Durante años, fabricantes españoles han advertido a la Dirección General de Tráfico sobre empresas chinas que operan balizas de seguridad vial V16 fuera de todo marco regulatorio español o europeo. La DGT, que cedió el control de calidad a los propios solicitantes de licencia, no ha respondido a ninguna de las decenas de denuncias recibidas. En un sistema donde la responsabilidad de cada dispositivo recae sobre quien obtuvo su certificación, la presencia de empresas fantasma y redes vinculadas a fraudes plantea una pregunta incómoda sobre quién vela, en última instancia, por la seguridad en la
La DGT ignoró decenas de denuncias sobre control deficiente de empresas chinas de balizas
La falta de regulación estricta pone en riesgo el éxito del proyecto
Mark
¿Por qué los fabricantes españoles se sienten tan amenazados por estas empresas chinas?
Mimi
Porque la DGT cambió las reglas. Ahora el control de calidad recae completamente en quien solicita la licencia. Si esa empresa es una fantasma o está vinculada a redes de estafa, nadie puede exigirle responsabilidades después.
Luke
Pero espera. ¿Tenemos confirmado que estas empresas chinas son realmente fantasmas, o es lo que sospechan los fabricantes españoles? Porque hay una diferencia entre una denuncia y una investigación cerrada.
Mimi
Buena pregunta. Lo que sabemos es que al menos una empresa británica de capital chino con cien licencias está vinculada a una red señalada por estafa. Eso está documentado. Pero tienes razón: no sabemos cuántas de las otras son realmente fantasmas versus empresas legítimas con prácticas cuestionables.
Mark
¿Y la DGT qué dice de todo esto?
Mimi
Nada. Según los fabricantes que hablaron con The Objective, no han recibido respuesta a ninguna de sus denuncias. Ni siquiera un acuse de recibo.
Luke
Eso es preocupante, pero también es lo que no sabemos. ¿Ha respondido la DGT a otros actores? ¿Hay un registro público de estas denuncias? Porque "no hemos recibido respuesta" es diferente a "la DGT ignoró sistemáticamente".
Mimi
El punto es que los fabricantes españoles están pidiendo claridad regulatoria desde hace años y no la obtienen. Mientras tanto, el Gobierno gastó más de cien millones en publicidad sobre las balizas sin explicar estos problemas.
Mark
¿Qué pasaría si estas empresas chinas desaparecen después de vender las balizas?
Mimi
Entonces nadie puede exigirles que mantengan los servicios de conectividad durante los doce años que la ley requiere. Los consumidores quedarían con dispositivos que no funcionan y sin a quién reclamar.
Luke
Pero eso es especulativo. ¿Hay casos documentados de esto ocurriendo ya, o es un riesgo teórico?
Mimi
Es un riesgo que los fabricantes ven como muy probable, basándose en lo que pasó con las mascarillas. Pero tienes razón: aún no hay casos documentados de balizas que hayan dejado de funcionar por desaparición de la empresa.
O Pulso
- Empresas chinas gestionan las comunicaciones de balizas V16 sin CIF español ni obligación legal alguna ante fallos, dejando a los consumidores sin amparo real.
- Al menos ocho denuncias formales llegaron al Ministerio del Interior; ninguna recibió respuesta, convirtiendo el silencio administrativo en parte del problema.
- Una empresa británica de capital chino acumula cien licencias y está vinculada a redes señaladas por estafa y conexiones con Corea del Norte, mientras el patrón recuerda al pelotazo de las mascarillas.
- Los fabricantes nacionales piden que la DGT exija establecimiento legal en España o la UE para certificar dispositivos, pero la petición sigue sin respuesta oficial.
- España, pionera en balizas V16 conectadas, arriesga convertirse en ejemplo europeo de mala gestión regulatoria si no se adoptan medidas correctivas urgentes.
Durante años, fabricantes españoles han advertido a la Dirección General de Tráfico sobre empresas chinas que operan balizas de seguridad vial V16 fuera de todo marco regulatorio español o europeo. La DGT, que cedió el control de calidad a los propios solicitantes de licencia, no ha respondido a ninguna de las decenas de denuncias recibidas. En un sistema donde la responsabilidad de cada dispositivo recae sobre quien obtuvo su certificación, la presencia de empresas fantasma y redes vinculadas a fraudes plantea una pregunta incómoda sobre quién vela, en última instancia, por la seguridad en las carreteras.
La Dirección General de Tráfico lleva años recibiendo cartas de fabricantes españoles que alertan sobre un problema de fondo: empresas chinas controlan las comunicaciones de las balizas V16 —dispositivos de seguridad vial conectados— sin estar sujetas a la normativa española ni comunitaria. Al menos ocho de esas denuncias llegaron al Ministerio del Interior, según ha verificado The Objective. Los remitentes señalan que estas compañías extranjeras no solo fabrican los dispositivos, sino que gestionan sus comunicaciones sin CIF español ni marco regulatorio que las obligue a responder ante fallos.
El problema tiene raíces en una decisión previa de la propia DGT: hace años, el organismo trasladó todo el proceso de control de calidad a los solicitantes de licencia, quienes asumen la responsabilidad del producto durante doce años. En ese grupo hay firmas muy cuestionables. Una empresa británica de capital chino que acumula cien licencias aparece vinculada a una red señalada por estafa y por conexiones con Corea del Norte. Otros fabricantes han advertido sobre la baja calidad de los componentes de estos dispositivos fabricados en el extranjero, y los denunciantes identifican un patrón de empresas fantasma creadas para facturar y desaparecer, similar al que protagonizó el mercado de las mascarillas.
Los fabricantes españoles enumeraban riesgos concretos para los consumidores: imposibilidad de exigir responsabilidades ante fallos de conectividad, dudas sobre la permanencia operativa de la tarjeta SIM durante el tiempo legalmente exigido, y falta de capacidad jurídica del solicitante para responder ante incumplimientos. Por ello pedían que la DGT aclarase si es obligatorio estar establecido legalmente en España o en la UE para certificar estos dispositivos. El CEO de Oversunenergy lo resumió en una carta de marzo de 2025: España fue pionera en las balizas V16 conectadas, pero la permisividad regulatoria amenaza con arruinar ese liderazgo y convertir al país en un ejemplo negativo a nivel europeo.
A pesar de que el Gobierno destinó más de ciento nueve millones de euros en campañas publicitarias durante 2025, ninguna explicó al ciudadano el funcionamiento ni los riesgos de este sistema. Y ninguna de las cartas enviadas por los fabricantes españoles ha obtenido, hasta ahora, respuesta de la DGT.
La Dirección General de Tráfico ha estado recibiendo cartas de fabricantes españoles durante varios años. En esos escritos, advierten sobre un problema que consideran grave: empresas chinas que controlan las balizas V16 —dispositivos de seguridad vial conectados— operan sin estar sujetas a la normativa española ni comunitaria. Al menos ocho de estas denuncias llegaron al Ministerio del Interior, según ha podido verificar The Objective. Los remitentes explican que estas compañías extranjeras no solo fabrican los dispositivos, sino que gestionan sus comunicaciones sin tener un CIF español ni estar bajo ningún marco regulatorio que las obligue a responder ante fallos o incumplimientos.
Un fabricante español de balizas V16 resume así la situación: "No hemos recibido respuesta". Sus ocho escritos registrados ante la DGT alertaban de anomalías en empresas que solicitaban licencias para vender estos dispositivos. Los fabricantes nacionales recuerdan que la DGT modificó las normas hace años, trasladando todo el proceso de control de calidad a los solicitantes de licencia, quienes pasaron a ser responsables del producto durante toda su vida útil —doce años—. Esto significa que la responsabilidad final de cada baliza depende de la empresa que obtuvo su certificación. Y en ese grupo hay firmas problemáticas: una empresa británica de capital chino que acumula cien licencias está vinculada a una red de compañías señaladas por estafa y por conexiones con Corea del Norte.
La DGT ha recibido docenas de escritos similares en los que empresas españolas transmitían sus dudas sobre la legalidad de sus competidores chinos. Tras analizarlos, los denunciantes detectaban que se trataba de empresas fantasma creadas específicamente para entrar en el mercado de las balizas con una estrategia de "golpe y fuga": facturar el máximo posible y desaparecer. El patrón es similar al que ocurrió con muchas de las empresas que se enriquecieron durante el pelotazo de las mascarillas. Otros fabricantes, como Netun Solution, han advertido sobre la peor calidad de los componentes y las prestaciones que ofrecen estos dispositivos fabricados en el extranjero.
Los fabricantes españoles expresaban su preocupación por la proliferación de dispositivos cuyas comunicaciones son gestionadas por empresas extranjeras o extracomunitarias que no tienen CIF español ni están sujetas al marco normativo nacional o comunitario. Según sus análisis, esta situación genera riesgos importantes para los consumidores. Enumeraban varios: no hay forma de exigir responsabilidades en caso de fallo de conectividad, no se puede garantizar que la tarjeta SIM permanezca operativa durante el tiempo legalmente requerido, y el solicitante puede no tener capacidad jurídica para responder ante un incumplimiento. Por ello, pedían que la DGT se pronunciase sobre si el solicitante de la certificación debe estar establecido legalmente en España o en la Unión Europea, con CIF válido o equivalente, para poder garantizar el cumplimiento de sus obligaciones legales.
El CEO de Oversunenergy, un fabricante valenciano de balizas, escribió a la DGT el 13 de marzo de 2025 con un mensaje más urgente. Señalaba que España ha sido pionera en la implementación de las señales V16 conectadas, y que esta iniciativa tiene el potencial de salvar vidas en las carreteras. Sin embargo, advertía que la falta de una regulación estricta y la permisividad con certificaciones desactualizadas ponen en riesgo el éxito del proyecto. Si no se adoptan medidas correctivas, el sistema perderá credibilidad y España corre el riesgo de convertirse en un ejemplo de mala gestión regulatoria en Europa.
Los fabricantes también preveían el caos social que provocaría la llegada de las balizas y solicitaban al Gobierno que informase al consumidor sobre estos aspectos mediante una guía pública, clara y accesible. Cabe destacar que, aunque el Ejecutivo ha gastado en 2025 más de ciento nueve millones de euros en campañas publicitarias, no se ha publicado ninguna que haya explicado la puesta en marcha de esta medida. Ninguna de esas cartas, al menos según aquellos remitentes españoles consultados por The Objective, ha obtenido respuesta de la DGT.
Citações Notáveis
No hemos recibido respuesta— Fabricante español de balizas V16 sobre sus ocho escritos de denuncia a la DGT
La falta de una regulación estricta y la permisividad con certificaciones desactualizadas ponen en riesgo el éxito del proyecto. Si no se adoptan medidas correctivas, el sistema perderá credibilidad y nos arriesgamos a convertirnos en un ejemplo de mala gestión regulatoria en Europa— CEO de Oversunenergy, fabricante valenciano de balizas, en carta a la DGT del 13 de marzo de 2025
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