La Junta Electoral debate cómo ejecutar la orden del Supremo sobre la suspensión del voto de nacionalizados

La Junta Electoral Central se reúne este lunes en el Congreso de los Diputados para enfrentar una orden del Tribunal Supremo que ha suspendido el derecho al voto de decenas de miles de españoles. Estos ciudadanos obtuvieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, aprobada hace cuatro años y conocida popularmente como ley de nietos, que facilitó la naturalización de descendientes de exiliados de la Guerra Civil. El tribunal ha ordenado que se separen dos grupos: quienes acreditaron ser descendientes de exiliados políticos, ideológicos u orientados por razones de orientación sexual, y quienes se nacionalizaron bajo una instrucción del Ministerio de Justicia que amplió la definición de exiliado a todos los españoles que abandonaron el país entre julio de 1936 y finales de 1955. Solo el primer grupo mantendrá el derecho a votar.

La mayoría de los miembros de la Junta Electoral sostiene que no le corresponde debatir el fondo de la cuestión: la legalidad de esas nacionalizaciones. Defienden que su función se limita a resolver aspectos técnicos sobre cómo y dónde deberían votar estos ciudadanos. Esta posición fue respaldada en una reunión de julio por nueve votos contra cuatro. Los vocales propuestos por el Partido Popular, sin embargo, alineados con la mayoría de la sala del Supremo, argumentan que la instrucción que flexibilizó las nacionalizaciones va más allá del contenido de la ley y que la Junta Electoral sí tiene competencia para pronunciarse sobre el asunto.

La orden del Supremo ha generado un revuelo político y jurídico sin precedentes. El tribunal ha encargado a la Junta Electoral que requiera de inmediato a los registros consulares para que estos, a su vez, ordenen a la Oficina del Censo Electoral que desglose las inscripciones. La dificultad es monumental: según datos del Gobierno, más de 500.000 inscripciones o solicitudes de inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes se han efectuado a raíz de la ley de nietos. No está claro que sea posible determinar cuáles se hicieron bajo la ley original y cuáles derivaron de la instrucción que el Supremo cuestiona. Las fuentes consultadas advierten que revisar una a una estas inscripciones presenta obstáculos técnicos y administrativos considerables.

El tribunal ha fijado plazos perentorios. La Junta Electoral debe entregar en quince días un informe sobre los criterios que determinan en qué municipio se inscribe a cada nuevo elector y cómo reforzar la objetividad y homogeneidad de las reglas aplicables por las oficinas consulares. Además, debe aprobar en diez días una instrucción que rellene cualquier laguna detectada. Los miembros de la Junta Electoral adelantan su intención de centrarse en la reunión de este lunes en fijar ese calendario y presionar al Instituto Nacional de Estadística para que cumpla, aunque también quieren evitar otros debates más profundos sobre la competencia institucional.

El Gobierno y el Ministerio de Justicia están estudiando opciones de recursos. Consideran que el Supremo se ha extralimitado al suspender cautelarmente el derecho a voto de cientos de miles de ciudadanos ya nacionalizados. Recalcan que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó medidas similares cuando una asociación ultraderechista las solicitó en 2022. Mientras tanto, los consulados han paralizado de facto los trámites de expedientes en marcha, dejando la norma teóricamente en vigor pero sin efecto práctico, generando desconcierto administrativo.

Ni la modificación de la ley de nietos ni la instrucción con pautas interpretativas más flexibles fueron recurridas en plazo cuando se publicaron hace cuatro años. La instrucción controvertida interpretó que el objetivo de los legisladores al fijar el plazo temporal entre 1936 y 1955 era abarcar a todos los que salieron durante los años más duros de la posguerra y la dictadura, cuando España comenzaba a entrar en organismos internacionales. Fue la misma interpretación amplia de exilio político que se recogió en una instrucción aclaratoria de la ley de Memoria Democrática de 2008, que tampoco fue recurrida. Numerosos dirigentes del Partido Popular, desde Manuel Fraga hasta Alberto Núñez Feijóo, prometieron en viajes y actos de campaña con emigrantes que facilitarían la nacionalidad a todos los familiares de exiliados.

El Supremo justificó su orden de suspensión argumentando que existe un peligro fundado, real y serio de que un incremento extraordinario del Censo Electoral de Residentes Ausentes altere el resultado deseado por los españoles en futuras elecciones. Esta tesis ha sido abonada en los últimos meses por Vox y respaldada por el Partido Popular. El tribunal puso el foco en el crecimiento que ha experimentado el censo de votantes residentes en el extranjero. La reunión de este lunes será decisiva para determinar cómo la Junta Electoral navegará entre la orden del Supremo, sus propias limitaciones institucionales y las presiones políticas que rodean una decisión que afecta a decenas de miles de ciudadanos españoles.