La ejecución fallida de Christa Pike reaviva el debate sobre la pena de muerte en EE.UU.

El 30 de septiembre, en Tennessee, los médicos forenses y el personal de ejecución intentaron matar a Christa Pike con una inyección letal. Dos dosis completas de pentobarbital fueron administradas. Ella sobrevivió, quedando intubada, con ambos brazos quemados y ampollados por la filtración del fármaco en los tejidos. Tres días después, Frank Strada, comisionado del Departamento de Corrección de Tennessee, renunció a su cargo.

Pike, de 50 años, es la primera mujer en enfrentar la pena capital en Tennessee en más de 200 años. Fue condenada por la tortura y asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años, cuando Pike tenía 18. El caso ha reavivado un debate internacional sobre la viabilidad y la humanidad de la pena de muerte en Estados Unidos. Las Naciones Unidas expresó preocupación formal. Volker Türk, alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, pidió explícitamente que Tennessee desista de intentar ejecutarla nuevamente, calificando el sufrimiento prolongado como "abominable y cruel".

Los abogados de Pike habían advertido al Departamento de Corrección que ella presentaba venas muy menudas y sufría de trombocitosis, un trastorno sanguíneo que afecta la coagulación. Solicitaron cambiar el método de ejecución a horca o pelotón de fusilamiento. El estado rechazó ambas peticiones porque no estaban contempladas en la ley local, aunque la electrocución sí lo estaba para crímenes cometidos antes de 1999. Pike mató a Slemmer en 1996 y era elegible para ese método, pero nunca lo solicitó. La defensa también pidió conmutación de pena a cadena perpetua sin libertad condicional, citando negligencia infantil severa, dos violaciones sufridas y enfermedad mental no tratada. El gobernador Bill Lee rechazó la clemencia.

Durante la ejecución, periodistas presentes reportaron que Pike se quejaba, intentaba desesperadamente respirar haciendo sonidos similares a ronquidos, y agitaba las piernas hasta hacer caer las sábanas que la cubrían. Sus abogados denunciaron después que "en ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se dio cuenta de que las vías intravenosas no estaban correctamente colocadas o que las venas se habían reventado". Un documento judicial registró que ambos brazos quedaron "hinchados, quemados y ampollados" por la cáustica naturaleza del pentobarbital, un barbitúrico altamente alcalino que se filtró en los tejidos.

Lineth Alarcón Franco, médica neurotoxicóloga, explicó a France 24 que la posibilidad de que Pike se recupere sin graves consecuencias es mínima. El tiempo prolongado con presión arterial baja puede ocasionar muerte cerebral, estado vegetativo persistente, o secuelas graves como pérdida del habla, isquemia cerebral o alteraciones en la visión y la marcha. También es posible que la muerte sobrevenga en las próximas horas. El abogado Randy Spivey declaró que "Christa ha sufrido un castigo mayor que el de cualquier otra persona en la historia de la pena de muerte en Estados Unidos".

El pentobarbital utilizado no está aprobado por la FDA como método de ejecución. Comenzó a usarse cuando la farmacéutica danesa Lundbeck, que producía el tiopental sódico tradicional, pidió que se evitara ese uso y luego restringió su distribución. Otras compañías se han negado a vender fármacos similares para ejecuciones, probablemente por temor a que sus marcas queden asociadas con la pena de muerte. Esto dejó a los estados con dificultades graves para conseguir medicamentos, obligándolos a recurrir a formulaciones magistrales o al mercado gris, lo que puede resultar en productos diluidos o comprometidos en su elaboración. Los abogados de Pike creen que el uso de una droga degradada pudo haber influido en el fracaso.

Además, la inyección letal no suele ser administrada por personal sanitario. La Asociación Médica Estadounidense prohíbe que sus miembros participen en procedimientos de este tipo, considerando que contravienen el principio fundamental de preservar la vida. Tennessee reformuló sus protocolos en 2024, pasando de una combinación de tres medicamentos a usar exclusivamente pentobarbital en dosis letales, cambio que coincidió con la llegada de Strada desde Arizona un año antes. Esta ha sido la segunda ejecución fallida en Tennessee desde mayo, cuando el personal no consiguió una vía intravenosa para Tony Carruthers, condenado por secuestrar y asesinar a tres personas en 1994. Según el gobernador Lee, deben esperar al menos un año para intentar ejecutar nuevamente a Carruthers.

Strada ya había enfrentado dificultades en Arizona. En 2022, cuando se reanudaron las ejecuciones después de ocho años, el intento de conseguir una vía para Clarence Dixon tomó 25 minutos y requirió una incisión en la ingle. En la ejecución de Frank Atwood, de 66 años, el propio reo tuvo que indicar al personal dónde colocar la vía después de que fracasaran. Con Murray Hooper, de 76 años, el equipo fracasó en insertar la línea en el brazo y terminó haciéndolo directamente en la arteria femoral. Lorena González, abogada y consultora en Derechos Humanos, advierte que el caso no debe reducirse a "una cuestión de incompetencia técnica" sino que debe examinarse como un "problema estructural de prevención y protección de derechos humanos". La pregunta central ahora es si el Estado puede someter a una persona nuevamente a una experiencia semejante después de conocer los riesgos y el sufrimiento documentado.