En España, el Tribunal Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central que determine cómo aplicar la llamada 'ley de nietos', una normativa que restituiría derechos electorales a descendientes de exiliados políticos. La decisión abre un debate que va más allá de la logística: toca la pregunta de qué significa pertenecer a una comunidad política y cómo una nación repara las exclusiones que impuso en el pasado. Lo que se resuelva en los próximos meses podría redefinir quién es ciudadano español en el siglo veintiuno.
La Junta Electoral debate cómo ejecutar la orden del Supremo sobre la 'ley de nietos'
Afecta a descendientes de exiliados que históricamente han sido privados de derechos políticos y de participación electoral.