La defensa de Bolsonaro pide apartar al juez De Moraes de la investigación por conflicto de intereses

El jueves pasado, los abogados de Jair Bolsonaro presentaron ante la Corte Suprema de Brasil una solicitud que resume años de tensión entre el expresidente y uno de los magistrados más poderosos del país: que Alexandre de Moraes sea apartado de la investigación que lo acusa de orquestar los ataques contra instituciones federales ocurridos el 8 de enero de 2023. El argumento es directo: De Moraes no puede ser juez imparcial porque él mismo figura como víctima de la trama que investiga.

La relación entre Bolsonaro y De Moraes es una de las más corrosivas de la política brasileña reciente. Durante su presidencia entre 2019 y 2022, Bolsonaro se refirió al magistrado del Supremo Tribunal Federal y presidente del Tribunal Supremo Electoral con insultos públicos, llamándolo "canalla" y "vagabundo". El punto de quiebre más grave llegó en septiembre de 2021, cuando Bolsonaro se dirigió a miles de seguidores en una manifestación y declaró que no cumpliría más ninguna decisión de De Moraes, diciendo que "para nosotros ya no existe". Sus seguidores corean ban "¡Fuera, Alexandre!" mientras el entonces presidente hablaba. Ese momento estuvo a punto de desencadenar una crisis institucional severa.

Después de los ataques de enero de 2023, cuando grupos bolsonaristas irrumpieron en el Palacio Presidencial, el Congreso Nacional y la Corte Suprema, De Moraes se convirtió en la figura central de la respuesta judicial. Lideró una investigación que culminó la semana pasada con una operación llamada "Tempus Veritatis" —la hora de la verdad— en la que formalizó acusaciones contra Bolsonaro y varios de sus exministros por participación en los ataques. La Policía Federal se presentó en la residencia de veraneo del expresidente, le confiscó el pasaporte y le prohibió comunicarse con otros investigados. Si se comprueba su influencia en los hechos, Bolsonaro podría ser imputado por abolición del Estado y ataque a las instituciones, delitos que conllevan penas de hasta doce años de cárcel.

En su informe de acusación de 135 páginas, De Moraes reveló un video que mostraba una reunión entre Bolsonaro y sus ministros con lo que describió como "clara disposición de dinámica golpista". Más grave aún, el informe documentó un plan en el que hombres cercanos a Bolsonaro tenían la misión de vigilar ilegalmente al propio De Moraes, con el objetivo de capturarlo y detenerlo cuando se ejecutara el golpe de Estado. Según el documento, la Policía Federal identificó que el grupo investigado "acompañó y vigiló al juez Alexandre de Moraes para cumplir una orden de detención prevista, en caso de consumarse el golpe de Estado, con el objetivo de restringir la actuación del Poder Judicial".

Ahí está el núcleo del argumento de la defensa de Bolsonaro. Sus abogados sostienen que existe un "impedimento manifiesto" para que De Moraes continúe dirigiendo la investigación, porque el magistrado tiene un "claro interés personal" en el caso. No es solo que sea acusador; es que la investigación que él lidera incluye un plan para su propia detención. Según los letrados, esto coloca a De Moraes en la posición de víctima, lo que le impide tomar decisiones imparciales sobre el caso. Es una acusación de sesgo que toca un nervio fundamental en cualquier sistema judicial: la idea de que un juez no puede juzgar un caso en el que es parte interesada.

La defensa también señala que De Moraes ya ha sido criticado por sus métodos, descritos por varios observadores como implacables. Aunque ha sido elogiado por defender la democracia frente a los ataques de enero, sus tácticas han generado cuestionamientos sobre si ha cruzado líneas de imparcialidad. Ahora, con esta solicitud, la Corte Suprema debe decidir si un juez que es víctima de un complot documentado puede seguir siendo el árbitro de la investigación sobre ese complot.

Mientras la Corte delibera, Bolsonaro ha convocado una manifestación para el 25 de febrero en São Paulo, donde dice que se "defenderá de todas las acusaciones". El expresidente, ya inhabilitado políticamente, está usando las redes sociales para movilizar a sus seguidores en lo que describe como una protesta "pacífica". Lo que suceda en los próximos días en la Corte Suprema determinará no solo el futuro legal de Bolsonaro, sino también si Brasil puede resolver sus conflictos políticos más profundos a través de instituciones que el propio país confíe que son justas.