La Junta de Andalucía desvía fondos del canon del agua destinados a depuración pese a las multas de la UE

El presupuesto andaluz para 2027, que acaba de iniciar su tramitación, contiene una previsión que afecta a la factura del agua de todos los hogares de la comunidad: el dinero del canon del agua, que cada usuario paga mensualmente y que nació para financiar la depuración, podrá destinarse también a otras obras hidráulicas. Lo ha explicado la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Según España, los fondos previstos para saneamiento podrán servir para "financiar tanto nuevas infraestructuras de regulación y desalación como los gastos de conservación y mantenimiento de presas, embalses y otras infraestructuras hidráulicas esenciales para el abastecimiento". La consejera defiende que la medida es excepcional, limitada al periodo entre 2027 y 2030 y sujeta a que se cumplan determinadas condiciones.

El episodio no es el primero. Tanto los gobiernos socialistas como los posteriores del PP recaudaron el canon sin invertirlo por completo. El primer Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) lo derogó en 2022, después de calificarlo de "fraude", y lo reimplantó al año siguiente con un 30% de incremento. El pasado ejercicio, el dinero se dedicó a reparar los daños causados por las intensas lluvias.

Mientras tanto, la falta de depuración tiene un coste concreto. Las multas por este motivo suman 84.772.670 euros desde 2018, y se prevé que la cifra llegue a 100 millones al cierre de la década. Además, según la Fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía del ejercicio 2024, el Gobierno autonómico acumuló 678,28 millones de euros recaudados con este canon que no aplicó a las obras para las que estaban previstos.

La desviación no es ilegal. La norma que regula el canon fija como finalidad "posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas de cualquier naturaleza correspondientes al ciclo integral del agua de uso urbano", una redacción amplia. Aun así, ha suscitado protestas. La Mesa Social del Agua, que reúne a organizaciones sociales, ambientales, agrarias, sindicales, científicas y de consumidores, considera de "especial gravedad" que Andalucía sea una de las comunidades con mayores déficits de depuración y acumule condenas y sanciones. En diciembre pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que España incumplió de forma reiterada la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales en unas cincuenta aglomeraciones urbanas y áreas intermunicipales de más de 10.000 habitantes, con presencia destacada de las andaluzas.

Luis Babiano, gerente de la Asociación de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (Aeopas), se pregunta cómo pretende España asumir obligaciones ambientales cada vez más exigentes si mantiene pendientes compromisos de una norma de 1991. Recuerda que hay tecnología, técnicos y empresas capaces de cumplir, pero que hace falta continuidad presupuestaria, porque estas instalaciones tardan décadas en crearse y mantenerse. Y advierte de que anunciar obras no basta: una depuradora licitada no es una instalación construida, ni una obra recepcionada equivale a una planta que depura conforme a su autorización de vertido.

Aeopas señala que los desvíos no son exclusivos de Andalucía: la Comunidad Valenciana aplazó el canon de saneamiento por la pandemia y la inflación. La asociación admite que la protección social era necesaria, pero subraya que aplazar no es condonar y que las depuradoras siguen gastando energía, pagando salarios y requiriendo mantenimiento durante las crisis. Sobre Andalucía, reconoce un avance en la ejecución de obras en 2024, aunque una mejora anual no elimina los atrasos acumulados. Garantizar el abastecimiento y mantener las presas es necesario, añade, pero hay que aclarar cómo se financia cada obligación y evitar trasladar costes duplicados a los usuarios.

Babiano no sostiene que toda ampliación del canon sea ilícita, dado que la regulación andaluza ya lo ha extendido históricamente más allá de la depuración estricta. Lo que exige es una justificación pública del destino del dinero, con compromisos verificables para las obras pendientes. Los operadores proponen que las administraciones, municipios incluidos, creen un instrumento de coordinación y acuerden planes territoriales con inventarios, diagnósticos, prioridades y programas de inversión, con compromisos de construcción, pero también de explotación, mantenimiento y reposición. La tramitación del presupuesto de 2027 será el primer escenario donde se vea si esa explicación llega.