La Fiscalía acusa al PP de filtrar un documento policial para defender a Ayuso

En enero de 2024, Isabel Díaz Ayuso visitó Alcalá de Henares y pronunció palabras que encendieron la mecha. Frente a un Centro de Emergencia, Acogida y Derivación para migrantes ubicado en el municipio, la presidenta madrileña vinculó la presencia de personas acogidas con agresiones sexuales bajo investigación, riñas graves y otros problemas de seguridad. Aunque después se disculpó diciendo que no se refería a ningún colectivo específico, el Gobierno nacional la acusó de racismo. El PP de Madrid se movilizó en su defensa. Lo que ocurrió después, según la Fiscalía, fue un intento coordinado de la alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, de proteger a su jefa política mediante la filtración de documentación confidencial.

Rubén Jiménez, entonces jefe de la Policía Local, relata en un informe enviado a la Fiscalía que el 17 de enero recibió una llamada de Piquet solicitando información sobre las agresiones sexuales. Dice que imprimió un documento identificado como 19966/2023 y se lo llevó a la alcaldesa antes de una junta de seguridad programada para esa tarde. Según su versión de los hechos, Piquet fotografió el informe con su teléfono móvil y mostró la imagen a Raúl Castillo, director de comunicación del Ayuntamiento, diciéndole textualmente que "hay que salvar a la presidenta" y que "hay que salvar a la jefa como sea", insistiéndole en que la información debía trasladarse a Madrid. Castillo, según el relato del jefe policial, también fotografió el documento.

Al día siguiente, Alfonso Serrano, número dos de Ayuso en el partido, publicó en X un mensaje acompañado del documento policial. Ese tuit fue vivido por Jiménez como una traición. Cuando Javier Rodríguez Palacios, líder del PSOE local, denunció en febrero la posible comisión de un delito por la filtración de un documento confidencial, se abrió una investigación que ahora ha llegado a la Fiscalía. El jefe policial comenzó a pedir recibís cuando proporcionaba documentación y grabó conversaciones sobre la polémica con la concejala de Seguridad, que luego envió a la Fiscalía en un pendrive encriptado. En uno de esos audios, según su propio informe, le reprocha a la concejala la filtración y subraya que solo la alcaldesa y el director de comunicación tuvieron acceso al documento.

La tensión dentro del Ayuntamiento se volvió insostenible. El 23 de enero, según el relato de Jiménez, Piquet le transmitió que conocía su enfado por la filtración. Cuando el jefe policial advirtió que podría presentar una denuncia, la alcaldesa le respondió, siempre según su versión, que "habrá que inventarse algo". La idea que propuso fue culpar a un periodista que supuestamente habría fotografiado el documento durante la junta de seguridad sin que ella se diera cuenta. Jiménez dice que se negó a participar en lo que describe como un cambalache. Piquet, según su relato, le advirtió que entonces tendría problemas. Poco después, Jiménez dejó de ser responsable de la policía de Alcalá.

La Fiscalía ha solicitado dos años y medio de inhabilitación para cargo y empleo público a Piquet, así como multa, considerándola responsable de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. También ha pedido pena similar para Castillo. Sin embargo, la defensa de la alcaldesa niega categóricamente los hechos y solicita el archivo de la causa por ausencia de indicios y pruebas. Dos concejales del PP que estaban presentes en la reunión donde supuestamente ocurrió la fotografía del documento negaron durante la instrucción que eso sucediera, cuestionando la versión del jefe policial. Una fuente cercana al caso, que pide anonimato porque el proceso sigue abierto, describe la acusación como "basada en la declaración falsa de un excomisario enfadado porque se le cesó de comisario", y subraya que no hay WhatsApps, correos ni otra documentación que respalde la acusación.

Serrano, cuando compareció como testigo ante el juzgado esta primavera, aseguró que la información que publicó en redes sociales no le había sido proporcionada por nadie del Ayuntamiento, sino que le había llegado a través de un correo electrónico que borró y cuya dirección desconoce. El PSOE ha solicitado que se reclamen a Serrano los emails de sus cuentas del Senado, del PP y de la Comunidad de Madrid, en busca de pruebas de una operación coordinada para proteger a Ayuso. El caso ahora descansa en manos de la justicia, con dos versiones irreconciliables: la del jefe policial que describe un plan deliberado de filtración para defender a la presidenta, y la de los acusados que niegan cualquier participación y cuestionan la credibilidad de quien los acusa.