La Iglesia mexicana convoca diálogo nacional por la paz ante críticas al Gobierno

La Conferencia del Episcopado Mexicano publicó un comunicado el lunes que marca un punto de quiebre en su relación con el Gobierno. No es una carta de protesta más. Es una convocatoria a reimaginar cómo México responde a la violencia que ha consumido al país durante años. Los obispos han fijado fecha y lugar: del 21 al 23 de septiembre en la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde pretenden reunir a especialistas, víctimas, indígenas, migrantes y líderes locales para construir una Agenda Nacional de paz que sea, en sus palabras, "viable a las autoridades y al país".

El comunicado abre con un recuerdo que sigue ardiendo en la memoria institucional de la Iglesia mexicana. En junio de 2022, dos sacerdotes jesuitas —Javier Campos Morales, de 78 años, y Joaquín Mora, de 80— fueron asesinados a balazos dentro de la iglesia de Cerocahui, en la sierra Tarahumara de Chihuahua. Estaban protegiendo a un hombre perseguido, el guía turístico Pedro Palma, de 60 años, quien también fue ejecutado cuando hombres armados irrumpieron en el recinto. Aquel crimen fue el primero de varios que han llevado a los obispos a cuestionar públicamente si el Gobierno tiene verdadera capacidad —o verdadera voluntad— de controlar la violencia en territorios donde economías criminales operan sin restricción.

Dos días después de los asesinatos, la Fiscalía de Chihuahua ofreció una recompensa de cinco millones de pesos para capturar a José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, identificado como el presunto responsable. El Chueco llevaba años en la mira de las autoridades desde 2018. No fue hasta el 23 de marzo de este año cuando se informó que su cadáver había sido hallado en la sierra de Coix, Sinaloa. Pero para los obispos, el hecho de que el principal acusado terminara muerto en lugar de enfrentar justicia es síntoma de un problema más profundo: los territorios mexicanos están siendo gobernados por redes criminales que crecen en el vacío dejado por la negligencia gubernamental en todos sus niveles.

El comunicado no se detiene en el pasado. Termina con una denuncia que aún sangra: el 27 de marzo, 40 migrantes murieron consumidos por el fuego en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los obispos llaman a esto "irresponsable omisión de las autoridades". La acumulación de estas muertes —sacerdotes, un guía turístico, migrantes— forma un patrón que la Iglesia ya no puede ignorar en silencio. El comunicado dice que "tanta muerte es un llamado a trabajar por la justicia y la seguridad".

Los obispos han escalado el tono de sus críticas de manera deliberada. Cuando mataron a los jesuitas hace casi un año, la Iglesia pidió un cambio en la política de seguridad, convocó misas en todo el país y organizó pequeñas marchas de feligreses en la capital. Fue un acto de protesta. Ahora van más lejos: convocan a la sociedad civil a construir soluciones propias. El comunicado especifica quiénes deben estar en la mesa: especialistas, víctimas, pueblos indígenas, migrantes, líderes locales que han logrado mantener bajos índices delictivos en sus territorios, iglesias de distintas denominaciones, y quienes ya participan en conversatorios de paz y foros de justicia y seguridad.

Lo que está en juego es una pregunta fundamental: ¿puede la sociedad civil hacer lo que el Gobierno no ha hecho? Los obispos no dicen que el Gobierno sea incapaz. Dicen que ha descuidado su responsabilidad. Hay una diferencia. Una cosa es incompetencia; otra es abandono. El comunicado acusa a gobiernos de todos los niveles —federal, estatal, municipal— de permitir que el crimen organizado controle territorios enteros. La sierra Tarahumara, donde murieron los jesuitas, es mencionada específicamente como un lugar donde la inseguridad prevalece sin control.

La Iglesia mexicana está apostando a que septiembre traerá un cambio. Que reunir a voces cualificadas, escuchar a las víctimas, documentar las mejores prácticas locales y articular iniciativas de paz desde abajo puede producir algo que las políticas de seguridad del Gobierno no han logrado. Es un acto de fe, pero también de presión. Al convocar este diálogo nacional, los obispos están diciendo públicamente que esperan que el Gobierno escuche. Y si no lo hace, la responsabilidad será suya.