Hay momentos en que la justicia deja de hablar solo de culpas personales y empieza a tocar la tierra misma, el ganado y los papeles que sostienen una fortuna. En Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal N° 4 decidió que Austral Agro S.A., la sociedad de Lázaro Báez y su hijo Martín, pase al Estado para saldar las multas impuestas por corrupción y lavado de dinero en la causa Ruta del Dinero K. Es una señal de que el peso de una condena puede recaer sobre el patrimonio que se creía a salvo, aunque el camino hacia su ejecución todavía dependa de una revisión superior.
La Justicia ordenó liquidar Austral Agro, la empresa agropecuaria de Lázaro Báez, para cubrir multas de la Ruta del Dinero K
La firma será liquidada para empezar a cubrir las multas
¿Qué cambió concretamente este viernes?
Los bienes de Austral Agro pasan a nombre del Estado y la empresa será liquidada para empezar a cubrir las multas de la Ruta del Dinero K: unos USD 329 millones para Lázaro y USD 274 millones para Martín.
¿Quién se hace cargo de la empresa mientras tanto?
La AABE, con carácter urgente. Las acciones quedan asignadas a la UIF.
¿Eso significa que ya se pueden vender los campos?
No. El fallo es apelable ante Casación, y solo si lo valida quedará firme para ejecutar los bienes.
¿Y cómo se conecta con la causa de Río Gallegos?
Es la misma empresa. El fiscal Zárate sostiene que Báez la usaba desde la cárcel para seguir explotando campos y ganado embargados.
Conviene separar: eso es una hipótesis de la fiscalía, no una condena. Los contratos con Godfrid e Ibáñez son lo que ella considera simulaciones.
¿Alcanza Austral Agro para pagar las multas?
No lo sabemos. Falta la valuación de los peritos de la Corte, y la nota solo habla de cubrir parcialmente: "empezar a cubrir".
Le Pouls
- Una resolución del Tribunal Oral Federal N° 4 ordena inscribir a nombre del Estado todos los bienes de Austral Agro S.A. y liquidar la sociedad.
- Las multas suman USD 329,2 millones para Lázaro Báez y USD 274,4 millones para su hijo Martín, y la cifra sacude el mapa patrimonial de la familia.
- La AABE recibe la orden de tomar el control de las estancias y del ganado con carácter urgente, mientras los peritos de la Corte valúan los activos.
- Una causa paralela en Río Gallegos acusa a Báez de dirigir desde Ezeiza una maniobra de contratos ganaderos simulados, lo que tensa aún más el caso.
- Nada se ejecuta todavía: la Cámara Federal de Casación Penal deberá validar el fallo antes de que el Estado pueda tomar efectivamente los campos.
Hay momentos en que la justicia deja de hablar solo de culpas personales y empieza a tocar la tierra misma, el ganado y los papeles que sostienen una fortuna. En Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal N° 4 decidió que Austral Agro S.A., la sociedad de Lázaro Báez y su hijo Martín, pase al Estado para saldar las multas impuestas por corrupción y lavado de dinero en la causa Ruta del Dinero K. Es una señal de que el peso de una condena puede recaer sobre el patrimonio que se creía a salvo, aunque el camino hacia su ejecución todavía dependa de una revisión superior.
El Tribunal Oral Federal N° 4 resolvió este viernes que todos los bienes de Austral Agro S.A., la empresa de Lázaro Báez y su hijo Martín, sean inscriptos a nombre del Estado Nacional. La sociedad será liquidada para comenzar a cubrir las multas fijadas por corrupción y lavado de dinero: USD 329.237.200 para el padre y USD 274.364.333 para el hijo. La orden lleva la firma de la jueza de ejecución Valeria Rico, a pedido del fiscal general Abel Córdoba.
La Unidad de Información Financiera quedará con asignación específica sobre las acciones, y la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá asumir el control de la compañía con carácter de urgente. Entre los activos figuran las estancias La Entrerriana, La Santafesina, La Ana, La Verdadera Argentina y Coronel Guarumba, además de unas mil ovejas y varios vehículos.
La empresa había vuelto al centro de la escena por una denuncia en Río Gallegos, donde el fiscal Julio Zárate sostiene que Báez, desde la cárcel de Ezeiza, lidera una asociación ilícita que explota campos embargados mediante contratos ganaderos que serían simulados. Uno de ellos vincula a Austral Agro con Paula Godfrid, quien aportó 7.000 ovejas, y otros pasan por Cristian Ibáñez, alias Budín, hoy detenido junto a Claudia Insaurralde.
El fallo puede apelarse ante la Cámara Federal de Casación Penal. Hasta que esa instancia lo confirme, la transferencia no será firme y los bienes no podrán ejecutarse. Ahora todo depende de la Casación.
El Tribunal Oral Federal N° 4, encargado de ejecutar la condena de la causa "Ruta del Dinero K", ordenó este viernes inscribir a nombre del Estado Nacional todos los bienes de Austral Agro S.A., la empresa del empresario patagónico Lázaro Báez y de su hijo Martín. La sociedad será liquidada para empezar a cubrir las multas económicas que fijó la sentencia por corrupción y lavado de dinero: USD 329.237.200 para Lázaro y USD 274.364.333 para Martín.
La resolución lleva la firma de la jueza de ejecución Valeria Rico, que actuó a pedido del fiscal general Abel Córdoba. Según el texto al que accedió Infobae, la magistrada dispuso la liquidación de las acciones de la sociedad para satisfacer, en el porcentaje correspondiente, las sanciones pecuniarias firmes que recaen sobre los condenados. El paquete accionario se reparte así: 70% de Lázaro Báez y 30% de su hijo. Quedará a nombre del Estado, con asignación específica a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Rico también dio intervención a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que deberá asumir "con carácter de urgente" el control de Austral Agro. Su tarea será gestionar la sociedad para que, con sus frutos y bienes, se procure pagar las multas pendientes. Además, el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema deberá valuar el patrimonio de la compañía y sus activos.
Según las fuentes consultadas, bajo la titularidad de Austral Agro figuran las estancias "La Entrerriana", "La Santafesina", "La Ana", "La Verdadera Argentina" y "Coronel Guarumba", además de un stock de ganado ovino que ascendería a 1.000 cabezas y distintos vehículos.
El fallo puede apelarse ante la Cámara Federal de Casación Penal. Si esta lo valida, recién entonces quedará firme y podrán empezar a ejecutarse los bienes.
La empresa había vuelto al foco días atrás por una causa nueva en la Justicia Federal de Río Gallegos. El fiscal Julio Zárate acusó a Báez de liderar, desde la cárcel de Ezeiza, una asociación ilícita que explota económicamente los campos y el ganado de Austral Agro, pese a que están embargados. Báez cumple allí una condena de 15 años por las causas "Vialidad" y "La Ruta del Dinero K".
Según la fiscalía, la firma fue una de las principales plataformas para seguir operando y canalizando activos eludiendo el control judicial, con apariencia de actividad ganadera legítima. El ejemplo más claro es un contrato de capitalización ganadera del 22 de marzo de 2025 entre la entonces presidenta de Austral Agro, Belén Casafúz Parada, y Paula Beatriz Godfrid, imputada en la causa. Godfrid aportó 7.000 ovejas propias para cría y engorde en Coronel Guarumba, que se sumaron a las 1.000 de la empresa. Para la fiscalía es una simulación para mover dinero.
El esquema habría justificado transferencias millonarias de Godfrid a Cristian Sebastián Ibáñez, alias "Budín", hombre de confianza de Báez en Río Gallegos, con arrendamientos de $5.000.000 mensuales durante el primer año. Ibáñez está detenido en la Prefectura Naval, en Retiro, junto a Claudia Insaurralde, pareja de Báez y presunta cómplice. La hipótesis es que ambos ejecutaban las órdenes que el empresario daba por teléfono desde prisión.
Hay otros contratos bajo la lupa. En "La Entrerriana" se firmó el 1 de mayo de 2026 una locación rural a favor de Ibáñez por $2.000.000 mensuales. Según las planillas secuestradas, acumula una deuda de $12.000.000 por no haber pagado desde el inicio, lo que para el fiscal evidencia un manejo simulado entre los miembros de la organización. Ahora todo depende de la Casación.
Citations marquantes
Liquidación de las acciones de aquella sociedad, a efectos de satisfacer las sanciones pecuniarias firmes recaídas sobre los condenados.— Resolución de la jueza Valeria Rico