La Fiscalía investiga abusos y vejaciones en centros de menores de Ceuta

El miércoles por la noche, bajo las luces del campo de fútbol de El Príncipe en Ceuta, un grupo de adolescentes vio llegar corriendo a una compañera entre lágrimas. Douae, de 17 años, acababa de escapar de uno de los centros de acogida que el Gobierno había habilitado para menores migrantes no acompañados tras la llegada masiva de finales de julio. Era la cuarta chica en fugarse de ese recinto en días, la séptima en total. Antes de que terminara la noche, Noura se uniría a ella.

Estas adolescentes marroquíes habían pasado más de un mes viviendo en campamentos informales levantados por vecinos solidarios en barrios como El Príncipe y Sidi Embarek. A principios de septiembre, las autoridades las trasladaron a dos instalaciones gestionadas por las entidades Samu y Engloba, ubicadas una junto a la otra en el polígono de las Naves de El Tarajal. Según las denuncias que presentaron ante la Policía, los malos tratos comenzaron casi de inmediato. Describieron insultos constantes, vejaciones, castigos físicos y amenazas recurrentes de expulsión a Marruecos. Ninguna de las dos empresas gestoras respondió a las solicitudes de comentarios.

Nezha, una de las fugadas, hablaba atropelladamente sobre lo vivido, acelerada por la urgencia de contar. Llevaba un moratón en el muslo que atribuía a una paliza del personal del centro. Sus compañeras también mostraban magulladuras y heridas que fotografiaron e incorporaron a los atestados policiales. "Nos llaman putas constantemente, nos golpean, nos castigan si pedimos usar el móvil o una almohada", explicaba. Pero lo que más le preocupaba era que otras chicas seguían dentro sin haber logrado escapar. Mencionó a una menor que ni siquiera recibió atención médica cuando vomitó sangre, y señaló que las vejaciones contra ella eran particularmente severas debido a su orientación sexual.

Uno de los episodios más graves ocurrió la noche del 10 de septiembre. Dos hombres uniformados de seguridad entraron en el dormitorio donde descansaban las jóvenes, las despertaron y profirieron insultos de contenido sexual junto con amenazas explícitas de violación. Una auxiliar del centro confirmó que se enteró del incidente a través de las propias menores, aunque aseguró no haber presenciado personalmente episodios de abuso de esa magnitud. Describió que sí había castigos durante su turno, pero negó que fueran de naturaleza física. También mencionó que las peleas entre las adolescentes eran frecuentes.

Fue precisamente durante una de esas peleas el martes cuando cuatro menores aprovecharon que el personal de seguridad se desplazó a otra planta para escapar. Se dispersaron en el polígono, y una de ellas, Yasmine de 16 años, se cruzó con una voluntaria de Médicos del Mundo que mantenía una unidad móvil en la zona para atender a migrantes en asentamientos informales. Yasmine llegó con una crisis de ansiedad, magulladuras y una contusión en la espalda. Los sanitarios realizaron informes psicológicos y de lesiones que se incorporaron a las denuncias. Médicos del Mundo señaló que estaban conscientes de episodios similares en los centros, pero no habían tenido constancia directa porque no les permitían acceso. Identificaron como problemas centrales la falta de formación del personal y la ausencia de atención sanitaria integral para menores en situación de extrema vulnerabilidad.

El jueves, la Fiscalía de menores de Ceuta recibió el informe policial junto con los reportes médicos y psicológicos. Tras tomar declaración a las jóvenes, el área de menores de la ciudad intervino inmediatamente. Se identificó a los dos guardias de seguridad del episodio del 10 de septiembre y fueron relevados de sus cargos, estableciéndose que serían sustituidos por mujeres de forma inmediata y permanente. También se identificó a una educadora acusada de golpear reiteradamente a las menores. Las denunciantes fueron trasladadas a otra instalación para pasar la noche.

Los vecinos que habían levantado los campamentos informales se encontraban en una posición incómoda. Ahmed Enfed-Dal, presidente de vecinos de El Príncipe, fue claro: no podían volver a acoger a las chicas en el campo porque eso no era solución y las autoridades tenían la responsabilidad de la tutela. Sin embargo, Hafida Mustafa, otra vecina que había organizado el campamento improvisado en agosto, buscaba soluciones inmediatas. Acogió a una de las chicas en su casa esa noche y trató de reubicar a las demás hasta que pudieran declarar. Señalaba con preocupación las infecciones y heridas que las menores presentaban, peor incluso que cuando dormían en el suelo del campamento.

Las que huyeron llegaron sin teléfonos móviles ni pertenencias, con solo la ropa que llevaban puesta. Algunas regresaron al campamento de El Príncipe, que las había albergado durante casi un mes. Pero Zineb tomó una decisión diferente: cruzó la frontera nuevamente hacia Marruecos. "No podía con más humillaciones", escribió desde allá. El sábado 12 de septiembre retornó voluntariamente al puesto fronterizo. Según sus compañeras, era una de las cuatro menores que habían decidido volver a Marruecos, una opción que cada vez consideraban más seriamente. Mientras tanto, la investigación fiscal continuaba en curso.