La justicia internacional después de Mladić: el poder de impedir narrativas falsas

Los tribunales internacionales no pueden devolver la vida a los muertos ni restaurar lo que fue destruido. No pueden deshacer una masacre, no pueden reconstruir una ciudad arrasada, no pueden reunir a una familia despedazada. Pero tienen un poder que, en el contexto de los crímenes más graves contra la humanidad, resulta ser casi tan importante: pueden fijar la verdad en el registro histórico de manera que los perpetradores no puedan reescribirla a su antojo.

Este es el legado que emerge del caso de Ratko Mladić, el general bosnio condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante las guerras de los Balcanes en los años noventa. Miles de personas fueron asesinadas bajo su mando. Decenas de miles fueron desplazadas. Comunidades enteras fueron borradas del mapa. Los números son abrumadores, pero los números solos no cuentan la historia completa. Lo que importa, en cierto sentido, es que alguien haya documentado qué sucedió realmente, que alguien haya obligado a los responsables a enfrentar los hechos en lugar de permitirles construir una narrativa alternativa.

La justicia internacional opera dentro de límites estrictos. No es omnipotente. No puede castigar a todos los que cometieron atrocidades. No puede satisfacer completamente el hambre de justicia de las víctimas. Pero lo que sí puede hacer es establecer un registro que sea difícil de negar, difícil de distorsionar, difícil de ignorar. Cuando un tribunal internacional examina las pruebas, escucha a los testigos, analiza los documentos y emite una sentencia, está creando algo que trasciende el momento del juicio: está creando un archivo de la verdad.

En contextos donde los gobiernos o los grupos armados tienen incentivos para reescribir la historia, donde la propaganda y la negación son herramientas políticas, esta función de los tribunales adquiere una importancia casi existencial. No se trata solo de castigar a individuos, aunque eso también importa. Se trata de impedir que la mentira se solidifique, que la falsedad se convierta en la versión oficial de los hechos, que las víctimas sean borradas no solo físicamente sino también de la memoria colectiva.

El caso de Mladić involucra algunos de los crímenes más atroces cometidos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La masacre de Srebrenica, donde más de ocho mil hombres y niños fueron asesinados en cuestión de días. Los ataques contra civiles en Sarajevo. La limpieza étnica sistemática. Estos no son hechos abstractos o cifras estadísticas. Son eventos específicos, documentados, con nombres y fechas y lugares. Y ahora están en el registro oficial de un tribunal internacional, de manera que ningún futuro político, ningún historiador revisionista, puede simplemente declararlos inexistentes.

Esto no es una solución completa. La justicia internacional tiene limitaciones inherentes. Algunos perpetradores nunca serán juzgados. Algunos casos nunca serán resueltos. Las sentencias no devuelven a los muertos ni reparan completamente el daño. Pero en un mundo donde la verdad es constantemente disputada, donde los poderosos a menudo tienen la capacidad de imponer su versión de los hechos, los tribunales internacionales funcionan como un contrapeso. Establecen que ciertos hechos son verificables, que ciertos crímenes fueron cometidos, que ciertos responsables fueron identificados.

El legado del caso Mladić, entonces, no reside solo en la condena de un hombre. Reside en el precedente que establece sobre cómo la comunidad internacional puede abordar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Reside en la afirmación de que existe un mecanismo, imperfecto pero real, para documentar la verdad cuando los perpetradores preferirían que desapareciera. En un futuro donde nuevos conflictos inevitablemente generarán nuevas atrocidades, esa capacidad de fijar la verdad en el registro histórico será más importante que nunca.