La Fiscalía insistirá en aplicar la amnistía a los 12 CDR pese a la demora de la Audiencia Nacional

La Fiscalía española volverá a insistir en que se aplique la ley de amnistía a doce miembros de los Comités de Defensa de la República acusados de terrorismo ante la Audiencia Nacional, según confirmaron fuentes jurídicas a finales de septiembre. El ministerio público mantiene una posición que ha defendido desde que la medida fue aprobada: estos procesados deben quedar fuera del sistema penal porque la ley de gracia así lo contempla. Hace casi tres meses, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó esta interpretación con una sentencia contundente, pero la Audiencia Nacional aún no se ha pronunciado definitivamente y, en cambio, pidió a todas las partes que volvieran a presentar argumentos sobre lo que la decisión europea debe significar en la práctica.

La causa contra estos doce CDR comenzó cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional impulsó acusaciones de terrorismo en noviembre de 2023. El ministerio público pidió entonces penas de entre ocho y veintisiete años de cárcel, argumentando que los acusados formaban una célula radical dentro de estos grupos surgidos en Cataluña tras el referéndum del uno de octubre de 2017. Todos fueron acusados de pertenencia a organización terrorista; ocho de ellos enfrentaban además cargos por fabricación de explosivos e intentos de daño grave. Sin embargo, una vez que la amnistía fue aprobada, la misma Fiscalía cambió de postura y solicitó que la causa fuera archivada y el juicio suspendido, porque la ley preveía que estos delitos quedaran perdonados.

En septiembre de 2024, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió frenar el proceso y consultar a la justicia europea. El tribunal español argumentó que la amnistía podía entrar en conflicto con la directiva comunitaria contra el terrorismo. En su razonamiento, expresó preocupación por lo que consideraba un mensaje peligroso: que los delitos terroristas podrían ser perdonados cuando sirvieran a los intereses políticos de quien redactara la ley. Esta línea de pensamiento fue rechazada frontalmente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en julio de este año.

La sentencia europea fue clara en su contenido. El tribunal comunitario dictaminó que la directiva de 2017 sobre terrorismo no se opone a una ley nacional de amnistía que busque reducir tensiones institucionales y políticas, siempre que los delitos perdonados no hayan causado intencionadamente graves violaciones de derechos humanos. En el caso de los doce CDR, la Fiscalía ha argumentado consistentemente que los hechos por los que fueron acusados no pusieron en peligro la integridad física de las personas ni violaron derechos fundamentales. El ministerio público subrayó en sus escritos que el legislador dejó muy clara su intención en el preámbulo de la ley: despojar de carácter delictivo hechos que no amenazaban la seguridad de las personas.

La resolución del tribunal europeo añadió un matiz importante: la ley de amnistía no especifica la naturaleza exacta ni el umbral de gravedad de los delitos a perdonar, por lo que corresponde a los órganos judiciales españoles delimitar cuáles quedan excluidos. Esto deja un margen de interpretación que la Audiencia Nacional deberá resolver, pero el TJUE ya había establecido el marco legal dentro del cual esa interpretación debe moverse.

Alerta Solidària, un colectivo de la izquierda independentista que defiende a buena parte de los procesados, reclamó que la Audiencia aplicara la amnistía sin demora tras conocer la sentencia europea. Sin embargo, cuando el tribunal pidió nuevamente a las partes que se pronunciaran sobre el alcance de la decisión comunitaria el veintiocho de septiembre, el colectivo expresó su indignación. En un comunicado difundido en redes sociales, denunció lo que consideraba una dilación innecesaria: el tribunal estaba pidiendo que se debatiera de nuevo una cuestión que ya había sido discutida ampliamente en sesiones anteriores y que el TJUE ya había resuelto de manera contundente. El colectivo calificó el nuevo trámite como un alargamiento del sufrimiento de los acusados.

Ahora la Fiscalía reiterará su posición en los escritos que presente ante la Audiencia Nacional. El ministerio público tiene argumentos sólidos: la sentencia del TJUE, el preámbulo de la ley de amnistía, y su propia interpretación consistente de que los delitos no causaron graves violaciones de derechos humanos. Lo que queda por verse es si la Audiencia Nacional, tras recibir nuevamente los argumentos de todas las partes, finalmente aplicará la amnistía o si encontrará razones para mantener la suspensión. El tribunal europeo ha establecido el camino legal, pero la decisión final sobre cómo aplicarlo en España sigue en manos de los jueces nacionales.