En el corazón de la mayor feria cerámica de Europa, la Generalitat Valenciana ha elevado su voz para reclamar que el Gobierno central convierta una disputa técnica sobre derechos de emisión en una causa diplomática de primer orden. Lo que está en juego no es solo un porcentaje de CO₂, sino la viabilidad de un sector que sostiene más de 16.000 empleos y define la identidad industrial de Castellón. La votación del Parlamento Europeo en octubre abre una ventana estrecha para revertir una propuesta que amenaza con encarecer aún más una industria ya presionada por la energía.