones LGTB. Es una herramienta legal que extiende el control estatal sobre lo que los ciudadanos pueden consultar en línea.
Las cinco integrantes de la banda viven en el exilio desde que comenzó la invasión de Ucrania. En septiembre de este año, otro tribunal moscovita ya las había condenado en rebeldía a entre ocho y trece años de prisión por el delito de desacreditar al ejército ruso, conforme al artículo 207.3 del código penal. Ahora enfrentan una capa adicional de persecución legal.
Nadezhda Tolokonnikova, cofundadora del grupo, respondió a la noticia de la petición de prohibición con ironía amarga. Declaró que ser etiquetadas como extremistas era un honor, comparándose con otras organizaciones proscritas: el Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea, la Unión de Escritores de Ucrania, los Testigos de Jehová y la Fundación contra la corrupción del disidente Alexéi Navalni. En una entrevista posterior, Tolokonnikova invocó la figura de un santo ruso que se atrevió a desafiar al zar Iván el Terrible, sugiriendo que alguien debe ser "la voz del sentido común" incluso cuando esa voz viene de punks y artistas.
La represión contra Pussy Riot no es nueva. En 2012, tres activistas del grupo fueron condenadas a dos años de prisión por "vandalismo" tras una actuación dentro de la catedral de Cristo Salvador de Moscú. Años después, en 2018, durante la final del Mundial de Rusia, el grupo invadió el campo en protesta. Tolokonnikova adelantó en redes sociales que el Estado había trabajado en la prohibición "durante años, al menos desde el 2012".
La persecución se extiende más allá de la banda. En primavera, la justicia rusa abrió un juicio contra Dmitri Zajvatov, abogado de Pussy Riot, y María Solenova, exdiputada moscovita, acusados de recaudar fondos para el batallón ucranio Azov. Ambos son juzgados en ausencia por "colaboración con actividades terroristas" e "incitación pública a acciones contra la seguridad del Estado". La red de represión se amplía hacia quienes apoyan o defienden al grupo.
Notable Quotes
Estos idiotas han trabajado en esto durante años, al menos desde el 2012— Pussy Riot, en redes sociales antes de conocer la sentencia
Su etiquetación como extremista es un honor al equipararles con el Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea, la Unión de Escritores de Ucrania, los Testigos de Jehová y la Fundación contra la corrupción de Alexéi Navalni— Nadezhda Tolokonnikova, cofundadora de Pussy Riot
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué un tribunal ruso decide que una banda punk es una amenaza para la seguridad del Estado?
Porque criticaron la guerra en Ucrania. Un videoclip que muestra bombardeos junto a desfiles militares, un concierto donde se burlaron de Putin. Para el Estado ruso, eso no es arte ni protesta: es sedición.
Pero buscar algo en internet no es lo mismo que hacer algo. ¿Cómo se castiga una búsqueda?
Bajo esta ley, sí se castiga. La clasificación de extremista convierte el acto de consultar contenido en delito. Es control total: no solo prohíben al grupo, prohíben que la gente sepa que existe.
¿Esto es nuevo o parte de un patrón más largo?
Patrón largo. Desde 2012 han ido tras ellas. Pero ahora, con la guerra, la represión se vuelve sistemática. No es solo Pussy Riot: también abogados, exdiputados, cualquiera que las apoye.
¿Qué dice la banda sobre todo esto?
Que es un honor. Tolokonnikova comparó la prohibición con la de otras organizaciones proscritas: disidentes, grupos religiosos, movimientos de derechos humanos. Dice que alguien tiene que ser la voz del sentido común, y que esa voz tiene que venir de los punks.
¿Dónde están ahora?
En el exilio. Desde que comenzó la invasión. Y ya están condenadas a ocho o trece años de prisión en rebeldía. Esta nueva clasificación solo añade más años, más delitos, más razones para que no puedan volver.