En España, los tribunales han dejado de ser meros árbitros de la ley para convertirse en actores que moldean la agenda política del país. Este desplazamiento no nació de una ambición judicial, sino del vacío que la política convencional ha ido dejando sin cubrir. Sentencias que desconciertan por su aparente falta de proporcionalidad —desde la condena al fiscal general hasta el rechazo de la amnistía del procés— revelan que el poder se ha redistribuido sin que nadie lo haya elegido conscientemente. La pregunta que subyace no es si los jueces actúan bien o mal, sino cuánto tiempo puede una democ