La escalada energética obliga al Gobierno a replantearse el escudo anticrisis

Los precios de la energía vuelven a trepar. Después de meses de relativa estabilidad, la volatilidad ha regresado a los mercados, presionando nuevamente sobre los hogares y las empresas españolas. Ante esta realidad, Sumar ha salido públicamente a reclamar que el Gobierno reactive un escudo anticrisis similar al que desplegó en 2022, cuando la crisis energética golpeaba con más fuerza tras la invasión de Ucrania.

La propuesta de la coalición de izquierda es clara: un impuesto extraordinario sobre las petroleras y un tope al precio del gas, las dos medidas que entonces formaron la espina dorsal de la respuesta del Ejecutivo. Aquella estrategia, implementada hace cuatro años, buscaba contener el impacto de unos precios que se habían disparado sin precedentes, amenazando la viabilidad económica de sectores enteros y el poder adquisitivo de millones de ciudadanos.

Lo que entonces fue una medida de emergencia ahora reaparece como una posibilidad que el Gobierno debe considerar seriamente. La diferencia es que en 2022 la escalada fue súbita y dramática, mientras que ahora la presión es más sostenida, más estructural. Los mercados energéticos globales siguen siendo volátiles, y España, como importador neto de energía, sigue expuesta a esas fluctuaciones.

Sumar argumenta que las medidas de 2022 funcionaron: limitaron el daño, protegieron a los más vulnerables y evitaron que la crisis energética se convirtiera en una crisis económica más profunda. El impuesto a las petroleras permitió que el Estado capturara parte de los beneficios extraordinarios que esas empresas estaban obteniendo gracias a los precios elevados. El tope al gas, aunque controvertido en algunos círculos económicos, mantuvo los costos de la energía dentro de límites que permitieron a las familias y pequeñas empresas seguir funcionando.

Ahora, con los precios volviendo a subir, la coalición de izquierda sostiene que no hay razón para no repetir una fórmula que ya demostró su utilidad. El Ejecutivo, sin embargo, enfrenta una decisión más compleja. Debe sopesar si la situación actual justifica reactivar medidas que, aunque efectivas, tienen costos políticos y económicos. Las petroleras se oponen firmemente a un nuevo impuesto extraordinario. Los economistas están divididos sobre si los topes de precios generan distorsiones de mercado que a largo plazo pueden ser contraproducentes.

Lo que está en juego es más que una decisión técnica sobre política energética. Es una pregunta sobre qué tipo de respuesta debe dar el Estado cuando los mercados globales generan presiones que sus ciudadanos no pueden controlar. Es también una pregunta sobre si las medidas de emergencia pueden convertirse en permanentes, o si cada crisis requiere su propia solución.

El Gobierno tiene ahora que decidir. Los precios seguirán siendo volátiles. Las familias seguirán sintiendo el impacto en sus facturas. Y Sumar seguirá presionando por una respuesta que, en su visión, ya probó funcionar.