La gran industria advierte de un posible parón de actividad por la escalada de precios energéticos

La industria pesada española está en una encrucijada. Los precios de la electricidad y el gas natural han alcanzado máximos de tres años, con la electricidad superando los 140 euros por megavatio hora en días recientes y el gas natural escalando por encima de los 80 euros por megavatio hora, más del doble que hace un año. Para empresas cuya factura energética representa entre el 50 y el 60 por ciento de sus costes totales de producción, esta escalada no es un problema contable abstracto: es una amenaza existencial.

La guerra en Oriente Medio ha acelerado esta crisis. Desde agosto, el mercado mayorista de electricidad se ha mantenido casi permanentemente por encima de los 100 euros por megavatio hora. Las grandes corporaciones industriales—acereras como ArcelorMittal, Acerinox y Sidenor; fabricantes químicos como Ferroatlántica; productores de papel como Iberpapel; empresas cerámicas como Roca y Pamesa—están viendo cómo sus márgenes se erosionan día a día. Algunos ya han comenzado a reducir su actividad. El consumo de gas en el sector industrial ha caído más del 5 por ciento desde el inicio de este año, y ha descendido un 26 por ciento desde que comenzó la guerra de Ucrania en 2022.

Pedro González, director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía, que agrupa a unas treinta corporaciones electrointensivas, es directo en su diagnóstico: "La situación no es sostenible, y en algún momento llegará el hachazo". Ese hachazo seguiría una lógica brutal. Los costes energéticos suben. Las empresas intentan trasladar esos sobrecostes a los precios finales de sus productos. Los consumidores, enfrentados a precios más altos, reducen su demanda. Las industrias, sin mercado, recortan producción. González anticipa que "más pronto que tarde" habrá una caída significativa de la producción en los próximos meses. "La preocupación es máxima", dice.

Verónica Rivière, presidenta de GasIndustrial, la patronal que representa a empresas gasintensivas, describe un círculo vicioso ya en marcha. "Sólo vemos subir los precios del gas. Las empresas asumen el sobrecoste reduciendo rentabilidad o intentando trasladar parte al cliente. Si las compañías no pueden trasladarlo, el consumo de gas seguirá cayendo porque habrá menos producción". La industria española gasintensiva ha perdido una cuarta parte de su consumo de gas desde 2022, una cifra que refleja tanto la magnitud de la crisis como la capacidad de estas empresas para adaptarse—aunque sea mediante la contracción.

El sector siderúrgico, crucial como gran consumidor tanto de electricidad como de gas, aún no ha anunciado cierres inminentes. Carola Hermoso, directora general de Unesid, la patronal del acero, es cautelosa pero clara: "En este momento no contemplamos cierres ni reducciones de actividad como consecuencia directa de esta situación. Pero no podemos ignorar que unos costes energéticos persistentemente superiores a los de nuestros competidores agravan la pérdida de competitividad de la siderurgia española". Lo que preocupa a Hermoso es que un problema temporal se convierta en estructural, que España pierda de manera permanente capacidad industrial mientras sus competidores europeos disfrutan de ventajas y bonificaciones permanentes en sus facturas energéticas.

La industria española reclama ahora un escudo de medidas urgentes al Gobierno y a la Unión Europea. Piden rebajas fiscales, mayores bonificaciones en los costes vinculados a la energía, consolidación de las reducciones temporales en los peajes eléctricos, y ampliación de la compensación por costes indirectos de emisiones de CO2 desde los 600 millones previstos hasta al menos 1.000 millones este año. Algunos sectores van más lejos: Unesid sugiere recuperar la "excepción ibérica", el mecanismo que España utilizó durante la anterior crisis energética para desacoplar temporalmente el precio del gas del precio de la electricidad y contener así los costes.

Lo que está en juego es la viabilidad de plantas industriales españolas que llevan décadas operando, que emplean a decenas de miles de trabajadores, que son eslabones críticos en cadenas de suministro europeas. Sin intervención, la lógica de los mercados energéticos actuales apunta hacia una contracción que podría ser irreversible. Con intervención, existe la posibilidad de que España mantenga su base industrial mientras resuelve una crisis que, aunque acelerada por la geopolítica, refleja también vulnerabilidades estructurales más profundas en cómo se produce y se distribuye la energía en Europa.