La extradición de Alex Saab expone vínculos de empresario mexicano con red de corrupción

La extradición de Alex Saab a Estados Unidos esta semana marca el cierre de un capítulo que expone conexiones incómodas entre funcionarios venezolanos, empresarios mexicanos y redes de corrupción que operaron durante años bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro. Saab, cercano al expresidente venezolano, fue acusado por el Departamento de Justicia estadounidense en 2019 de orquestar un esquema de desfalco masivo donde él, sus colaboradores, familiares y socios comerciales desviaron millones de dólares destinados a programas de alimentación para la población venezolana. Un empresario mexicano prominente participó activamente en la venta de alimentos dentro de ese mismo sistema y, hasta hace poco, fue considerado uno de los hombres de negocios favoritos de la administración actual en México.

El empresario mexicano ha minimizado consistentemente su participación en estos negocios, argumentando en conversaciones privadas que sus operaciones se ajustaban completamente a la ley. Mantenía una relación cercana con Saab, el colombiano que durante años logró evadir a las autoridades estadounidenses gracias a la protección de Maduro. Ambos compartían conexiones con tecnócratas del PRI que ganaron influencia en las últimas dos décadas. Cuando se le preguntó sobre el asunto, el empresario mexicano respondió con ironía, asegurando que no tenía responsabilidad alguna en lo que consideraba transacciones legales.

Saab había estado ganando tiempo desde su acusación inicial. Su abogado en ese momento, Abelardo de la Espriella —quien ahora es candidato de la oposición a la presidencia de Colombia— le sugirió que se acercara a las autoridades estadounidenses y ofreciera información sobre el esquema de corrupción a cambio de beneficios legales. Saab comenzó a colaborar con la DEA, pero según funcionarios estadounidenses, solo ofrecía información superficial sin comprometerse realmente. Washington perdió la paciencia. La CIA infiltró a su piloto, quien le informó sobre un viaje planeado a Irán con escala en Cabo Verde. En 2020, Interpol lo detuvo en la Isla de Sal, en el archipiélago africano, acusado de lavado de dinero para Maduro. Fue extraditado a Estados Unidos y pasó dos años en prisión.

La caída de Maduro en enero de este año cambió todo. Saab fue liberado cuando el régimen anterior negoció su libertad con el presidente Joe Biden a cambio de diez ciudadanos estadounidenses encarcelados en Caracas. Pero su libertad fue breve. Días después de la caída de Maduro, Estados Unidos pidió a la presidenta interina Delcy Rodríguez que lo destituyera de su cargo como ministra de Industrias, movimiento que fue el preludio directo para su extradición el sábado pasado. Ahora será juzgado por operar una red de corrupción a gran escala que utilizó empresas fantasma y contratos sin licitación para desviar recursos del gobierno, particularmente del programa estatal de alimentos.

Ese programa, conocido como CLAP —Comités Locales para el Abastecimiento y Producción—, fue creado por Maduro en 2016 para distribuir cajas de alimentos a precios subsidiados. El grupo empresarial mexicano fue uno de los proveedores que vendió alimentos para este programa. El ejecutivo responsable del corporativo que supervisó los aspectos administrativos y financieros con los venezolanos insistió en que todas las operaciones cumplieron con la ley. Nadie en la empresa prestó atención a las implicaciones cuando Saab fue destituido a principios de este año.

El empresario mexicano ya estaba en la mira de gobiernos tanto en México como en Estados Unidos. En los últimos meses de la gestión de Alejandro Gertz Manero como fiscal general, se abrió una investigación sobre los CLAP. El grupo empresarial había monopolizado durante años la distribución de alimentos en cárceles mexicanas, pero en años recientes, aprovechando sus contactos con el régimen anterior, expandió significativamente sus operaciones. Según funcionarios consultados, Gertz Manero nunca detalló en Palacio Nacional el alcance completo de esa investigación, que resultó en una denuncia contra al menos un secretario del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La investigación contra Saab se enmarca ahora en la clasificación de organizaciones criminales como entidades terroristas internacionales. Maduro, sobre quien había una orden de captura internacional desde 2020 por narcotráfico y terrorismo, no fue detenido hasta el 2 de enero de este año, aproximadamente cinco semanas después de que su régimen fuera declarado organización terrorista. En ese momento, quedó expuesto a la jurisdicción extraterritorial estadounidense. El gobierno de Estados Unidos investiga actualmente al empresario mexicano, quien pasa considerable tiempo en Miami mientras su familia reside en Nueva York, por su relación con el régimen de Maduro a través de Saab. El vínculo comenzó en el nivel empresarial pero se volvió personal. No tenían una sociedad formal directa, pero ambos aparecen mencionados en la misma investigación sobre cadenas de negocios vinculadas a los contratos del CLAP. Otras empresas mexicanas también vendieron alimentos a Venezuela dentro de las cadenas de suministro que Saab organizó a través de intermediarios offshore, pero no hay información pública de que estén siendo investigadas en México o Estados Unidos.

El empresario ha negado repetidamente tener relación con Saab o estar involucrado en negocios ilícitos. Sin embargo, la imputación en su contra es resultado directo de la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, lo que significa que cualquier persona o empresa que haya tenido algún tipo de relación con una entidad clasificada como tal se convierte automáticamente en sujeto de investigación y proceso legal. El regreso de Saab a Venezuela durante el régimen de Maduro permitió que la red criminal de la que fue acusado cayera en el olvido. Ahora, con su extradición, esa red vuelve a la luz.