La izquierda en vilo ante el descontento por vivienda a ocho meses de elecciones

El Gobierno corre contra el reloj. A ocho meses de las elecciones municipales, autonómicas y generales, negocia a contrarreloj —así lo expresó el presidente Pedro Sánchez— un decreto de vivienda que intenta frenar desahucios y congelaciones de alquiler. El real decreto, ya conocido como el "decreto Maricarmen" por el caso que lo precipitó, podría aprobarse este martes en el Consejo de Ministros. Pero lleva una debilidad incorporada: durará un mes, y si el Congreso no lo convalida en ese plazo, caducará, tal como sucedió hace seis meses con una medida similar.

El detonante fue el desalojo en Madrid de una mujer de 87 años, delicada de salud, que se desplaza en silla de ruedas. Su expulsión de la vivienda generó una onda de indignación que se tradujo en acampadas masivas. La noche del sábado, cientos de personas se congregaron en la Puerta del Sol impulsadas por el Sindicato de Inquilinas. Eran mayoritariamente jóvenes, aunque no solo. Sus consignas eran directas: "Gobierno progresista, hipócrita y rentista"; "Cae el rentismo o cae el gobierno". El mensaje llegó a las filas socialistas como una sacudida de desasosiego.

La pregunta que recorre los pasillos del Gobierno es si la vivienda —el primer problema para los españoles según todas las encuestas— se convertirá en el catalizador de una protesta más amplia. Y si es así, contra quién se dirigirá. Todo apunta a que el Gobierno central cargará con el peso. Las comunidades autónomas, que tienen competencias legislativas enormes en la materia, permanecen fuera del radar de la percepción ciudadana. El PP, por su parte, mantiene una estrategia consolidada: responsabilizar al Ejecutivo central de los ocho años de coalición, sin entrar en qué papel juegan las autonomías gobernadas por el Partido Popular.

Pedro Sánchez intentó contener la presión el domingo en un mitin del PSOE en Getafe, donde presentó candidatos para las elecciones madrileñas. "Pido a los grupos parlamentarios que dejen atrás la ideología y actúen con humanidad", pidió. En ese foro de socialistas, encontró apoyo. Pero no mencionó la acampada de la noche anterior ni respondió a las portavoces del Sindicato de Inquilinas, que habían sido claramente hostiles con el Gobierno. En su lugar, ofreció promesas. Óscar López, candidato a la Comunidad de Madrid y ministro de Transformación Digital, habló de intervenir el mercado de la vivienda revisando la fiscalidad de los fondos buitre y de congelar las subidas de alquiler.

La negociación es complicada. El Gobierno debe alcanzar acuerdo no solo con sus socios de izquierda —Sumar—, sino también con Junts, cuyos planteamientos se alejan de la intervención pública. Hace seis meses, Sumar no entró en el Consejo de Ministros hasta que el texto fue afinado. Aun así, el decreto solo duró un mes; el Congreso lo tumbó después. Ahora se trabaja bajo máxima presión para que no se repita el fracaso. Este lunes habrá movilizaciones en Barcelona en el acto al que asistirá Sánchez, y el domingo hubo concentraciones también por educación pública y por las educadoras infantiles, atrapadas en la precariedad y sin acceso a vivienda.

Cristina Monge, socióloga y politóloga, señala una paradoja: aunque las comunidades autónomas tienen las competencias reales en vivienda, es el Gobierno central quien puede ser más penalizado si no da una respuesta convincente. La razón es que este Ejecutivo tiene "una promesa fundacional en materia de vivienda y dentro de ella en impedir los desahucios". El problema se ha agravado desde 2011, cuando colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, V de Vivienda y Juventud sin Futuro cristalizaron el movimiento 15M. Aunque hay concomitancias entre entonces y ahora, aún es prematuro afirmar que las movilizaciones de estos días sean la reedición de aquel movimiento. Lo que sí es claro es que el Gobierno tiene poco tiempo para demostrar que puede resolver lo que la ciudadanía ve como su problema más urgente.