La Generación Z se rebela en Europa contra el deterioro del bienestar: vivienda, educación y precariedad

Madrid, París, Roma, Dublín, Atenas, Lyon, Oporto, Marsella, Barcelona, Bucarest, Belgrado, A Coruña, Milán, Lisboa. En todas esas ciudades, según describe Público, los toldos azules de las protestas se alternan con el humo de contenedores quemados y con la respuesta policial. Jóvenes de todo el continente han salido a la calle con reclamaciones que se parecen mucho: vivienda a precios desorbitados, aumento del coste de la vida, una educación pública con carencias y servicios básicos que no responden a lo que la población necesita.

Los detonantes cambian según el país. En España, la crisis de la vivienda prendió la mecha, y el desahucio de Maricarmen Abascal marcó un antes y un después. En Portugal, la misma emergencia habitacional llevó a miles de activistas a manifestarse al ritmo de Grândola Vila Morena, la canción asociada a la revolución de 1974 que acabó con la dictadura. En Italia y Grecia pesó sobre todo el coste de la vida. Los recortes educativos impulsaron las protestas en Francia, Bélgica, Rumanía e Irlanda, y en Serbia y Albania se suman la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia.

La socióloga Ilaria Pitti, de la Universidad de Bolonia, señala que estas protestas suelen nacer de cuestiones locales y bastante específicas, pero que han ido adquiriendo un potencial transnacional. Sobre Italia aporta datos: es uno de los países europeos con mayor desempleo juvenil, la edad media de emancipación está cuatro puntos por encima de la media de la UE, el gasto militar ha crecido un 15,8% desde el primer Gobierno de Giorgia Meloni y la inversión pública por universitario queda 6.000 euros por debajo de la media de la OCDE. Pitti lo interpreta como un proceso de marginación y precariedad de las nuevas generaciones, fruto de cuarenta años de políticas económicas, laborales y sociales.

En Francia, Bélgica e Irlanda el foco está en la redistribución de la riqueza y el deterioro de los servicios públicos, sobre todo la educación. En Francia ha caído en diez años el número de universitarios becados, decenas de plazas docentes siguen sin cubrir y Emmanuel Macron contempla recortar esas partidas para destinarlas a Defensa o Seguridad. En las universidades belgas las matrículas se han encarecido casi 400 euros. En Irlanda, según Mary Murphy, de Maynooth University, los sindicatos de estudiantes organizaron marchas, lograron cierto impacto en el presupuesto y el Gobierno bajó las tasas académicas. Murphy añade que vivienda y coste de vida preocupan también allí, como muestran los datos del Consejo Nacional de la Juventud.

Portugal y Grecia siguieron la estela española para denunciar la precariedad laboral y un mercado inmobiliario desbocado. En Portugal, la renta bruta de los jóvenes ha crecido un 5% en 15 años, mientras que el precio medio de la vivienda ha subido un 180% en la última década, un récord en la UE. El politólogo Pedro Magalhães, de la Universidad de Lisboa, advierte de que las democracias, en vez de corregir las injusticias entre generaciones, las han reforzado de forma sistemática.

Para el sociólogo Albert Julià, de la Universitat de Barcelona, quienes protestan se han socializado entre la crisis de 2008, la pandemia y la inflación, y lo que comparten es la reivindicación de derechos y recursos asociados al Estado de bienestar. Julià vincula esto con el avance de la extrema derecha, que cuestiona pilares de ese contrato social. Su colega Eduard Ballesté habla de crisis que se solapan, escalada militar a costa de las clases trabajadoras y un futuro más polarizado. Pitti destaca dos elementos comunes: la movilización explícita de la Generación Z y la desconfianza hacia las instituciones estatales y europeas.

Hay matices. Murphy considera a Irlanda una excepción, pues los jóvenes aún no se rebelan pese a la escasa inversión en servicios públicos. España tiene un escenario distinto en términos estadísticos: macroeconomía positiva, paro juvenil relativamente bajo y salarios sin un deterioro especial. Julià sostiene que esos indicadores contrastan con la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para acceder a una vivienda. Los expertos apuntan a una desconfianza creciente hacia las instituciones y a una posible expansión transnacional del movimiento.