La industria de cogeneración denuncia un recorte de 475 millones como "sentencia de muerte"

El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto una consulta pública para redefinir cómo se retribuye la electricidad generada por plantas de cogeneración entre 2026 y 2031, y la propuesta ha encendido una alarma en la industria española. La Asociación Española de Cogeneración denuncia que los cambios propuestos significarían un recorte de 475 millones de euros anuales al sector, una cifra que la patronal describe sin rodeos como una sentencia de muerte para cientos de fábricas que dependen de estas instalaciones.

La cogeneración funciona de una manera relativamente simple: las grandes industrias —cerámicas, papeleras, químicas, alimentarias, refinerías, fabricantes de automóviles— generan electricidad aprovechando el calor residual de sus propios procesos de producción. En España operan alrededor de 600 plantas de este tipo, que reciben una retribución garantizada por ley a través del sistema Recore, el mismo mecanismo que se utiliza para las energías renovables reguladas. Históricamente, esta retribución ha reconocido ciertos costes operativos y de inversión que permiten a estas plantas mantenerse en funcionamiento.

La propuesta del ministerio toca tres puntos sensibles simultáneamente. El primero es el más grave: modifica cómo se reconocen los costes de dióxido de carbono. Las plantas de cogeneración pagan anualmente más de 500 millones de euros por derechos de emisión de CO2 —la diferencia entre lo que adquieren en el mercado y lo que reciben de forma gratuita—. El nuevo criterio del Gobierno reduciría el reconocimiento de estos costes, lo que obligaría a las industrias asociadas a asumir directamente el coste del calor suministrado. Acogen calcula que este cambio solo representa un impacto de más de 250 millones de euros anuales. El segundo golpe viene en forma de un incremento anual del 1% en los costes de operación y mantenimiento desde 2020, cuando según un informe de PwC, estos costes han subido aproximadamente un 50% en seis años —unos 11 euros por megavatio hora—, lo que deja sin reconocer otros 150 millones de euros. El tercero es un posible error de cálculo del Gobierno en el ajuste del ejercicio 2023 que Acogen cifra en 200 millones de euros pendientes de cobro, de los cuales el ministerio habría detraído arbitrariamente 75 millones al cambiar la metodología.

El timing de esta propuesta agrava la situación. La producción de cogeneración en España ya se ha desplomado un 50% en los últimos cinco años, y hay 1.300 millones de euros en inversiones bloqueadas esperando las subastas públicas que el propio ministerio prometió pero ha ido retrasando desde 2021. El sector ha pasado de generar el 12% de la electricidad española con cogeneración hace cinco años a apenas el 6% ahora. En comparación, Alemania obtiene el 20% de su electricidad de cogeneración e Italia el 35%. A nivel mundial, la cogeneración aporta el 15% de la electricidad; en Europa, el 12%.

Desde Acogen subrayan que la propuesta representa una pérdida de más de 1.500 millones de euros en facturación que el sector ya ha sufrido, y advierten de que si se aprueba tal como está planteada, conduciría al cierre completo de la cogeneración en España en los próximos años. La asociación denuncia que el ministerio está deteriorando el marco operativo de la cogeneración justo después de haberlo aprobado en 2024, lo que genera una incertidumbre regulatoria que paraliza inversiones y decisiones empresariales. El sector teme no solo el impacto directo en sus ingresos, sino también la cascada de consecuencias: pérdida de empleo en sectores manufactureros clave, aumento de precios de energía para las industrias, y una dependencia mayor de importaciones energéticas.