La Generalitat pide al Gobierno que movilice al PSE para lograr un benchmark propio en derechos de CO₂

En la feria internacional de cerámica más importante de Europa, celebrada en Bolonia esta semana, la Generalitat Valenciana ha intensificado su presión sobre el Gobierno central para que intervenga en una batalla regulatoria que podría definir la viabilidad económica del sector cerámico castellonense en los próximos años. Felipe Carrasco, secretario autonómico de Industria, ha pedido explícitamente al Ejecutivo que movilice sus aliados políticos en el Parlamento Europeo —específicamente los socios del Partido Socialista Europeo— para influir en una votación prevista para octubre sobre los derechos de emisión de CO₂ en el período 2026-2030.

La disputa gira en torno a un número aparentemente técnico pero con consecuencias económicas reales. La Comisión Europea ha propuesto reducir un 20% las asignaciones gratuitas de derechos de emisión para las industrias. Frente a esto, el sector cerámico —con el apoyo tanto del Gobierno como de la administración autonómica— reclama un valor de referencia específico, un benchmark propio, que permitiría incrementar alrededor de un 12% esas asignaciones gratuitas. La diferencia entre una reducción del 20% y un incremento del 12% representa decenas de millones de euros en costes operativos para empresas que ya enfrentan presiones energéticas severas.

Carrasco ha sido claro en su diagnóstico del problema: el Gobierno no está haciendo lo suficiente. Ha pedido que no se limite a respaldar tres enmiendas parlamentarias —algo que ya está ocurriendo, con diputados del PP, PSOE y Compromís alineados en la posición— sino que despliegue toda su capacidad diplomática en Bruselas para conseguir el apoyo de otros Estados miembros. Esta exigencia refleja una realidad política incómoda: en julio, la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea ya rechazó el benchmark específico solicitado por la industria, en parte por la oposición de Francia y Alemania. Cualquier cambio en esa posición requerirá ahora un acuerdo entre los Estados miembros, lo que significa que el Gobierno español necesita convencer a sus socios europeos, no solo a los diputados.

Pero la batalla por los derechos de emisión es solo una parte de la presión que Carrasco ha ejercido esta semana. También ha reclamado medidas inmediatas para estabilizar los precios del gas, un coste que se ha disparado en las últimas semanas debido a la inestabilidad en Oriente Medio. Aquí, Carrasco ha señalado ejemplos concretos de lo que otros países ya están haciendo: Italia ha implementado una reducción de aproximadamente el 15% en el precio del gas para su industria, mientras que Alemania ha eliminado las tasas de almacenaje, una medida que ha generado ahorros de alrededor de 3.000 millones de euros para los consumidores de gas. El mensaje implícito es que España está quedando atrás en la protección de su base industrial.

La industria cerámica de Castellón no es un sector marginal. Genera más de 16.000 empleos directos, factura cerca de 5.000 millones de euros anuales y exporta el 70% de su producción. Este año, 72 empresas valencianas participan en Cersaie, la feria de referencia internacional para el sector, acompañadas por un número significativo de proveedores de fritas y esmaltes. Carrasco ha descrito la cerámica como el "puntal fundamental de la economía de la provincia más industrial de toda España", una caracterización que subraya por qué esta batalla regulatoria tiene peso político más allá de los círculos empresariales.

La Conselleria de Industria, dirigida por Marián Cano, ha respaldado públicamente al sector no solo con medidas puntuales sino también con políticas de clústeres diseñadas para mejorar la competitividad. Sin embargo, está claro que desde la administración autonómica consideran que el Gobierno central debe hacer más. La votación de octubre en el Parlamento Europeo será decisiva, pero también será solo un paso. Incluso si los eurodiputados respaldan el benchmark propio, la propuesta deberá sobrevivir a las negociaciones entre Estados miembros, un proceso en el que la capacidad del Gobierno español para construir coaliciones será determinante.