En España, miles de personas que tramitan su nacionalidad al amparo de la ley de nietos se encuentran suspendidas entre dos poderes del Estado: el Gobierno que les abrió la puerta legal y el Supremo que les cierra el acceso al voto mientras esperan. Este choque institucional no es solo una disputa técnica sobre interpretación jurídica, sino una pregunta más antigua sobre quién custodia los derechos fundamentales y quién tiene la última palabra cuando la ley y su aplicación se contradicen. En el centro de la controversia, personas reales aguardan en un limbo democrático, sin voz en las decision
La guerra entre el Supremo y el Gobierno continúa con la ley de nietos
Miles de personas pierden temporalmente derechos electorales durante el trámite de nacionalidad.