La invocación de Rawls por el ministro España contradice la doctrina del filósofo

El viernes pasado, el ministro de Hacienda Arcadi España se dirigió a través de estas páginas al filósofo John Rawls para respaldar el acuerdo de financiación autonómica que el Gobierno ha negociado con ERC para Cataluña y luego extendido al resto de comunidades autónomas. La invocación parece natural a primera vista: Rawls, uno de los pensadores más decisivos del siglo veinte, ofrece un marco que suena equitativo y racional. Pero hay razones sólidas para sospechar que esa referencia no solo distorsiona el pensamiento del filósofo de Baltimore, sino que lo contradice de manera fundamental.

Rawls propuso un experimento mental elegante: imagina que diseñas las reglas de una sociedad sin saber qué lugar ocuparías en ella. No sabrías si serías rico o pobre, enfermo o sano, nacido en una región próspera o en otra olvidada. Bajo ese "velo de ignorancia", como el ministro mismo lo describió, tendrías que razonar sobre qué distribución de recursos te parecería justa. El ministro explicó bien el concepto. El problema es que lo aplicó a una situación que lo contradice por completo.

Una negociación territorial, por su propia naturaleza, no puede recrear esa imparcialidad. Cada comunidad autónoma entra a la mesa sabiendo exactamente cuál es su situación, sus ingresos, sus necesidades, sus fortalezas políticas. ERC negoció desde una posición de poder que le permitió extraer concesiones. El Gobierno, debilitado en el Parlamento, cedió. Nada de esto ocurre bajo un velo de ignorancia. Todo ocurre bajo la luz cegadora de los intereses particulares y el cálculo político. Invocar a Rawls en estas circunstancias es como citar a un filósofo de la imparcialidad para justificar un trato que fue, por definición, parcial.

Hay además una colisión directa con el principio central de la teoría rawlsiana de la justicia. Para Rawls, las desigualdades solo tienen legitimidad cuando producen el máximo beneficio posible para los ciudadanos más desfavorecidos. No es un principio que diga que quien más aporta debe recibir más. Es lo opuesto: la prioridad es garantizar que los peor situados reciban lo máximo posible. Cuando el ministro defiende una reforma que permite que territorios en posición privilegiada en la negociación obtengan mayores ventajas financieras, está invirtiendo ese principio.

Hay además una confusión que el ministro desliza sin resolver. Rawls habla de ciudadanos, no de territorios. Una región infrafinanciada puede contener ciudadanos prósperos. Una región bien financiada puede albergar bolsas profundas de pobreza. Cuando se negocia territorio contra territorio, se pierde de vista a las personas que viven en ellos y sus circunstancias reales. La teoría rawlsiana exige que cualquier institución pueda justificarse ante todos, comenzando por quienes soportan sus peores consecuencias. Esa justificación es difícil de construir cuando algunos territorios parten de una posición negociadora privilegiada.

La reforma de financiación autonómica que el Gobierno ha pactado comienza desde un escenario que Rawls rechazaría. De ahí que resulte extraño, incluso desconcertante, apelar a su doctrina para legitimarla. La teoría de la justicia de Rawls no es una invitación genérica a que todos los intereses se reconcilien en algún punto medio. Es una exigencia específica: que las instituciones puedan justificarse de manera imparcial ante todos, especialmente ante quienes cargan con sus peores resultados. Ese marco es difícil de alcanzar cuando hay territorios que negocian desde una posición de ventaja.