La guerra en Oriente Medio dispara el diésel 32 céntimos en seis días hacia los 2 euros

En seis días, el precio del diésel en la península española subió treinta y dos céntimos. El lunes pasado se pagaba 1,456 euros el litro. Este sábado, 1,77. Eso es un aumento del 22 por ciento, todo él concentrado en el tiempo que tardó Estados Unidos e Israel en lanzar sus ataques contra Irán.

Facua, la asociación de consumidores, vio en esos números algo que le preocupó lo suficiente como para escribir directamente al presidente del Gobierno. No era solo la magnitud del incremento. Era la velocidad. Era, sobre todo, la desproporción. Rubén Sánchez, secretario general de la organización, fue claro en una entrevista televisiva: los gasolineros estaban intentando sacar provecho de la crisis. El precio del petróleo había subido, sí, pero no tanto como el del diésel en las bombas. Y ese petróleo más caro ni siquiera había llegado todavía a las estaciones de servicio. Cinco o seis gasolineras ya cobraban dos euros o más por litro. Para Sánchez, eso no tenía justificación proporcional a lo que estaba sucediendo en los mercados internacionales.

El Gobierno, según Facua, tenía una herramienta que podría haber frenado esta espiral. Hace apenas dos semanas, el 25 de febrero, el Congreso había derogado un decreto ley que permitía establecer topes máximos a los precios de bienes y servicios esenciales en situaciones de emergencia. La mayoría que votó en contra —PP, Vox y Junts— tumbó una norma que habría permitido al Ejecutivo fijar límites basados en los precios de los treinta días anteriores a una crisis. Era una herramienta pensada precisamente para evitar lo que estaba pasando ahora: abusos como los que se vieron después del accidente de Adamuz, cuando los vuelos se encarecieron de forma desmesurada.

Facua envió cartas tanto a Pedro Sánchez como al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. Les pedía que el Consejo de Ministros volviera a aprobar esa modificación legal y que cada partido se retractara en una nueva votación en el Congreso. Era una apuesta por recuperar una capacidad de intervención que acababa de perder.

Mientras tanto, las estaciones de servicio pedían algo diferente. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio solicitó que el Gobierno siguiera el ejemplo de Portugal, que había anunciado una reducción temporal y extraordinaria del impuesto sobre el gasóleo. España podría hacer lo mismo: reducir temporalmente los impuestos especiales que gravan los combustibles para contener la escalada de precios.

El martes anterior, Sánchez había dicho que estaba estudiando medidas económicas para responder al impacto de la guerra en Irán. Pero entre la derogación del decreto ley y las peticiones de intervención, el Gobierno se encontraba en una posición incómoda: sin herramientas legales para fijar precios máximos, y con opciones limitadas para actuar rápido. Los consumidores españoles, mientras tanto, veían cómo el costo de llenar el depósito se alejaba cada día más de lo que pagaban una semana antes.