En el largo proceso de cierre de una herida histórica, la justicia española vuelve a tensarse entre la voluntad política de reinserción y la memoria de las víctimas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido tres decisiones del Gobierno vasco que amplían la semilibertad de presos de ETA —entre ellos Henri Parot, condenado por 39 asesinatos— argumentando que la progresión es prematura y no cumple los criterios legales. El juez Castro deberá ahora arbitrar entre dos concepciones del tiempo: el tiempo institucional de la reinserción y el tiempo moral del daño causado.
La Fiscalía recurre las tres últimas semilibertades del Gobierno vasco a presos de ETA
Las decisiones afectan a víctimas de ETA: Parot fue condenado por 39 asesinatos, Iparragirre por 10, y Mendizábal por atentados que causaron heridas a 31 personas.
Un año no es suficiente para consolidar reinserción
Mark
¿Por qué la Fiscalía considera prematura esta progresión si el Gobierno vasco ya había aplicado una medida intermedia hace un año?
Mimi
Porque un año no es suficiente para demostrar que alguien ha consolidado su reinserción. La Fiscalía argumenta que necesita más tiempo de observación antes de permitir que pasen a un régimen más abierto, especialmente considerando la gravedad de sus delitos.
Luke
Pero ¿qué dice exactamente la ley sobre cuánto tiempo debe pasar? Porque si el Gobierno vasco está aplicando el artículo 100.2 dentro de sus competencias, ¿en qué se basa la Fiscalía para decir que es prematuro?
Mark
¿Qué pasó con Iparragirre que es tan diferente?
Mimi
El juez ya revocó su medida una vez en abril, diciendo que era prematura. Pero cinco meses después, el Gobierno vasco la volvió a aplicar con argumentos nuevos sobre su evolución en prisión.
Luke
Eso suena a que están en desacuerdo fundamental sobre cómo interpretar los mismos hechos. El juez vio insinceridad en su carta de perdón porque fue fechada justo antes de la medida. El Gobierno vasco ve evolución favorable. ¿Quién tiene razón?
Mark
¿Cuál es el riesgo real aquí para las víctimas?
Mimi
Que alguien condenado por 39 asesinatos, como Parot, acceda a libertad condicional antes de lo que la Fiscalía considera seguro. O que Iparragirre, condenada por 10 asesinatos, salga en libertad sin haber demostrado suficientemente su reinserción.
Luke
Pero también está el hecho de que 71 de los 107 presos de ETA en cárceles vascas ya tienen algún régimen de semilibertad. Así que esto no es una novedad absoluta. La pregunta es si estos tres casos específicos son diferentes.
Der Puls
- La Fiscalía ha frenado en seco tres concesiones de semilibertad del Gobierno vasco, suspendiendo cautelarmente las medidas hasta que el juez Castro se pronuncie.
- Los perfiles de los afectados agravan la tensión: Parot acumula condenas por 39 asesinatos, Iparragirre por 10, y Mendizábal dejó heridas a 31 personas en distintos atentados.
- El caso de Iparragirre revela un choque institucional en bucle: el juez ya revocó su semilibertad en abril cuestionando la sinceridad de su carta de perdón, pero el Gobierno vasco la restituyó apenas cinco meses después.
- Desde 2021, el Ejecutivo vasco ha concedido 124 terceros grados, pero la justicia ha revocado 25 de ellos, dibujando un pulso sostenido entre política penitenciaria y control judicial.
- Las asociaciones de víctimas rechazan las decisiones del Gobierno de Vitoria, recordando que detrás de cada expediente hay nombres y muertes que no prescriben en la memoria.
En el largo proceso de cierre de una herida histórica, la justicia española vuelve a tensarse entre la voluntad política de reinserción y la memoria de las víctimas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido tres decisiones del Gobierno vasco que amplían la semilibertad de presos de ETA —entre ellos Henri Parot, condenado por 39 asesinatos— argumentando que la progresión es prematura y no cumple los criterios legales. El juez Castro deberá ahora arbitrar entre dos concepciones del tiempo: el tiempo institucional de la reinserción y el tiempo moral del daño causado.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado recursos contra tres decisiones del Gobierno vasco que concedían o ampliaban regímenes de semilibertad a presos de ETA. El ministerio público considera prematuras las progresiones al tercer grado de Idoia Mendizábal e Henri Parot, así como las salidas diarias autorizadas a Soledad Iparragirre. La presentación de los recursos ha suspendido cautelarmente las medidas, y el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro deberá resolverlos.
Mendizábal y Parot siguieron un camino similar: en el verano de 2025, el Gobierno vasco les aplicó el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, permitiéndoles salir de lunes a viernes y regresar solo a dormir. Un año después, ambos fueron elevados al tercer grado, régimen que les abriría la puerta a la libertad condicional. La Fiscalía argumenta que ese año fue insuficiente para consolidar los factores exigidos por la ley, y subraya la gravedad excepcional de los delitos de Parot, condenado a cerca de 4.800 años de prisión por 39 asesinatos.
El caso de Iparragirre añade una capa de conflicto institucional. En marzo, el Gobierno vasco le permitió salir a diario para estudiar y hacer voluntariado, pero el juez Castro revocó la medida un mes después a instancias de la Fiscalía. En su resolución, el magistrado reconoció señales positivas —incluida una carta en la que la exjefa de ETA pedía perdón a sus víctimas— pero cuestionó la sinceridad del gesto al comprobar que el escrito estaba fechado poco antes de que se le aplicara la medida. Pese a ello, el 2 de septiembre, apenas cinco meses después de la revocación judicial, el Gobierno vasco restituyó la semilibertad de Iparragirre, alegando evolución favorable y la proximidad del cumplimiento de las tres cuartas partes de su condena.
Desde que el Ejecutivo vasco asumió la gestión de sus tres prisiones en 2021, ha concedido 124 terceros grados, de los que 25 fueron revocados judicialmente. Hoy, 71 de los 107 presos de ETA en cárceles vascas disfrutan de algún régimen de semilibertad. La tensión entre la política penitenciaria autonómica y la posición del ministerio público no muestra señales de resolverse, y las asociaciones de víctimas siguen expresando su rechazo a un proceso que, para ellas, avanza demasiado deprisa.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado recursos contra tres decisiones del Gobierno vasco de conceder o ampliar regímenes de semilibertad a presos de ETA, argumentando que estas progresiones resultan prematuras y no se ajustan a los criterios legales establecidos. El ministerio público se opone a la clasificación en tercer grado de Idoia Mendizábal, alias Iliargi, y a la de Henri Parot, así como a las salidas diarias permitidas a Soledad Iparragirre, Anboto, la exjefa de la organización terrorista. El juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro deberá pronunciarse sobre todos estos recursos. Las asociaciones de víctimas han expresado su desacuerdo con los acuerdos del Ejecutivo de Vitoria.
Los casos de Mendizábal y Parot comparten características similares. En el verano de 2025, el Gobierno vasco aplicó a ambos el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, permitiéndoles salir de lunes a viernes de la cárcel, regresando solo para dormir esos días y permaneciendo los fines de semana en prisión. Esta modalidad representa un punto intermedio entre el segundo grado penitenciario, donde estaban clasificados ambos etarras y donde se encuentra el 75 por ciento de los reclusos en España, y el tercer grado o régimen abierto. Un año después, el Gobierno vasco decidió elevarlos al tercer grado, lo que les permitiría acudir a prisión solo de lunes a jueves para dormir, pasando los fines de semana en libertad y abriendo la puerta a solicitar libertad condicional si cumplen otros requisitos.
En su recurso contra la progresión de Parot, la Fiscalía sostiene que resulta prematura y no se ajusta plenamente a los criterios legales. El ministerio público subraya que el año transcurrido desde la aplicación del artículo 100.2 era insuficiente para considerar consolidados los factores que permitirían acceder al régimen de semilibertad del tercer grado. Además, enfatiza la extraordinaria gravedad de los delitos por los que Parot fue condenado a cerca de 4.800 años de cárcel, incluyendo 39 asesinatos. En el caso de Mendizábal, condenada a 25 años de prisión por diferentes atentados que causaron heridas a 31 personas, el contenido del recurso no ha trascendido públicamente. La presentación de estos recursos ha suspendido cautelarmente la aplicación de las decisiones del Gobierno vasco hasta que el juez las resuelva.
El caso de Iparragirre presenta un desarrollo distinto. En marzo pasado, el Gobierno vasco le aplicó el artículo 100.2, permitiéndole abandonar la prisión durante el día de lunes a viernes para realizar estudios universitarios y hacer voluntariado. Sin embargo, un mes después, el juez Castro revocó la medida tras un recurso de la Fiscalía que la consideraba prematura. En su resolución, el magistrado reconocía elementos positivos que apuntaban a la reinserción de la exjefa de ETA, como que hubiera asumido las consecuencias de sus delitos y pedido perdón a sus víctimas en una carta. No obstante, concluyó que pesaba más su condición de terrorista de extrema notoriedad y especial gravedad. El juez también cuestionó la sinceridad del perdón al observar que la carta manuscrita estaba fechada poco antes de que se le aplicara la medida.
A pesar de esta revocación, el pasado 2 de septiembre, cuando solo habían transcurrido cinco meses desde que la Audiencia Nacional anuló su decisión, el Gobierno vasco volvió a aplicar el artículo 100.2 a Iparragirre. El expediente del Departamento de Justicia y Derechos Humanos argumentaba que Anboto había mostrado una evolución favorable tras períodos previos de inadaptación y que las salidas diarias suponían una planificación realista del proceso de reinserción social. El escrito añadía como argumentos la cercanía del cumplimiento de las tres cuartas partes de su condena máxima de 30 años, que se producirá el 2 de abril de 2027, momento en el que puede acceder a libertad condicional si cumple otros requisitos, así como el hecho de que se encuentre abonando la responsabilidad civil impuesta en sus condenas.
Desde que el Gobierno vasco asumió la gestión de las tres prisiones vascas en octubre de 2021, ha concedido 124 terceros grados, de los que 25 fueron posteriormente revocados por la justicia, y ha aplicado el artículo 100.2 en 28 ocasiones, algunos también revertidos por decisión judicial. En la actualidad, hay 107 presos de ETA en cárceles vascas, de los cuales 71 tienen algún régimen de semilibertad. Tres presos de ETA se encuentran en el centro penitenciario de Pamplona, dependiente del Ministerio del Interior, y otros dos en prisiones francesas. El juez Castro debe ahora resolver los recursos presentados por la Fiscalía, en un contexto donde la tensión entre la política penitenciaria del Gobierno vasco y la posición del ministerio público respecto a la progresión de estos reclusos continúa siendo evidente.
Bemerkenswerte Zitate
La progresión resulta prematura en el momento actual y no se ajusta plenamente a los criterios legales— Fiscalía de la Audiencia Nacional, en su recurso contra la clasificación de Parot
El año que había pasado desde que se le aplicó el artículo 100.2 era insuficiente para considerar plenamente consolidados los factores que permitirían acceder al régimen de semilibertad propio del tercer grado— Ministerio público, argumentando sobre Parot
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