La intervención estatal en vivienda arrasa con apoyo mayoritario incluso entre votantes de derechas

A los españoles se les presentó una pregunta clara hace poco más de una semana: ¿debería el Estado intervenir en el mercado de la vivienda para controlar los precios, aunque eso significara reducir las ganancias de los propietarios? O, por el contrario, ¿debería dejarse que la oferta y la demanda fijaran libremente los valores, sin importar quién quedara fuera del mercado?

La respuesta llegó contundente. Una encuesta de 40dB realizada entre el 25 y el 28 de septiembre, con dos mil entrevistas online, mostró que el 67,5% de los españoles respalda la intervención estatal para limitar precios de alquiler, incluso si eso reduce la rentabilidad de los caseros. Lo notable no es solo la magnitud del apoyo, sino quién lo respalda. Entre los votantes del PSOE, el porcentaje alcanza el 82,6%. Entre los de Sumar, el 95,8%. Entre los de Podemos, el 85,4%. Pero aquí está lo que rompe con las divisiones tradicionales: el 56,5% de los votantes del PP también lo apoya, como lo hace el 55,2% de los votantes de Vox. Incluso entre los propios caseros, el 56,5% está de acuerdo con medidas que limitarían sus ingresos.

En contraste, apenas el 21,7% de los encuestados cree que el mercado debe establecer los precios sin intervención estatal, sin importar las consecuencias para el acceso a la vivienda. El laissez-faire, en otras palabras, está en minoría clara.

La encuesta fue diseñada antes de que el Gobierno aprobara dos decretos sobre vivienda el martes 28 de septiembre, así que no preguntaba específicamente por esas medidas. Pero sí indagaba sobre políticas alineadas con ellas, y todas obtuvieron respaldo mayoritario. Entre el 70% y el 75% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con aplazar desahucios a personas vulnerables, regular los precios de alquiler y establecer topes anuales. Estas medidas cuentan con más apoyo que rechazo incluso entre los electorados de derechas y entre los propietarios, aunque con menor entusiasmo que en la izquierda.

Algunas intervenciones generan consenso aún más amplio. El 82,4% apoya ampliar la oferta de vivienda social, algo en lo que coinciden votantes de todos los partidos. El 79,7% está de acuerdo con dar ventajas fiscales a pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles, una medida que suele ser rechazada por Sumar y Podemos desde sus direcciones, pero que genera más adhesión que rechazo incluso entre sus votantes. La idea de subir impuestos a propietarios de viviendas vacías obtiene apoyo superior al 50%, aunque aquí aparecen las primeras grietas: la mayoría de caseros y votantes del PP y Vox se oponen. La medida con menor respaldo, la única por debajo del 50%, es limitar el número de viviendas que una persona puede poseer, aunque incluso entre votantes de izquierda hay más defensores que detractores.

Un dato adicional: el 67,9% de los encuestados respalda prohibir pisos turísticos en edificios residenciales. Aunque la izquierda lo defiende con más intensidad, también es mayoría entre votantes de derechas.

El caso de Maricarmen Abascal, cuyo desahucio el 23 de septiembre desencadenó la conmoción social que motivó esta encuesta, dejó huellas profundas pero no uniformes. El 93% de los encuestados ha oído hablar del caso. Sin embargo, hay divisiones ideológicas claras sobre sus implicaciones. El 61,8% considera que no se puede desalojar a una persona mayor sin alternativa habitacional, opinión mayoritaria en la izquierda pero minoritaria entre votantes del PP y Vox, quienes priorizan el derecho del propietario. Casi dos tercios apoyan la resistencia pacífica para impedir desahucios, pero esta opinión divide por la mitad a los electorados de derechas.

La vivienda ha escalado en las preocupaciones de los españoles. En 2023 era el cuarto tema que más inquietaba; ahora es el segundo, solo detrás de la inflación. Es una preocupación transversal, compartida por todas las generaciones y votantes de todos los partidos, aunque con prioridades distintas: la izquierda la ve como el asunto más urgente, mientras que la derecha la coloca por detrás de la inmigración. Cuando se pregunta por las causas, la izquierda identifica más a los fondos buitre y los pisos turísticos; la derecha ofrece explicaciones diferentes. Y cuando se trata de exigir soluciones, el 43,3% señala al Gobierno central como principal responsable, muy por delante de las comunidades autónomas (19,3%) y los ayuntamientos (5,3%), a pesar de que el Ejecutivo insiste en que las autonomías tienen las mayores atribuciones.