La fiscal de Ceuta alerta de un «hito sin precedentes»: casi una agresión sexual al día

Silvia Rojas lleva más de dos décadas trabajando en la Fiscalía de Ceuta, lo que le ha permitido observar de cerca cómo evoluciona la criminalidad en la ciudad autónoma. Fue nombrada jefa de área en octubre de 2020 y renovada en su cargo hace menos de un año. Cuando habla de lo que está ocurriendo ahora en Ceuta, su lenguaje es directo: esto no tiene precedentes en la historia de España. El 30 de julio, aproximadamente 70.000 personas entraron de forma masiva en una ciudad que apenas supera los 80.000 habitantes. No es un número que pueda absorberse. Es un territorio que ha entrado en otro territorio.

Rojas vivió la crisis migratoria de 2021, pero insiste en que aquella situación no es comparable con la actual. Entonces hubo colapso; ahora hay algo peor. Los sistemas de protección de menores, el sistema sanitario, el sistema educativo: todos están al borde del quiebre. La ciudad no tiene capacidad para responder sola. Entre 1.400 y 1.600 menores han cruzado la frontera en esta oleada. El Servicio de Protección de Menores tiene registrados alrededor de 1.475, aunque cada día pueden identificarse más. Algunos tienen apenas diez u once años. Hay niñas también, aunque Rojas reconoce que aún no tienen datos precisos sobre la composición exacta del grupo.

Ceuta cuenta con capacidad para acoger a 29 menores. El Real Decreto de contingencia migratoria de 2025 considera que una situación extraordinaria comienza a partir de 87 menores. Imagina, dice Rojas, en qué parámetros estamos. Atender a un menor no es simplemente abrir un centro. Significa proporcionar asistencia educativa, asistencia médica, garantizar que se cumplan todas las normas de protección. La fiscal es clara: la solución pasa por que otras comunidades autónomas acojan a estos niños y niñas. El Real Decreto permite distribuir territorialmente a los menores para darles una protección adecuada. Pero Rojas también advierte que la distribución territorial no significa que vayan a quedarse de manera definitiva en la península. Las soluciones definitivas pueden incluir el retorno a sus países de origen o la reagrupación familiar si algún pariente ya ha cruzado la frontera.

Lo que más preocupa a la Fiscalía, sin embargo, es el incremento exponencial de agresiones sexuales. Desde la entrada masiva del 30 de julio, se han presentado 23 denuncias por este delito. Eso es casi una agresión sexual al día. Ocho hombres están siendo investigados: cuatro marroquíes, tres españoles y un belga. Las víctimas son principalmente menores de edad, personas especialmente vulnerables por su condición irregular en el territorio. Muchas no denuncian, paralizadas por el miedo o por su propia situación en Ceuta. La Fiscalía ha adoptado medidas de protección a la víctima, desde órdenes de alejamiento hasta medidas cautelares de prisión provisional.

Rojas subraya que este delito genera alarma social significativa. Afecta a la percepción de seguridad de los ciudadanos ceutíes y altera la convivencia. Los menores no pueden estar en los parques, no pueden estar en lugares públicos. La ciudadanía percibe riesgo. Ha habido también un pico en robos con violencia. El Ministerio de Educación ha puesto seguridad alrededor de los colegios, primero solo en los públicos, luego rectificó para incluir también los privados.

Cuando se le pregunta si cree que puede producirse un estallido social en Ceuta, Rojas responde que la sociedad siente que ha habido un mes de inacción, pero que es necesario mantener la calma. Desde la Fiscalía están trabajando con responsabilidad y compromiso dentro de su marco de competencia para dar respuestas ágiles. Llama a la serenidad. Es en los momentos más difíciles, dice, cuando más se requiere contención. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no le ha pedido información sobre cómo se produjo la entrada masiva, ni ella tiene constancia de que deba hacerlo.