Las empresas deben inventariar sistemas de IA, clasificarlos por riesgo y auditar datos de entrenamiento para evitar sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7% de facturación. La gobernanza de IA requiere equipos híbridos de perfiles jurídicos, técnicos y de ciberseguridad; el mercado ya demanda abogados especializados y AI Governance Officers.