En un país que todavía busca cerrar las heridas de su larga guerra, la justicia de paz colombiana volvió a mirar hacia atrás para nombrar lo que muchos prefirieron olvidar. La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a ocho exmilitares de inteligencia por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio contra la Unión Patriótica, un partido nacido en 1985 de la mano de exguerrilleros y borrado por una violencia que dejó a más de cinco mil setecientas personas muertas o desaparecidas. Es un recordatorio de que la paz no se firma solo con acuerdos, sino también con la verdad que se atreve a señal
La JEP imputa a ocho exmilitares de inteligencia por crímenes contra la Unión Patriótica
Primero los vigilaban en secreto; después los asesinaban o desaparecían
¿Qué cambia con esta imputación?
Se atribuye a militares de inteligencia un aparato clandestino que vigilaba, señalaba y coordinaba operaciones contra la Unión Patriótica. Es una acusación formal por genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.
¿Y las víctimas?
Más de 5,700 miembros del partido fueron masacrados entre 1985 y 1993. Los paramilitares actuaban, según la investigación, en connivencia con fuerzas estatales.
Conviene separar cosas: imputar no es condenar. Lo que describe Danilo Rojas es la tesis de la JEP, todavía por probarse en el proceso.
¿Hay algo que el reporte no aclara?
Sí. No nombra a los ocho imputados ni su rango, y los 27 hechos investigados se centran en Bogotá, no cubren todos los casos de las más de 5,700 víctimas.
Es cierto. La investigación habla de un patrón en varios puntos del país, pero esta imputación se apoya en esos 27 hechos.
¿Qué pesa el contexto político?
La JEP sufre una crisis de financiación, y el presidente De la Espriella, crítico del acuerdo, impulsó un recorte para 2027 que el Congreso discute.
Y el texto no establece relación causal entre ese recorte y esta decisión; solo los presenta como contexto simultáneo.
Der Puls
- Ocho exmilitares de inteligencia quedaron imputados por un patrón de vigilancia, asesinatos y desapariciones que golpeó a la Unión Patriótica entre 1985 y 1993.
- Más de 5.700 militantes fueron masacrados en una campaña de paramilitares con connivencia estatal, y el dolor de sus familias sigue sin cerrarse.
- La JEP investiga 27 hechos concentrados en Bogotá, incluyendo tortura y desaparición forzada de guerrilleros fuera de combate.
- El tribunal emite sus primeras sentencias mientras enfrenta una crisis de financiación y un recorte presupuestal propuesto para 2027 que el Congreso discute.
- Desde el poder, el gobierno de Abelardo de la Espriella cuestiona el acuerdo de paz, y el futuro de la JEP queda en el filo de esa disputa.
En un país que todavía busca cerrar las heridas de su larga guerra, la justicia de paz colombiana volvió a mirar hacia atrás para nombrar lo que muchos prefirieron olvidar. La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a ocho exmilitares de inteligencia por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio contra la Unión Patriótica, un partido nacido en 1985 de la mano de exguerrilleros y borrado por una violencia que dejó a más de cinco mil setecientas personas muertas o desaparecidas. Es un recordatorio de que la paz no se firma solo con acuerdos, sino también con la verdad que se atreve a señalar a quienes vigilaron, persiguieron y callaron. Hoy, mientras el tribunal avanza con su trabajo, la pregunta de cuánto puede sostenerse esa búsqueda de justicia sigue abierta.
El tribunal de paz de Colombia imputó este miércoles a ocho exmilitares de inteligencia por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio contra integrantes de la Unión Patriótica. La decisión llega desde la Jurisdicción Especial para la Paz, nacida del acuerdo de 2016 con las FARC, y responde a hechos ocurridos entre 1985 y 1993.
La Unión Patriótica fue fundada por exguerrilleros tras un intento fallido de paz. Sus detractores la señalaban como brazo político de la guerrilla, y en pocos años más de 5.700 de sus miembros fueron masacrados por paramilitares con complicidad de fuerzas estatales.
Según la investigación, la violencia seguía un patrón: primero la vigilancia secreta, después el asesinato o la desaparición sin rastro. El presidente de la JEP, Danilo Rojas, describió un "aparato criminal clandestino" dentro de la inteligencia militar. Los ocho imputados también responden por tortura y desaparición forzada de guerrilleros capturados, en 27 hechos concentrados en Bogotá.
La JEP enfrenta ahora una crisis de financiación y la falta de respaldo del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien critica el acuerdo de paz y propone recortar el presupuesto del tribunal para 2027. El Congreso debate esa medida, mientras el tribunal emite sus primeras sentencias.
El tribunal de paz de Colombia imputó este miércoles a ocho exmilitares de inteligencia por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio contra integrantes del partido de izquierda Unión Patriótica, entre 1985 y 1993. La decisión la tomó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal surgido del acuerdo de 2016 que puso fin al conflicto con las FARC.
La Unión Patriótica fue fundada en 1985 por exguerrilleros de las FARC, después de un intento fallido de negociar la paz. Sus detractores la acusaban de ser el brazo político de la guerrilla, en uno de los momentos más sangrientos del conflicto colombiano. Entre 1985 y 1993, más de 5,700 de sus miembros fueron masacrados, en medio de una campaña de terror orquestada por grupos paramilitares en connivencia con fuerzas estatales.
Según la investigación de la JEP, el patrón se repitió en varios puntos del país: primero se vigilaba en secreto a las víctimas y después se las asesinaba o se las desaparecía sin dejar rastro. Danilo Rojas, presidente de la JEP, habló en rueda de prensa de un “aparato criminal clandestino” dentro de las unidades de inteligencia estratégica del ejército nacional, que recogía información sobre blancos previamente definidos. Agregó que sus integrantes hacían seguimientos, hacían señalamientos y coordinaban operaciones clandestinas.
Los ocho exmilitares también fueron imputados por tortura y desaparición forzada de guerrilleros fuera de combate durante el mismo periodo. Entre las prácticas señaladas figuran los interrogatorios violentos, usados para debilitar a las organizaciones guerrilleras. Los magistrados investigaron 27 hechos, concentrados en la capital, Bogotá.
La JEP juzga los peores crímenes cometidos por los distintos actores del conflicto. Su sistema contempla penas alternativas a la cárcel a cambio de que los responsables reparen a las víctimas y cuenten la verdad.
La imputación llega en un momento delicado para el tribunal. La JEP emite actualmente sus primeras sentencias en medio de una crisis de financiación y de falta de apoyo del gobierno. El presidente derechista Abelardo de la Espriella, en el poder desde el 7 de agosto, critica el acuerdo de paz que desarmó a las FARC porque lo considera indulgente con los exguerrilleros. El mandatario impulsó un recorte presupuestal para la JEP en 2027, medida que actualmente discute el Congreso.
Bemerkenswerte Zitate
Existió un aparato criminal clandestino dentro de las unidades de inteligencia estratégica del ejército que recogía información sobre blancos previamente definidos.— Danilo Rojas, presidente de la JEP