La Fiscalía incauta celulares a cinco personas en la investigación por la consulta del Pacto Histórico

La Policía Nacional, a través de la Dijín, realizó diligencias de registro personal a seis ciudadanos en Bogotá y Barranquilla, en el departamento del Atlántico. De esos procedimientos salieron seis teléfonos celulares incautados. La Fiscalía los ejecutó dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la campaña de la consulta interna del Pacto Histórico.

La cifra merece una precisión, porque el material disponible presenta dos números. El comunicado de la Fiscalía habla de registros a seis ciudadanos y de seis celulares incautados. Semana, en cambio, informa que los investigadores se quedaron con los teléfonos de cinco personas vinculadas al proceso. La diferencia no está explicada en la información conocida.

Las diligencias se hicieron en cumplimiento de una orden de policía judicial emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Antes de ejecutarse, contaron con la autorización de un juez con función de control de garantías, requisito que el propio organismo subrayó al informar de los operativos.

El objeto de la pesquisa es la contratación de empresas que supuestamente suministraron bienes y servicios a las campañas de la consulta interna del Pacto Histórico. En esa consulta se enfrentaban los entonces candidatos Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía. La Fiscalía advirtió que los procedimientos están relacionados con esa indagación.

La investigación busca, además, determinar el origen de los recursos que empresas y particulares invirtieron para financiar la campaña y promover la consulta. Es decir, no se limita a establecer quién contrató a quién, sino de dónde salió el dinero.

Para la Fiscalía, los registros a personas son determinantes para reunir los elementos de prueba que necesita el caso. Según el texto, esa evidencia debe permitir establecer responsabilidades y ayudar a identificar a quienes resultaron comprometidos, de modo que aporten los datos que se anticipan como prueba.

El contexto político añade peso al asunto. Semana recuerda que Carolina Corcho, tras diferencias con Cepeda, habló de la campaña de afiliación al Pacto Histórico y reconoció falencias democráticas en la izquierda. Esas declaraciones son un antecedente, no parte de las diligencias.

Lo que viene es el análisis del contenido de los teléfonos, que según el planteamiento de la Fiscalía puede resultar clave para rastrear el origen de los recursos. Hasta ahora no se han hecho públicos los nombres de las personas registradas ni imputaciones.